A las 16:53 horas del 17 de agosto de 2017, una furgoneta blanca conducida por Younes Abouyaaqoub encaró La Rambla desde la calle de Pelayo y recorrió a gran velocidad 800 metros en dirección al mar atropellando a cientos de personas. Se detuvo en el mosaico de Joan Miró, a 200 metros de la Boquería, y emprendió una huida a pie por dentro del mercado. Hasta 14 personas fallecieron por el atropello y más de 100 resultaron heridas. El número de víctimas mortales en total fue de 16 contando con el chico de Zona Universitaria y una mujer de Cambrils (Tarragona) esa misma madrugada.
El atentado yihadista perpetrado por la célula de Ripoll en el corazón de Barcelona -Abdelbaki es Satty, imán de la localidad muerto en la explosión de Alcanar, fue su cerebro ideológico- cumple nueve años con varias cuentas pendientes, una pugna política que se ha extendido y se ha entrecruzado con el procés y una oficina de víctimas en Cataluña que no se ha puesto en marcha hasta este 2026, con dificultades y limitaciones evidentes. Hoy, el homenaje será en la plaza de Sant Jaume por las obras de La Rambla.
"En este procedimiento las víctimas han sido las grandes olvidadas de la instrucción". Así de claro se mostró el magistrado de la Audiencia Nacional, Félix Alfonso Guevara, en la sentencia de mayo de 2021. Un fallo que siempre lleva consigo Robert Manrique, víctima del atentado terrorista de Hipercor y asesor de la extinta Unitat d'Atenció i Valoració a Afectats per Terrorisme (Uavat), y que supuso un primer paso para empezar a saldar algunas de las cuentas pendientes.
El fallo del 17-A reconoció a 368 víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils (además de la explosión en Alcanar o la huida de Younes) por heridas físicas o daños psicológicos. Cabe destacar, para entender la magnitud de la sentencia, que 225 fueron adicionales, ya que el Ministerio del Interior no las había admitido en la vía administrativa previa. El Supremo declaró firme la sentencia en 2023, lo que supuso un primer resarcimiento al "maltrato" sufrido, según la Uavat.
Sobre las indemnizaciones abonadas (a las que tienen derecho las víctimas de terrorismo), desde Interior responden que se ha indemnizado a un total de 232 víctimas, tanto con anterioridad como con posterioridad a la firmeza de la resolución judicial (179 en este caso) a través de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo. En este sentido, alegan que "actualmente todas las solicitudes han sido resueltas", salvo cuatro recursos contencioso-administrativos, y que 190 afectados no han presentado solicitudes de indemnización después de que el Supremo declarara firme el fallo. Una gran parte de ellos ya había sido indemnizados con anterioridad por el Ministerio del Interior, añaden sin especificar el dato concreto a preguntas de este periódico.
Por su parte, Robert Manrique critica que aún haya indemnizaciones sin abonarse -un tercio, según las cuentas que denuncia por falta de localización, o porque no saben ni que aparecen en la sentencia, por ejemplo- y también afea a la administración que no haya hecho seguimiento ni acompañamiento de los afectados para ver cómo han evolucionado a lo largo de estos años.
Además, ha reclamado en el Congreso que se amplíe el plazo de un año fijado en España -en Francia son 10- para que las víctimas del terrorismo soliciten indemnizaciones, ayudas y resarcimientos económicos tras sufrir un atentado o consolidar sus secuelas, una de las claves en este caso. "Hay un ejemplo muy claro, el de una chica de Madrid, que estaba en Barcelona pasando unos días ese 17-A y sufrió el atentado en La Rambla. La tuvieron que operar dos veces de la pierna, una en el Clínic y otra en el Gregorio Marañón. Me contactó a raíz del aniversario del 11-M en 2019, empezamos los trámites y cuando presentó la solicitud le dijeron que estaba fuera de plazo". Manrique añade además que hay 125 personas que aparecen en el sumario pero no en la sentencia.
En Cataluña, este año ha echado a andar de forma embrionaria y con considerables limitaciones jurídicas la oficina de víctimas que la Generalitat cerró a principios de 2012 -bajo el Gobierno de Artur Mas- y que los afectados del 17-A llevaban reclamando abrir desde el minuto cero. Desde la conselleria de Interior explican que uno de los avances más importantes ha sido la publicación en el diario oficial de "la cesión de datos de las personas afectadas" entre los diferentes servicios que las han podido atender -desde la policía a emergencias médicas, por ejemplo-, aunque debido a la Ley de Protección de Datos la Generalitat no puede ser proactiva en contactar directamente con los afectados y busca fórmulas para paliarlo. El organismo contará con un psicólogo, un asesor jurídico y varios asesores externos y se espera incrementar el ritmo de trabajo a partir de septiembre.
La comisión de investigación forzada por Junts
En el plano político, el independentismo sigue agitando la teoría de la conspiración -sin ninguna prueba casi una década después-, y lo hace en el Congreso y con permiso del PSOE, que cedió con la comisión de investigación sobre el 17-A a cambio del apoyo de Junts a Pedro Sánchez. Tras más de un año de comparecencias y sesiones -desde el ex responsable del CNI en Gerona hasta uno de los yihadistas condenados- se ha pospuesto hasta septiembre la aprobación de las conclusiones por la falta de acuerdo entre ambos bloques. Entre otras cosas, Junts sostiene que "una parte de la responsabilidad" de los atentados se debió a "una negligencia o temeridad de los servicios secretos" por ocultar los vínculos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con Abdelbaki es Satty, el imán de Ripoll (Gerona) considerado el cerebro de los ataques.
Por su parte, ERC plantea entre otras cuestiones que el Estado "falló en la prevención" y apunta a la existencia de una "posible negligencia en la gestión de la información" que el CNI y los Mossos disponían sobre Es Satty, pero no va tan lejos como Junts.
