La rabia vuelve este sábado a las calles de Francia. Estudiantes, funcionarios, transportistas y el espectro de los chalecos amarillos se han citado en unos 500 puntos del país. La movilización social, convocada originalmente contra el encarecimiento del coste de la vida y la pérdida de poder adquisitivo, pero a la que se han sumado los estudiantes, mantiene en vilo al Gobierno. El presidente de la República, Emmanuel Macron, llamó a la calma el viernes por la noche y el ministro del Interior, Laurent Nuñez, advirtió de la posibilidad de incidentes en París y en otras grandes ciudades.
El Ejecutivo espera alrededor de 500 acciones y más de 90 manifestaciones. Este sábado, grandes urbes como Lyon (la tercera más poblada del país) amanecieron con algunas calles cortadas por barricadas formadas por bicicletas de alquiler, contenedores y neumáticos. En París, la policía ya había detenido a media mañana a decenas de personas y en ciudades como Marsella (la segunda en población) comenzaron temprano las cargas policiales contra los primeros manifestantes, que incendiaron contenedores y papeleras.
La protesta confirma el regreso de los chalecos amarillos a Francia, cuya indumentaria empezó a dar color a las primeras aglomeraciones en la plaza de la República de París. Allí comienza la gran manifestación en la capital.
“Hemos vuelto. Han pasado ocho años, pero todo sigue siendo una mierda. La gasolina es más cara, somos más pobres. Se ríen de nosotros, Macron se ha reído de nosotros”, protesta Philippe Doué, 54 años, parado. El hombre, que ya participó en las primeras protestas de los chalecos amarillos, ha venido a París desde Nanterre con un grupo de amigos. “Los sábados salimos en bici o nos juntamos en el bar. Hoy toca luchar por nuestros derechos y por los de los jóvenes”, insiste al pie de la estatua de la Marianne, símbolo de la Revolución Francesa, custodiada por decenas de antidisturbios y un camión con cañones de agua preparado para dispersar los previsibles altercados de la tarde.
Todo empezó con un clip en TikTok, un malestar generalizado por el encarecimiento de los combustibles y una fecha: 17 de octubre. La convocatoria nació en redes sociales hace un mes y se convirtió en el nuevo objeto político-mediático de septiembre. La petición ―que incluía una especie de póster diseñado con inteligencia artificial― reclamaba una movilización nacional de “chalecos amarillos” con ocupación de rotondas y plazas en todo el país mientras sonaba de fondo una canción con el estribillo: “Macron, dimisión”.
Nadie lo tomó demasiado en serio. Pero las protestas de los estudiantes han incendiado el país en los últimos días y el malestar generalizado ha encontrado una vía de canalización este sábado a través de la protesta.
El movimiento de los chalecos amarillos surgió en Francia en 2018 como una convocatoria en redes contra el alza de los precios de los combustibles impulsada por el Gobierno de Macron, y se definió a sí mismo como ciudadano, transversal, sin portavoces ni líderes oficiales y sin adscripción a ningún partido. El 17 de noviembre de 2018, su jornada fundacional, reunió a 282.000 personas que se manifestaron en todo el país. Ahora, ocho años después, la sombra de su regreso señala también un día 17, un mes antes en el calendario, justo al final del mandato del presidente a quien recibieron entonces.
La convocatoria también ha reunido ahora a organizaciones juveniles, colectivos ecologistas, agricultores y sindicatos. Entre ellos figuran la Confederación Campesina, la intersindical de los vehículos de transporte con conductor (VTC) y el sindicato Solidaires. La Confederación General del Trabajo (CGT) ha anunciado que participará allí donde se den las condiciones necesarias, mientras que los chalecos amarillos han anunciado un millar de acciones.
La confluencia de luchas y de organizaciones implicadas refleja la amplitud de las reivindicaciones sociales, que van más allá de una única cuestión y reúnen distintas expresiones de descontento frente a la situación económica y las dificultades cotidianas de numerosos ciudadanos. Todo ocurre cuando el Parlamento debe debatir unas nuevas cuentas públicas que incluyen recortes de hasta 54.000 millones de euros para controlar una deuda disparada cuyo pago supone ya una carga mayor que la partida de Educación Nacional.
El paisaje de fondo no favorece que pueda haber una respuesta del Ejecutivo para calmar las aguas. El Banco de Francia rebajó hace apenas unos días su previsión de crecimiento para 2026 hasta una horquilla de entre el 0,4% y el 0,5%, muy por debajo del 1% que manejaba a finales de 2025, y elevó su pronóstico de inflación hasta el 2,5% para este año, casi un punto porcentual más de lo calculado meses atrás. La propia entidad admite que esa atonía económica, combinada con el encarecimiento de la deuda, empujará el déficit público al 5,2% del PIB en 2026, una décima más que en 2025. La inflación interanual ya se situó en agosto en el 2,4%, acelerando desde el 2,1% de julio, con una energía que se ha encarecido casi un 17% en el último año.
La secretaria general de la CGT, Sophie Binet, considera que la jornada de movilización pone de manifiesto la gravedad de la situación económica que atraviesan numerosos trabajadores. Binet afirmó en la cadena de radio France Inter que productos cotidianos como los tomates y los calabacines, así como el combustible, se han convertido en gastos cada vez más difíciles de asumir para una parte de la población.
Desacuerdo sobre el recorrido en París
La marcha en la capital preocupa especialmente a las autoridades. Los organizadores y la Prefectura de Policía terminaron acordando el viernes por la noche que parta de la plaza de la República y que concluya en la puerta de Clichy. El principal punto de conflicto es el destino final de la marcha.
Desde el inicio del movimiento, unos 210 estudiantes de secundaria han resultado heridos hasta este sábado, junto con 150 miembros del personal educativo y 900 integrantes de las fuerzas del orden. Este balance humano va acompañado de 8.000 detenciones policiales, de las cuales el 85% corresponden a menores de edad, y de una treintena de investigaciones encomendadas a la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), el organismo encargado de investigar posibles irregularidades policiales. En cuanto a los daños materiales, estos ascienden a “un mínimo de 30 millones de euros”, según indicó el Gobierno el viernes de la semana pasada.
El ministro del Interior confirmó también que la policía podrá recurrir a granadas aturdidoras y a otros medios en caso de enfrentamientos graves. Ese anuncio llega después de que el miércoles de la semana pasada el ministro ordenara suspender temporalmente el uso de un tipo de estas granadas tras un incidente ocurrido en Lens (norte), donde un manifestante de 15 años sufrió la amputación de una mano durante las protestas relacionadas con el bloqueo de institutos. Nuñez precisó entonces que la suspensión se limitaba al movimiento estudiantil y que se mantendría mientras se investigaban las circunstancias de lo ocurrido.
