La crisis de la vivienda y el olvido constitucional del suelo público en España

La frase más olvidada de nuestra Constitución está oculta, a modo de cruel paradoja, dentro del artículo más citado de todos, el 47, que consagra el derecho de los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Después de eso, la Carta Magna obliga de manera indiscutible a los poderes públicos a regular «la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». Y esa frase -que leída hoy, así a pelo, da la risa- es clave para solucionar la gran pandemia económica del acceso a la vivienda.

Porque la especulación no se evita taponando las múltiples goteras legales del mercado del alquiler a base de reales decretos, sino, efectivamente, movilizando el suelo «de acuerdo con el interés general». Poniéndolo a disposición de la demanda con un aluvión de viviendas públicas asequibles que presione los precios a la baja. Y que no pueda salir jamás al mercado libre.

Y eso, claro, no va a ocurrir. Aunque sobre el papel haya mimbres para un pacto de Estado, no hay voluntad política para recuperar los consensos que forjaron nuestra arquitectura sistémica. Precisamente, ése es, tras la vivienda, el segundo gran problema de España: la compartimentación estanca de los dos bloques políticos. Traspasar la frontera del «muro» ahora es cosa de traidores. O, peor, de pusilánimes.

Por eso, antes de aprobar los dos decretos, fuentes gubernamentales reconocieron a EL MUNDO que han hecho estudios, estimaciones, informes... y no ven posible darle a la vivienda pública el impulso que merece. Ni siquiera, el que prometió Pedro Sánchez. La falta de pisos sociales «es un problema imposible de resolver en el corto y medio plazo», aseguran en privado. «Lo hemos mirado todo y analizado todo. No hay mano de obra para construir, no es fácil y no se consigue tan fácilmente poner en marcha el parque que hace falta», apuntan. «A largo plazo hace falta un pacto de Estado y ahora mismo es imposible».

¿Y en el PP? «Nada que pactar con este PSOE sanchista». No habrá acuerdo de Estado: ni Sánchez se lo va a ofrecer ni Feijóo lo va a aceptar. Menos aún cuando Abascal ya lo presiona con la brillante idea de deportar inmigrantes para que así los españoles tengan acceso a pisos más baratos. Por descarte matemático.

Ahora no queda otra que repartir cartas de nuevo en las elecciones generales y ver por dónde salen los electores. Los consensos son cosa del pasado y no se atisban en el (muy) largo plazo. Mientras tanto, Moncloa celebra haber salvado en buena medida la coyuntura de indignación de su electorado con los dos decretos que responden al desahucio de Maricarmen, y el PSOE se aferra al «milagro» de poner de acuerdo a la vez a Junts y Podemos, opuestos pero aritméticamente inseparables.

La crisis de la vivienda no se va a solucionar con un decreto ni con dos, aunque sean necesarios para una protección social transitoria, para aplacar los ánimos o para desacampar la Puerta del Sol (cosa que no parece tan fácil). Son medidas paliativas que responden a una demanda social, pero no son suficientes. Ni de lejos. Porque el gran problema no es de demanda, sino de falta de oferta, fundamentalmente pública. Sólo un parque gigantesco de pisos sociales en alquiler, por renta, daría una salida justa a la ruina inmobiliaria de los españoles.

Hace 20 años, en pleno pico de la burbuja, esto del parque público sólo lo proponía IU. Los llamaban bolcheviques, dirigistas, estatistas. O locos. Julio Anguita siempre replicaba que lo verdaderamente revolucionario era cumplir la Constitución. Lo del suelo y el «interés general» y esas cosas. Dos décadas después, incluso el PP está de acuerdo en disparar la edificación de casas asequibles. Y una mayoría absolutísima del Congreso aboga por una nueva ley de suelo que agilice los procesos urbanísticos e incremente la oferta asequible, por multiplicar la plantilla de técnicos dedicados a agilizar la construcción y por levantar un parque público de verdad. A largo plazo, claro, pero sin posponerlo ni un día más.

Y sin embargo, toda esta pirotecnia discursiva sobre el ladrillo no va a cristalizar en un gran acuerdo.

Los datos duelen. En España se crean más de 200.000 familias nuevas todos los años y sólo se construyen 95.000 viviendas anuales, de manera que el déficit de pisos no para de crecer. De hecho, el Banco de España ya habla de un desajuste de más de 700.000 viviendas. Hay que construir el triple que ahora, y hacerlo con tipologías asequibles y públicas. Sólo así se presionará el precio a la baja. Sólo así se aliviará la crisis. Sin partidismos excluyentes y con sentido de Estado, otra de esas expresiones convertidas ya en pura mitología. Y que dan la risa.