Una jueza que, en una guardia aparentemente intrascendente, se encontró con un «ataque a la integridad» de España, como lo definió el presidente Sánchez -puede que el mayor desde la Marcha Verde, en 1975-, entre sus quehaceres de un jueves por la tarde, y que se vio obligada a consultar a qué cuerpo policial pedir la información para tratar de blindarla de interferencias políticas.
Un grupo de policías, los comisionados por esa jueza, que «se encerraron» durante «casi un mes» para evitar miradas ajenas incluso dentro de su unidad. Un cuerpo, la Comisaría General de Extranjería, que llevaba «al menos seis años avisando de que Marruecos ha usado, usa y usará la frontera como un arma».
Y un Ministerio en completo fuera de juego, con un ministro que escribe una carta de madrugada a su director general de Policía para pedirle explicaciones y que, horas después, se agarra a un clavo ardiendo y niega la mayor: que el informe enviado por el CENIF (Centro Nacional de Inmigración y Fronteras) a la jueza María Tardón señala inequívocamente a Marruecos en el asalto de 80.000 personas por la frontera de El Tarajal los pasados 30 y 31 de julio. Esta es la intrahistoria del últimos asunto que ha cambiado el paso de Fernando Grande-Marlaska al frente de Interior, y con él el de Sánchez.
La juez María Tardón no sólo instruyó muy directamente a los agentes del CENIF para que sólo le reportaran a ella lo que investigaran y descubrieran: según ha podido saber este diario, consultó muy estrechamente con responsables policiales de su confianza a qué unidad concreta de la Policía Nacional debía comisionar como policía judicial.
Tardón, con muchos kilómetros de toga a sus 68 años, hizo lo posible para evitar la interferencia política y/o jerárquica en las conclusiones de los agentes: primero en su selección, y más tarde aleccionándoles muy directamente, como ha admitido Interior.
Les dijo que sólo debían reportarle a ella, como policía judicial que eran. Lo hizo, además, con la ley en la mano: el artículo 15 del real decreto 769/1987 deja claro que los agentes comisionados por un juez para una investigación pasan a depender directamente de él en ese asunto.
Además, en el trace Tardón no obviaba otra cuestión que a nadie se le puede escapar: si bien la responsabilidad principal del asalto a la frontera se establecerá previsiblemente en territorio marroquí y su autoría intelectual también -el CENIF apunta muy claramente al Estado marroquí-, la inacción del Gobierno español ante las ya muy publicitadas distintas alertas que recibió, tanto de sus fuerzas del orden -la ministra de Defensa fue clara en este sentido y el propio CENIF avisó- como de los responsables políticos de Ceuta -Vivas se dedicó a llamar a todas partes en los días anteriores, denunciando que algo estaba pasando-, podría desenvolver en responsabilidades en caso de demostrarse negligencia, con la sombra de un ataque a la soberanía nacional de fondo, nada menos. Es decir: Tardón debía encargar actuar a cuerpos cuyos superiores podrían estar en un futuro en la picota, lo que obligaba a hilar muy fino.
Los agentes cumplieron con su obligación, según ha pulsado EL MUNDO de fuentes de la Comisaría General de Extranjería: se «encerraron durante semanas», cuentan allí, y hermetizaron sus pesquisas.
Tardón también comisionó a la Guardia Civil para investigar, e igualmente se manejó con extrema prudencia. El cuerpo elegido fue Información, por encima de Policía Judicial, donde se encuadra la ubicua Unidad Central Operativa (UCO), acusada por el PSOE sin desmayo de actuar con objetivos políticos.
Aquí sin embargo la decisión siguió el parámetro lógico: en la Benemérita, Policía Judicial se encarga de los temas de trata de personas, e Información más directamente de los asuntos migratorios propiamente dichos. Ese informe todavía está en producción, y podría suponer otro varapalo para el Gobierno, que pese a hablar de «ataque a la integridad» en el minuto uno, se ha pasado luego un mes negando que Marruecos hubiera organizado la acción, y tratando de dirigir el debate hacia «Rusia», «Israel» o «mafias» indefinidas y poco creíbles en volúmenes como estos.
El informe policial era entregado el lunes por la tarde en la Audiencia Nacional, con el sigilo y el deber de reserva solicitado por la jueza, que en efecto fue entre 1999 y 2003 concejal del Ayuntamiento de Madrid de José María Álvarez del Manzano con el PP, pero que judicialmente las ha visto de todos los colores y eso tras intervenir, de forma muy profesional, en causas como Lezo (contra el PP) y Tsunami Democràtic (contra el independentismo catalán).
La cascada de acontecimientos se descontrolaba: el informe se hacía público, Marlaska pedía explicaciones a su director general, y se daba después por satisfecho agarrándose a que, según él, «el documento no responsabiliza a las Fuerza de Seguridad de Marruecos», cuando apunta directamente a ellas. En Extranjería, pasmo: «Todas las semanas hay una reunión por videoconferencia con Interior, Ceuta, Melilla, Guardia Civil, Policía... Y se avisó de que lo que pasaba no era normal. Lo sabían».
