La Generalitat de Cataluña pide al Tribunal de Cuentas que archive la causa contra los líderes independentistas y renuncie a recuperar cinco millones malversados

Un escrito de la Generalitat de Cataluña que preside Salvador Illa salva definitivamente a los líderes independentistas del procés de devolver cinco millones malversados y aboca al Tribunal de Cuentas a amnistiarlos de su malversación.

El escrito, al que ha tenido acceso EL MUNDO, ha sido enviado por la Abogacía General de la Generalitat de Cataluña para que el Tribunal de Cuentas archive por fin la causa abierta contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y una treintena de independentistas por haber malversado hasta cinco millones en el procés, incluido el referéndum ilegal de 2017.

La consejera del Tribunal de Cuentas que instruye el caso, Elena Hernáez, abrió a finales de julio una última vía para evitar la amnistía tras el respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la ley gubernamental. La vía consistió en dar un plazo a las partes para que aclarasen si el dinero malversado afectó a fondos europeos, que es la única forma para no aplicar la amnistía. Sociedad Civil Catalana ha presentado un escrito -al que ha tenido también acceso este diario- asegurando que no se puede amnistiar a los independentistas sin verificar si alguna o todas las partidas malversadas por valor de 4,97 millones contó con recursos europeos e incide en que la intrincada contabilidad de la Generalitat catalana, especialmente en los gastos incurridos en la promoción exterior del procés, impiden archivar por ahora el caso sin abrir nuevas diligencias.

Sin embargo, la Generalitat de Cataluña ha enviado un escrito en sentido contrario que es clave para el cierre del caso, puesto que es la única Administración perjudicada oficialmente por la malversación independentista y el Govern de Illa renuncia definitivamente a recuperar el dinero. «Precisamente por su condición de sector público presuntamente perjudicada, la Generalitat de Catalunya manifiesta expresamente su conformidad con la aplicación de la Ley Orgánica 1/2024, de 1 de junio [la de Amnistía], al presente procedimiento y con la consiguiente extinción de responsabilidad contable que pudiera derivarse de los hechos objeto del mismo».

El abogado de Sociedad Civil Catalana, Juan Chapapría, ha pedido al Tribunal de Cuentas, por el contrario, que la Generalitat catalana aporte «la documentación contable y presupuestaria indicada respecto de cada una de las partidas y permita determinar su fuente de financiación». Motiva esta petición de actuación porque, «a juicio de esta parte, estas limitaciones impiden extraer, de la mera ausencia en un asiento, extracto bancario o documento concreto de una referencia expresa a fondos europeos, la conclusión de que la financiación fuera exclusivamente autonómica».

El Gobierno no se atrevió en su día a aplicar la amnistía también a malversación de fondos europeos y la limita al erario español para evitar problemas con Bruselas, pero la asociación civil que se ha personado como acusación en el Tribunal de Cuentas -la Fiscalía ya ha desistido y antes aún la Abogacía del Estado- aún ve margen para acreditar vinculación del dinero público autonómico o nacional con el europeo que recibe recurrentemente el Estado y la propia Generalitat.

Sin embargo, técnicos del Tribunal de Cuentas consultados ven muy difícil mantener vivo el caso, pese a que el organismo fiscalizador fue el que primero planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE en busca de ayuda. La sentencia de éste respaldando la amnistía si no afecta a dinero europeo y la renuncia de Illa a ayudar en esa línea cierran la última ventana posible.

El abogado general de la Generalitat de Cataluña solicita expresamente al Tribunal de Cuentas -ver documento adjunto- que «se declare extinguida la responsabilidad contable que pudiera derivarse de los hechos objeto de enjuiciamiento».

También que «se absuelva de responsabilidad contable a todas las personas demandadas» y que, por tanto, no tengan que devolver el dinero. Y finalmente, que «se ordene el alzamiento inmediato de todas las medidas cautelares adoptadas». Esto interesa particularmente a la Generalitat, porque, como recuerda en su escrito, el predecesor de Salvador Illa, Pere Aragonès, ordenó avalar con más de nueve millones de euros a los propios dirigentes independentistas acusados de malversar dinero de la Generalitat, para que no hubiera que embargar preventivamente bienes a Carles Puigdemont o a Oriol Junqueras.

Recuerda que «la presunta responsabilidad contable se tuvo por garantizada cautelarmente mediante providencias de 26 de febrero de 2020, por importe de 4.146.274,97 euros (en relación con los gastos del referéndum de 1 de octubre de 2017), y de 4 de mayo de 2022, por importe de 5.422.411,10 euros (en relación con los gastos de la denominada acción exterior durante los ejercicios 2011 a 2017, en este último caso mediante avales otorgados por el Institut Català de Finances)".

También la defensa de los independentistas reclama al Tribunal de Cuentas que cierre definitivamente la causa.