La sanidad ya no es lo que era. O sí, según quién lo analice. Para Pedro Sánchez, la salud de nuestra sanidad pública «es el termómetro de la salud democrática de un país». Así de tajante y orgulloso se mostró en el mes de abril durante el acto institucional de conmemoración de los 40 años de vigencia de la Ley General de Sanidad, donde recordó que, desde la llegada de su Ejecutivo, se ha incrementado el gasto en sanidad un 30% y se han transferido a las CCAA «300.000 millones de euros más de lo que hizo la Administración previa», incidió el presidente del Gobierno.
Sin embargo, España tiene un problema de desconfianza en la «joya de la corona». Y así lo expresan sus ciudadanos a través de los últimos datos del Barómetro Sanitario del CIS que detectan el malestar de la población, ya que la satisfacción con el Sistema Nacional de Salud está en mínimos: 6,19 sobre 10, medio punto menos que en 2018 cuando llegó el PSOE al Gobierno. A eso se suma que la última Encuesta de Salud de España 2025 (ESdE 2025) revela que la percepción positiva de la salud de los españoles desciende al nivel más bajo de la serie. Solo el 68,3% considera que su estado es bueno, el porcentaje más bajo desde 1987.
En Sanidad, «se ve solo la punta del iceberg de lo que funciona mal: las listas de espera, pero hay más debajo», señaló Nuria Mas, economista especializada en el sector sanitario durante su intervención en el evento ConCiencia celebrado esta semana.
Hay desafíos clave que si no se abordan pueden romper las tirantes costuras de una sanidad que vive de los mimbres diseñados para una sociedad de hace 40 años. «El tamaño, la geografía y el envejecimiento poblacional impactan la productividad y la sostenibilidad del Estado de bienestar en Europa y España», apuntaba Mas, también miembro del Consejo de Dirección de IESE Business School.
Un sistema que debe girar a la cronicidad
España, con una sanidad transferida a sus comunidades, se enfrenta a proporcionar una atención sanitaria a más de 49 millones de personas, con un 20% de la población con más de 65 años y con la proyección de que en dos décadas este grupo etario será prácticamente un tercio. Además, las enfermedades crónicas afectan a más de la mitad de la población de más de 15 años; aproximadamente el 66,2%, según los últimos datos de ESdE 2025 del INE.
Esto se traduce en una factura que copa el 80% de las consultas en Atención Primaria y un mayor gasto en medicinas. Los últimos datos publicados por Sanidad (2024) apuntan a que el gasto farmacéutico con cargo al SNS a través de recetas médicas supuso 13.865 millones de euros, 650 millones más que en el año 2023. Crecía así la factura farmacéutica de 2024 respecto al año anterior un 4,9%.
Vinculado a los fármacos, está el problema del acceso a ellos. En los últimos dos años se ha observado una mejora, pero aún queda trabajo por delante. El Informe WAIT, que realiza la patronal europea de la industria farmacéutica (Efpia), revela que, aunque el tiempo de espera bajó a 537 días (frente a 616 el año anterior), nuestro país triplica el límite legal europeo y financia los nuevos medicamentos con un alto nivel de restricciones.
De los presupuestos macro a los autonómicos
Desde la Fundación Gaspar Casal (FGC), un grupo de economistas de la salud ha elaborado el Informe de Evaluación del Sistema Nacional de Salud (SNS), presentado el pasado mes de junio, que ofrece datos cuantitativos y cualitativos sólidos que apuntan a la paradoja actual: un gasto récord frente a la caída en la ejecución real.
Aunque a nivel macroeconómico se hable de techos históricos de inversión, el dinero no llega con la misma agilidad a los servicios y a la cabecera del paciente. El gasto sanitario total en España supera los 130.000 millones de euros, donde el sector público representa más del 74% de la facturación total, según la FGC. Este mismo documento recoge que el gasto público en salud en España se sitúa en el 6,8% del PIB (datos de 2022), un porcentaje claramente inferior al de los países de nuestro entorno: Alemania destina un 10,58%, Francia un 9,74% y el Reino Unido un 9,05%.
