Los chalecos amarillos han dado un paso más allá en las movilizaciones sociales registradas en los últimos 50 días en Francia con actos de "desobediencia civil" y concentraciones "no autorizadas" como la celebrada en la Plaza de la Concorde de París, blindada de antemano por la Policía, que ha vuelto a desplegar este sábado 70.000 agentes en todo el país en previsión de disturbios.
Por primera vez, los chalecos amarillos se desmarcaron de la marcha "autorizada" de los sindicatos y organizaciones estudiantiles, que volvió a convocar el sábado por la tarde a miles de manifestantes entre las plazas de la República y de la Nación, dos días después de las manifestaciones que sacaron a la calle a más de medio millón de franceses el 5 de noviembre.
"Vamos a desobedecer y vamos a hacerlo en un lugar muy simbólico", declaró Benjamin Ball, portavoz de la nueva versión de los gilets jaunes, recogiendo el testigo de los activistas que durante 484 días seguidos tuvieron en jaque a las fuerzas del orden y al presidente Macron, bloqueando plazas y rotondas con sus chalecos fluorescentes en protesta por el impuesto a los combustibles.
"Nuestras reivindicaciones van esta vez más allá", advirtió Ball, que se remitió al nuevo manifiesto del grupo: "Queremos recuperar lo que nos han robado: tiempo, dinero, democracia y nuestras vidas. Queremos recuperar nuestro poder para vivir con dignidad y libertad. Para vivir, y no sólo para sobrevivir". Más tarde, el portavoz fue detenido frente a la Asamblea Nacional.
El abogado David Libeskind, otro de los miembros más notables del grupo, aseguró haber presentado una denuncia contra la prefectura de París por su negativa a autorizar una marcha en el centro de la ciudad. "Elegimos la plaza de la Concordia por su valor simbólico y porque está cerca de la Asamblea Nacional", advirtió Libeskind. "Estamos dispuestos a desafiar a las autoridades".
Un centenar de chalecos amarillos protagonizó a primera hora de la tarde una sentada simbólica ante el obelisco de la Concordia, mientras eran hostigados y cercados por la Policía, en escenas de creciente tensión. "No podéis hacernos callar", podía leerse en la pancarta que ondeaba una estudiante que se identificó como Lena: "Estamos aquí reclamando, entre otras cosas, nuestro derecho a protestar; no podemos plegarnos a este sistema opresivo que nos dice cómo, cuándo y dónde podemos manifestarnos".
La agrupación intersindical de estudiantes y los cinco principales sindicatos volvieron a convocar, entre tanto, una nueva marcha "contra el alto coste de la vida y en defensa de la juventud" en la plaza de la República. En un intento de aplacar la ira social, el primer ministro Sébastien Lecornu anunció la celebración el lunes de una "conferencia social" con la participación de la patronal y de los sindicatos y con el objetivo de "presentar respuestas concretas a las expectativas del pueblo francés".
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, pidió por su parte a sus efectivos el sábado que "no bajen la guardia ante incidentes cuya intensidad de violencia no disminuirán". Nuñez impartió órdenes a las prefecturas para disolver manifestaciones "espontáneas" y no autorizadas previamente.
Aunque los enfrentamientos con la Policía y los actos de vandalismo han ido a menos desde la explosión de violencia del 17 de octubre, que se saldó con 2.400 detenidos y un millar de heridos, las críticas contra la represión policial han ido a más tras las recientes agresiones contra periodistas, que acuden a las marchas pertrechados casi como reporteros de guerra, con cascos y mascarilla antigás.
La Agencia France-Presse denunció el viernes "la violencia cometida por la Policía contra sus periodistas durante las manifestaciones". El jueves, un fotógrafo de la agencia identificado con su brazalete, sufrió una fractura de peroné y recibió cinco golpes (tres de ellos en su casco) en una carga policial. El 17 de octubre, otro periodista de la agencia fue alcanzado en un muslo con una bala de goma en Lille. Ese mismo día, una videoperiodista fue atacada deliberadamente con un cañón de agua en París.
La organización Reporteros Sin Fronteras ha documentado hasta 58 casos de periodistas a quienes se les ha obstaculizado la labor en las manifestaciones, 35 de ellos con "violencia física", 21 de los cuales fueron protagonizados por las fuerzas del orden (y el resto por los manifestantes). Una reportera del portal de izquierdas Politis y una fotógrafa del colectivo Divergences anunciaron el viernes la presentación de una denuncia tras ser agredidas por la Policía en la manifestación del 5 de noviembre en París, "reprimida sin motivo aparente y sin previo aviso".
