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Junts ha tenido un historial de giros políticos inesperados, desde el cambio de candidato presidencial en 2016 con la llegada de Carles Puigdemont gracias al apoyo de la CUP, hasta la declaración unilateral de independencia en 2017 y su posterior exilio en Waterloo. En 2023, el PSOE necesitó los votos de Junts para investir a Pedro Sánchez a cambio de apoyar la ley de Amnistía, que ahora está a punto de recibir el aval del Tribunal Constitucional, permitiendo el retorno de Puigdemont a Catalunya.
Esperé a escribir hasta que se votasen los decretos de vivienda porque, sinceramente, pensaba que Junts a última hora votaría que sí. Los que hemos vivido el procés de cerca sabemos de los giros de guion a los que nos acostumbraron sus protagonistas. Fueron capaces en el 2016 de cambiar de candidato a la presidencia de la Generalitat de un día para otro. Artur Mas se retiró obligado, y tuvieron que improvisar. Rebuscaron entre sus diputados y eligieron al número tres de la lista por Girona. Se llamaba Carles Puigdemont, era el alcalde de la ciudad, pero un completo desconocido para muchos catalanes. Consiguió ser presidente gracias a la CUP. O sea, Puigdemont llegó al estrellato gracias a uno de los partidos más críticos con las políticas abusivas de vivienda.
Un año después, cuando Puigdemont había decidido convocar elecciones autonómicas antes que proclamar la independencia, oyó gritos en la plaza Sant Jaume que le llamaban traidor. Y cambió de opinión: en vez de elecciones proclamó, durante unos minutos, la independencia. Unos días después apareció en Waterloo, donde sigue, esperemos que por poco tiempo.
No sé qué hubiese pasado si ayer Puigdemont hubiese estado en Catalunya con gritos en la calle de “vergonya” cuando Junts confirmó su no. Desde Waterloo es imposible oírlos.
Puigdemont se convirtió en el enemigo número uno para gran parte de los medios y los partidos políticos españoles, incluido el PSOE. Pero en el 2023 los socialistas necesitaron sus votos para que Pedro Sánchez fuese presidente del gobierno. A cambio, darían su apoyo a algo que hasta entonces habían negado: la ley de Amnistía.
En pocos días esa ley recibirá el aval del Constitucional y Puigdemont podrá volver, por fin, a Catalunya, donde la situación no tiene nada que ver con la del 2017, por suerte. Y justo ahora, el partido de Puigdemont le ha dado la puntilla al Gobierno que más arriesgó para que él volviese a casa sin pasar por la cárcel. La amnistía ha sido el peaje más duro que ha tenido que pagar el PSOE por los siete votos de Junts. No olvidemos que fue esa ley el detonante de la frase que ha marcado la legislatura. El que pueda hacer que haga.
Era muy curioso ayer ver como los que más fuerte han gritado “Puigdemont a prisión” estaban encantados con la decisión del partido del fugado, como le han llamado tantas veces. Medios de comunicación y partidos políticos que demonizaron al exalcalde de Girona ayer aplaudían con las orejas. El que pueda aplaudir que aplauda.
España es un país maravilloso. Tan maravilloso que Puigdemont puede haber facilitado a Sánchez la última oportunidad para anticipar elecciones con la izquierda a la izquierda del PSOE mínimamente movilizada, imprescindible para que Sánchez vuelva a gobernar. Apunten este nombre: Pablo Bustinduy.
En estos tiempos de tanta emocionalidad y poca racionalidad, ¿quién es capaz de descartar un resultado? ¿Quién iba a pensar la semana pasada que el desahucio de Maricarmen, uno entre miles que se han ejecutado durante esta legislatura, iba a provocar este tsunami? Mi apuesta es que iremos a elecciones. Polarizadísimas. Ceuta e inmigración versus vivienda. Y ojo con la periferia, y no me refiero solo a Catalunya y Euskadi.
Las movilizaciones masivas que hoy habrá en toda España serán determinantes para que Sánchez se decida. Y si por casualidad le volviese a salir bola blanca y pudiese formar gobierno, que lo tiene muy muy difícil, lo hará sin los votos de Junts. Porque dudo que Junts vuelva a tener la llave de nada. Junts ha optado por ser desahuciado aunque su líder esté a punto de volver a casa. El que pueda votar que vote.
The Government suffered a defeat in Congress on housing that shows the breakdown of the investiture bloc and increases pressure to bring forward the elections. Pedro Sánchez is evaluating this option in the face of social unrest, the electoral interest of the PSOE and the opportunity to turn the elections into a plebiscite against the right and vulture funds, although he has not yet made a final decision.
The housing decrees were rejected in the Congress of Deputies after the joint opposition of the PP, Vox and Junts, despite the attempts of the Government and its allies to save them. The vote ended with 178 votes against 172 in the first decree and 184 against 166 in the second. The debate was marked by tensions between parties, accusations of betrayal and accusations that Junts was responsible for the failure, while sectors of the PSOE already consider that the blockade could accelerate an electoral advance.
Congress rejected the Government's anti-eviction decrees after the votes against PP, Vox and Junts, while slogans such as 'vulture funds govern Congress' and 'shame' were heard from the galleries. The case of Maricarmen, whose situation has mobilized protests from Ceuta to Puerta del Sol, became a symbol of the housing crisis. Junts justified their vote in defense of Catalan interests, despite the fact that their electorate prioritizes housing. The PSOE sees social unrest as an electoral opportunity, although it warns that the left does not offer voter alternatives. The Government insists that housing is a structural problem linked to salaries, public services and transportation.

A survey by Sigma Dos for EL MUNDO reveals that 65.1% of Spaniards approve of the precautionary suspension of the Grandchildren Law by the Supreme Court, while 30.7% disagree and 7.8% do not know or do not answer. The support is mainly justified by guaranteeing the integrity of the electoral roll and avoiding possible distortions in the results of the next general elections, with 39.2% considering the measure necessary to avoid a 'pucherazo' and 22.3% seeing it as a reasonable precaution while the registration criteria are reviewed.

The Popular Party asks Pedro Sánchez to call elections immediately after the repeal of his two housing decrees, although it doubts that he will do so. PP sources remember previous occasions in which Sánchez avoided elections despite pressure, and warn that they will only believe in a call when they see it. Meanwhile, the PP appears prepared to face elections in November or December, confident of achieving an absolute majority with Vox, and criticizes the Government for using housing as an electoral excuse and for alleged attempts to hide cases of corruption.

After the fall of the Maricarmen decrees in Congress, CCOO and UGT consider calling a national general strike for housing, under pressure from the Tenants' Union, while they analyze its legal fit to prevent it from being considered illegal for political reasons.