Un sistema centrado en los hospitales
También hay que destacar que nuestro modelo sanitario sufre un fuerte sesgo «hospitalocéntrico» que ahoga al primer nivel asistencial. Y esto lleva a un reparto desigual del gasto: del total del gasto sanitario público consolidado, los servicios hospitalarios absorben sistemáticamente entre el 62% y el 63% de los recursos. Por el contrario, la atención primaria permanece casi congelada e infradotada, recibiendo de forma crónica apenas entre un 13% y un 14% del presupuesto global. Y a pesar de los planes de inversión en el primer nivel asistencial con un desembolso de 172 millones, los presupuestos de las CCAA aún quedan lejos de llegar al 25% que piden los profesionales de primaria.
En el ámbito hospitalario hay contrastes en la valoración: el ingreso recibe un 7,02 y el 061/112 un 7,26 son los servicios mejor valorados, pero lo peor está en las consultas: 5,74 sobre 10. Aquí tienen mucho que ver las listas de espera: 4.072.139 personas aguardaban en diciembre cita con el especialista, una media de más de 102 días. Sobre esta cuestión, un 45,1% de la población piensa que todo sigue igual y un 38,2%, que ha empeorado. Los tiempos medios para pruebas diagnósticas van desde los 60,49 días para un TAC, los 64,71 días en el caso de las ecografías y los 72,94 para una resonancia. A mayor distancia se encuentran las colonoscopias con 125,31 días de media.
La obsolescencia tecnológica
Un tercio del parque tecnológico hospitalario nacional todavía supera los 10 años de antigüedad, una cifra que triplica lo recomendado por los estándares internacionales, que establecen un límite máximo del 10% para equipos de esa edad. Pablo Crespo, secretario general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) defendía hace poco en este medio el desarrollo de «una estrategia de inversión planificada y sostenida a medio y largo plazo que permita incorporar y renovar de forma continua el conjunto de tecnologías sanitarias», para no tener que «vivir de los planes de choque».
Pese a ello, Crespo no resta mérito a los 796,1 millones de euros que los fondos europeos, bajo el epígrafe del Plan de Inversión en Equipos de Alta Tecnología (INVEAT), destinaron para renovar hasta 868 equipos de alta tecnología. Se instalaron aceleradores lineales, resonancias magnéticas, equipos de braquiterapia digital, TAC de planificación y convencionales, angiografías vasculares y de neurorradiología, gammacámaras SPECT-TAC, PET-TAC y salas de hemodinámica que vinieron a sustituir a aquellos con más de una década de antigüedad y que permitieron reducir la obsolescencia del parque tecnológico nacional en unos 10 puntos porcentuales, entre 2021 y 2022.
Antes de la llegada de los fondos europeos, en 2015 la Fundación Amancio Ortega donó el equivalente al 38% de las partidas del Plan INVEAT (Inversión en Equipos de Alta Tecnología): 300 millones de euros que permitieron la instalación de más de 450 equipos de última generación con las máximas prestaciones disponibles en el mercado. Centrados en dar servicio al área de Oncología, los había para diagnóstico (fundamentalmente, mamógrafos, ecógrafos, TAC y resonancias magnéticas) y tratamiento (mayoritariamente aceleradores lineales para aplicar radioterapia).
Los planes de actualización del SNS vuelven a la casilla de salida
Para corregir muchos de estos problemas que deterioran diferentes aspectos de la prestación sanitaria se han quedado sin tramitar con la disolución de las Cortes: el Estatuto Marco (actualiza las condiciones laborales diseñadas en 2003), la Ley del Medicamento (cuya última actualización fue en 2015), la Ley de Salud Digital, la Ley de Equidad y Cohesión y la Ley Antitabaco (que lleva sin reformularse y adaptarse a los nuevos dispositivos desde 2010). También se quedó en el cajón la nueva contabilidad de las listas de espera, ya que las CCAA rechazaron el proyecto del ministerio de Mónica García.
