Las grandes energéticas españolas encaminan un beneficio récord de 20.000 millones en 2026 pese a las voces que piden impuestos extraordinarios

Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Moeve (antigua Cepsa) obtuvieron en 2023 un beneficio neto global de 10.466 millones de euros. El Gobierno instauró entonces un gravamen extraordinario a estas compañías alegando que se estaban beneficiando de los altos precios derivados de la crisis energética que desató la invasión de Rusia sobre Ucrania. En la primera mitad de 2026, estas cinco compañías obtuvieron un beneficio neto de 9.863 millones de euros. Casi lo mismo que hace tres años pero en la mitad de tiempo.

Y los expertos y analistas auguran que la segunda mitad del año puede ser aún mejor a la vista de los precios récord de electricidad, gas y carburantes que se han registrado durante el verano. No se espera, además, que la situación mejore en lo que resta de año. La incertidumbre sobre la guerra que desataron Estados Unidos e Israel a finales de febrero sigue muy viva.

Las propias empresas están confirmando sus objetivos para final de año, incluso prevén mejoras para después del verano. Esto apunta a que las grandes energéticas del Ibex-35 acaben 2026 con un récord histórico de ganancias que ronden los 20.000 millones de euros. Más del doble que hace tres años y más de un 50% más que hace sólo un año, cuando la situación de Oriente Próximo era estable.

Con esta situación, crecen las voces que piden un impuesto para estas ganancias, que consideran que en gran medida se deben a la guerra en Oriente Próximo, sin olvidar que la destrucción de infraestructuras energéticas en Rusia también está contribuyendo a la tensión de precios.

Crecen las voces a favor de más impuestos

Este mismo lunes, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, apuntaba directamente a gravar la fiscalidad de los combustibles para costear parte de las necesidades de inversión en Europa para capear la emergencia climática. “Hay que abrir un debate sobre la desproporción entre los amplísimos beneficios privados declarados por las petroleras frente a la carga desproporcionada que genera el cambio climático”, apuntaba Ribera, que fue vicepresidenta del Gobierno en España cuando se activó el gravamen energético en 2023. “Las políticas para reducir a cero el uso de combustibles fósiles y la literatura en torno a una fiscalidad global (y por qué no europea) sobre el petróleo merecen un debate político de altura”, aseguraba a EL PAÍS.

En la misma línea se expresó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en la Cadena Ser también este lunes. El líder del Ejecutivo calificó de irresponsable seguir consumiendo combustibles fósiles frente a la emergencia climática. Asimismo, criticó a quienes niegan los efectos del cambio climático y advirtió que mantener la dependencia energética debilita a los países.

Pero quien ha puesto el foco de forma más clara sobre los beneficios de estas empresas ha sido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. A finales de agosto, España, Alemania, Italia, Austria y Polonia insistieron en la necesidad de establecer un impuesto extraordinario a los beneficios de las petroleras generados por el conflicto en Oriente Próximo. Para ello, redactaron un texto conjunto remitido a la Unión Europea. Ya en abril, tras el estallido de la guerra, Cuerpo y sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal solicitaron formalmente a la Comisión Europea la creación de un nuevo tributo coordinado contra los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas.

“Las compañías petroleras están disfrutando de una elevada rentabilidad general y de unos márgenes en los productos refinados que, aunque puedan verse influidos por la escasez de determinados productos, superan el incremento de los precios del crudo”, señalaban los ministros europeos firmantes de la reciente misiva remitida a Bruselas.

“Necesitamos un enfoque común, que garantice que quienes se están beneficiando de la crisis contribuyan también a aliviar la carga que soporta la población en general”, hacían hincapié en el texto. El objetivo buscado es evitar que el coste de la crisis energética recaiga exclusivamente sobre los consumidores y el erario público.

Y siguen creciendo las voces desde distintos ámbitos que piden este impuesto. Este mismo lunes Sumar y Podemos coincidieron en reclamar que se introduzcan un control de precios de carburantes (en el caso de Podemos también de los alimentos) y un impuesto a los beneficios de las empresas energéticas, que a su juicio están aprovechándose de la inflación y en particular de la subida del precio del petróleo.

Después de que se iniciara la guerra de Estados Unidos contra Irán, el Gobierno aprobó un Real Decreto-ley de respuesta a la crisis económica generada por este conflicto y lo prorrogó en junio. Las medidas clave fueron bonificaciones a los consumos energéticos. La rebaja fiscal a los carburantes aún se mantiene en septiembre, aunque han ido moderándose en los últimos meses. Esto, sin embargo, no ha permitido contener del todo los precios. La inflación ha escalado a máximos entres años en agosto, tras elevarse al 4,3%.

Además, las medidas del Gobierno tocan a su fin este mes. Si quiere prorrogar descuentos o aplicar otro tipo de medidas, como un impuesto adicional a las energéticas, tendrá que lograr el plácet del Congreso de los Diputados. Un paso que tampoco se antoja sencillo.

La introducción de impuestos a las grandes empresas se ha revelado como una cuestión muy difícil para el Gobierno desde hace ya varios años. El Ejecutivo ha visto cómo algunos de sus socios de investidura, como PNV o Junts, han rechazado instaurar gravámenes adicionales a las grandes empresas energéticas; no en vano, Iberdrola o Repsol tienen un peso muy elevado en la economía del País Vasco, donde gobiernan los nacionalistas. De hecho, el Ejecutivo quiso prorrogar este gravamen en 2025 y se encontró con la negativa del Parlamento. “Estarás contento con la votación”, le dijo Pedro Sánchez a Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, en una reunión que mantuvo con grandes compañías del Ibex en el foro de Davos en enero de 2025.

Las empresas no niegan los beneficios que están obteniendo ahora y fuentes de una de las grandes compañías afectadas asumen que el Gobierno tratará de sacar adelante nuevos impuestos, pero también ponen encima de la mesa las inversiones de muchos años y las pérdidas de otros ejercicios. Habrá que ver hasta dónde puede llegar el Ejecutivo en un año víspera de elecciones que será inflacionista y marcado por lo que haga Donald Trump, y cuando la población está cada vez más sensible al aumento de las facturas por los bienes de primera necesidad.