La CNMC avala la reforma del servicio universal de telecomunicaciones en España

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió un informe favorable sobre el proyecto de Real Decreto que reforma el servicio universal de telecomunicaciones en España. La decisión respalda la propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para actualizar un marco regulatorio que entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

El nuevo reglamento introduce cambios estructurales en la conectividad del país, elevando la velocidad mínima obligatoria de acceso a internet de banda ancha de los 10 megabits por segundo (Mbps) actuales a un mínimo de 100 Mbps en sentido descendente, como adelantó EL PAÍS /Cinco Días. España se convertirá con esta medida en el primer país de la Unión Europea en integrar dicha capacidad dentro de las prestaciones básicas garantizadas por ley para toda la población.

La reforma incluye un componente social al establecer una bonificación mínima obligatoria del 25% en las tarifas de internet y telefonía fija para ciudadanos con rentas bajas. Este paraguas de protección se extenderá específicamente a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), lo que implicará la aplicación de descuentos a cerca de 800.000 hogares vulnerables en todo el territorio nacional.

No obstante, el regulador advierte de que las tarifas sociales pueden ser poco efectivas si la regulación no tiene en cuenta las formas de contratación más habituales. En este sentido, propone que la contratación conjunta de servicios (por ejemplo, paquetes que incluyan telefonía móvil) no conlleve la pérdida de los descuentos aplicables a los servicios incluidos en el servicio universal.

La CNMC valoró positivamente el incremento de la velocidad mínima de acceso a internet, señalando en su informe que la medida se alinea con los objetivos estratégicos de digitalización y aprovecha el elevado nivel de cobertura de redes de alta capacidad ya existente en España. El organismo supervisor también validó el desarrollo del régimen de asequibilidad a través de las nuevas tarifas sociales.

No obstante, el regulador de la competencia planteó una serie de recomendaciones para reforzar la aplicación práctica de la norma. Entre los puntos críticos señalados destaca la necesidad de clarificar el régimen de prestación del servicio en los supuestos donde no exista un operador específicamente designado, un modelo que busca adaptarse a las directrices de la Unión Europea.

El proyecto de Real Decreto contempla la posibilidad de no designar un operador único si el mercado ya garantiza la provisión del servicio en condiciones adecuadas de competencia. En este escenario, todas las empresas operadoras del sector tendrán la obligación legal de atender las solicitudes de los usuarios y garantizar la disponibilidad de la conexión en las zonas donde dispongan de cobertura.

La CNMC advirtió que este modelo de no designación puede generar incertidumbres técnicas y operativas en aquellas situaciones geográficas donde la prestación del servicio implique costes elevados o requiera inversiones adicionales. Por ello, el organismo propuso valorar mecanismos complementarios, tales como ayudas públicas o instrumentos de apoyo directo a la demanda, para asegurar el acceso efectivo.

Tarifas sociales

En materia de tarifas sociales, el informe de la CNMC consideró positivo definir con precisión a los beneficiarios vinculados al IMV. El organismo propuso reflejar explícitamente en el reglamento su facultad regulatoria para modular el porcentaje de descuento del 25% en el futuro, basándose en los resultados de los informes anuales de asequibilidad que realiza la propia institución.

El supervisor también alertó sobre el riesgo de pérdida de efectividad de las tarifas sociales debido a las dinámicas actuales de contratación del mercado minorista. La CNMC argumentó que la regulación debe adaptarse a las fórmulas comerciales más habituales, garantizando que la contratación conjunta de paquetes combinados que incluyan telefonía móvil no suponga la pérdida de los descuentos del servicio universal.

La reforma del servicio universal supone el fin del monopolio legal de Telefónica en esta materia. Hasta la fecha, la multinacional española operaba como la única entidad encargada de asegurar estas prestaciones básicas en todo el país, una responsabilidad que el Gobierno le prorrogó por decreto hasta el 31 de diciembre de 2026 tras quedar desiertos los últimos concursos públicos.

Las licitaciones previas quedaron sin ofertas debido a que los operadores con red consideran que la prestación del servicio universal en zonas remotas es deficitaria bajo el esquema financiero actual. Con el nuevo reglamento, la responsabilidad se distribuye entre todas las operadoras del mercado, permitiendo a los usuarios elegir libremente compañía sin perder el derecho a la tarifa bonificada.

El nuevo marco jurídico también endurece las obligaciones de inclusión y accesibilidad digital para las personas con diversidad funcional. Las compañías del sector estarán obligadas a mantener un catálogo suficiente de terminales adaptados para usuarios con discapacidad motriz, visual o auditiva, asumiendo los costes de estas adaptaciones sin trasladar recargos al cliente.

Asimismo, el proyecto fija un hito tecnológico obligatorio para junio de 2027: tanto los operadores de telecomunicaciones como las plataformas de los servicios de emergencia 112 deberán tener plenamente operativa la funcionalidad de Texto en Tiempo Real (RTT). Este sistema facilitará la comunicación simultánea y fluida para personas con dificultades de habla o auditivas.

El Ministerio para la Transformación Digital fundamentó la viabilidad técnica del aumento de velocidad en el despliegue de infraestructuras de fibra óptica, las redes móviles de quinta generación (5G) y la optimización de las conexiones satelitales. Estas tecnologías permitirán asegurar servicios esenciales de teletrabajo y administración electrónica en áreas rurales.

El texto del Real Decreto se encuentra actualmente en fase de exposición pública para recibir alegaciones por parte de las empresas operadoras y las asociaciones de consumidores. Tras concluir este periodo y consolidar los informes preceptivos de los órganos consultivos, el documento será elevado al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.

El calendario diseñado por la Administración establece un periodo de carencia hasta el inicio de 2027 para que las compañías adapten sus sistemas técnicos, plataformas de facturación y catálogos comerciales. Paralelamente, el Gobierno coordinará con la Seguridad Social el cruce automatizado de datos para la identificación de los beneficiarios elegibles.

La CNMC confirmó que mantendrá la supervisión continua sobre la evolución de los precios mayoristas y minoristas, así como las condiciones técnicas de prestación. El objetivo expresado por el organismo es evitar que existan barreras comerciales o técnicas que dificulten el acceso de los hogares vulnerables a los estándares de conectividad fijados.