La grave situación que padece Ceuta tras el asalto masivo a la frontera de los días 30 y 31 de julio exacerba el debate y el enfrentamiento político en el Congreso y en el Senado. Los respectivos plenos de las Cámaras ponen el foco en la crisis, en la gestión del Gobierno, criticada por la mayoría de las formaciones políticas que ven a Pedro Sánchez "chantajeado" por Rabat, y en la actitud entorpecedora y electoralista, según el Ejecutivo, de la oposición.
Los populares proponen devolver ya a todos los inmigrantes ilegales a Marruecos y reforzar la presencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El PSOE replica acusando al PP de "pretender alargar la crisis en Ceuta para sacar rédito electoral" y "sembrar odio y enfrentamiento". En paralelo, en el Congreso se calienta el debate y voto del decreto que incluye medidas para tratar de solucionar la situación que vive Ceuta y recuperar su economía.
El PP carga contra el Gobierno y su gestión que ahora afecta gravemente a mujeres y menores que padecen violencia sexual y el PSOE responde reclamando a las autoridades de Ceuta cumplir su obligación de proteger a los menores y a las CCAA populares, de acogerlos. El PP recuerda que "Ceuta pidió ayuda una y otra vez y no se le hizo caso" y también cómo "Sánchez habló de ataque a la integridad territorial y después se fue de vacaciones".
Los populares también apuntan que Rabat ha asegurado querer la devolución de todos sus nacionales y en ese sentido se preguntan a qué está esperando el Gobierno y urgen al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a cumplir con su palabra de que todos serán retornados. Albares ha asegurado mantener todo lo que dijo pero, desde el PP se le replica: "Si no retornaron los muertos ¿cómo lo van a hacer los vivos?". Además, arremeten contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, por no defender al CNI, al que el Gobierno desacredita asegurando que no transmitió las alertas acerca de la avalancha. Robles, ahora alineada plenamente con los argumentos de La Moncloa, acusa a los populares de pretender sólo atacar al Gobierno.
Marlaska, por su parte, ha insistido en el Senado en que nadie previó la avalancha y que "no había ningún contexto y ninguna alerta" que hiciera suponer algo así. El ministro del Interior acusa a los populares de "provocar y alentar la sensación de inseguridad" entre los ceutíes. Desde el PP se le recuerda que los informes desclasificados dicen lo contrario y le reprochan su "falta de dignidad" por no dimitir. Marlaska ha afirmado en la Cámara Alta que está dispuesto a seguir en el Gobierno "para hacer frente" al PP. La bancada popular a coro le ha respondido con un insistente "dimisión, dimisión".
Vox ha reclama la expulsión directa de todos los inmigrantes, que se considere la "invasión" un caso de "guerra híbrida" y que se dote a las Fuerzas Armadas y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de "reglas claras de enfrentamiento" para garantizar que esto no vuelva a suceder. Este grupo mantiene que el Gobierno "traidor" está "sometido a Marruecos" y vaticina que, al ritmo en el que se tramitan los expedientes, "se tardará años" en solucionar el problema. El partido de Abascal, además, acusa al PP de "tibieza".
El PSOE por su parte reclama "solidaridad", "responsabilidad", "coordinación" y una "respuesta conjunta del Gobierno de España, de Ceuta y de las CCAA". En su opinión, el PP, como ha señalado la senadora Carmela Silva, tiene "un deleznable objetivo político" que es "alimentar la confrontación y generar un clima de agitación, desestabilizando la convivencia y provocando odio a los migrantes".
UPN reprocha al Gobierno "dar tumbos" y al presidente, que no se le haya escuchado "ni una sola palabra sobre la situación que viven las mujeres y las niñas, tanto ceutíes como inmigrantes". María Mar Caballero lamenta que el Ejecutivo "intente echar la culpa de todo lo sucedido a los demás".
El PNV recuerda que la violencia sexual la están sufriendo también las niñas y mujeres migrantes. Los nacionalistas vascos insisten en que todas, las ceutíes y las inmigrantes, tienen derecho a protección. Ellos abogan por dotar a Ceuta de los recursos que necesite para hacer frente a esta situación.
Junts califica de "muy grave" la situación en la ciudad autónoma pero insiste en que los delitos "son individuales" y no se puede criminalizar a todos los inmigrantes. Junts vuelve así a pedir la cesión de las competencias migratorias para Cataluña.
ERC reconoce que un Gobierno que se reclama feminista "no puede mirar hacia otro lado" con lo que está sucediendo en Ceuta pero también acusa al PP de "instrumentalizar" las agresiones a las mujeres.
