La Fiscalía plantea que los crímenes de mafias no sean juzgados por un jurado popular

Asesinatos como el ocurrido en junio en la calle Balmes, donde un hombre recibió un disparo en la cabeza a las diez de la mañana frente a una comisaría de la Policía Nacional, o el de otro individuo que, en mayo, fue acribillado mientras tomaba algo con su familia en una terraza del Poblenou, han obligado a la Fiscalía a mover ficha.

El Ministerio Público plantea que, en aquellos crímenes cometidos por organizaciones criminales, el jurado popular sea eximido de juzgar estos casos y la tarea sea asumida por un tribunal profesional. La propuesta pretende evitar que se ponga en peligro a los ciudadanos anónimos que son escogidos para conformar un jurado popular y blindarlos ante eventuales sobornos o amenazas de estas poderosas mafias. La alternativa es mantener al jurado en estas causas pero mejorar la protección de los integrantes del tribunal popular que aseguren totalmente su seguridad.

Esta es una posición defendida por el servicio del jurado de la Fiscalía de Barcelona que plantea abrir el debate sobre la idoneidad de esta medida en un momento en que Barcelona y su área metropolitana han sido escenario de numerosos ajustes de cuentas entre grupos mafiosos y antes de que todos estos casos lleguen a juicio. Esta propuesta fue debatida y avalada internamente durante una reunión de coordinación de fiscales especialistas del jurado que se celebró en Madrid el 22 y 23 de septiembre del año pasado.

El fiscal Félix Martín, miembro destacado durante años del Servicio Especial del Jurado de la Fiscalía de Barcelona, pone ahora esta cuestión encima de la mesa de manera pública en un artículo en La Vanguardia , que pueden leer en la página siguiente, bajo el título: ‘No exijamos que los jurados sean héroes”. Precisamente, el fiscal, autor del artículo, fue el ponente en dichas jornadas de una sesión titulada “Delitos contra la vida en el contexto de organización/grupo criminal” que abordaba este asunto. Los fiscales especializados se mostraron a favor de mejorar la protección de los miembros del jurado o de excluir su participación en casos de crímenes mafiosos para adaptarse a una realidad que vive un repunte de este tipo de delitos cometidos por el crimen organizado.

El debate está abierto y será la fiscal jefe de Barcelona la que decida si incorpora esta propuesta en su memoria de 2026, en la que se hace balance de la actividad del Ministerio Público y se aportan modificaciones legislativas de mejora. En el informe de 2025 se planteó, por ejemplo, que se aumentaran las penas por pinchar la luz en las plantaciones de marihuana, medida que fue aprobada en la última reforma del Código Penal para castigar la multirreincidencia.

El jurado popular, que está formado por nueve ciudadanos anónimos escogidos al azar –en un proceso similar al de la designación de las mesas electorales–, es la institución que se encarga desde hace 30 años de enjuiciar todos los delitos de homicidio y asesinato, también los cometidos por organizaciones criminales.

La reforma del Código Penal de 2015 incorporó un agravante que establece que, cuando un homicidio haya sido cometido por alguien que pertenezca a una organización criminal, la pena será de prisión permanente revisable.

Sin embargo, la práctica demuestra que no siempre es así. En algunas ocasiones, a pesar de que un homicidio haya sido cometido por un grupo mafioso, los fiscales y las acusaciones particulares no pueden reclamar el agravante porque no siempre se puede demostrar la pertenencia del acusado a un determinado grupo.

En octubre del año pasado, por ejemplo, fueron condenados a 20 años de cárcel dos hombres por el asesinato de Valentín Moreno, un antiguo protagonista de la crónica negra de Catalunya que se movía en los bajos fondos. Los condenados fueron un sicario y el facilitador del crimen. A pesar de que estaba claro que se trataba de un asesinato por encargo, no pudo probarse a qué organización pertenecían los acusados ni quién lo había ordenado y, como consecuencia, la Fiscalía no pudo solicitar la prisión permanente revisable.

Otro de los argumentos para plantear la reforma es la peligrosidad de los actuales grupos. Los últimos crímenes cometidos en Barcelona han sido obra de bandas enfrentadas de Montenegro y de Serbia que mantienen una guerra abierta por toda Europa y que no dudan en disparar en una zona concurrida de la ciudad a la hora que sea con el propósito de abatir a su objetivo.