El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hecho un llamamiento este viernes a la “calma” en Ceuta después de que en las últimas horas la tensión social haya aumentado. En este sentido, en su comparecencia a petición propia en la comisión de Interior del Congreso, Marlaska ha pedido el “cese de cualquier tipo de violencia” puesto que “ese no es el camino”. “Expreso mi empatía absoluta con la ciudadanía, pero la violencia no es camino alguno”, ha remarcado.
Hilando con esta cuestión, el titular de Interior ha insistido en que el Gobierno “ha estado, está y estará en todo momento” para devolver la “plena normalidad cuanto antes” pese a los “intentos partidistas de algunos” que “se han dedicado a desinformar, buscar el aprovechamiento político o, lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento entre personas en las calles” de la ciudad autónoma.
Desde este punto de vista, Fernando Grande-Marlaska ha lamentado algunos discursos que “contribuyen a la estigmatización de las personas migrantes y que alimentan la división social en un momento en el que lo que se necesita es responsabilidad, serenidad y sentido de Estado”. De hecho, ha señalado al PP y Vox por hablar de “invasores y delincuentes”, por llamar a “cazar” migrantes o por lanzar propuestas para “deportar” a personas hospitalizadas.
Pero uno de los asuntos que tenía más trascendencia de la intervención de Fernando Grande-Marlaska era profundizar sobre su versión de que no hubo previo aviso de los servicios de inteligencia de lo que ocurrió en Ceuta a finales de julio. El responsable de Interior ha aclarado que “los servicios de información del Estado siempre funcionan y nunca he responsabilizado a ninguno de estos servicios”. Por ello, ha pedido que no se haga una “mala interpretación” de sus palabras y ha especificado que ningún servicio pudo calcular o prever la “magnitud” del fenómeno.
“Si alguien lo hubiera visto, con el recuerdo de lo que pasó en 2021, ¿me quieren decir que no se hubiera razonablemente los medios en la forma que todos podemos entender? No quiere decir que ningún servicio no trabajara correctamente. Incluso el servicio exterior de la Unión Europea lo ha reseñado. Ellos tampoco fueron capaces de monitorizarlo a través de Europol”, ha explicado.
Ahondando en el asunto, Marlaska ha indicado que en los informes se hablaba de los “elementos estructurales de la migración en Ceuta y Melilla”. En ellos, se exponían factores como la diferencia económica entre países como “elemento catalizador” de la migración irregular, de la “actuación de las redes sociales” y de las mafias. La novedad, ha complementado, residía en la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio sobre la prohibición de las devoluciones en caliente. Pero ha indicado que los datos no reflejaban la dimensión de lo que venía. Del 1 hasta el 29 de julio, hubo 1.026 entradas a nado, cifra similar a la de otros años. Según Marlaska, Marruecos evitó 2.857, lo que prueba que es un “socio leal”; y en paralelo se dispuso de más medios humanos en la frontera marítima, más embarcaciones y más drones a raíz de la sentencia.
El ministro ha subrayado que la prioridad será el retorno de las personas migrantes que permanecen en Ceuta -que ha cifrado en 5.000, de los cuales 1.500 son menores-: “La entrada irregular en Ceuta no genera expectativas automáticas de permanencia en nuestro país”. “Continuaremos aplicando los procedimientos legales para gestionar el retorno de quienes no reúnan las condiciones para permanecer en España”, ha añadido, aunque también ha expuesto que “se garantizará el acceso a la protección internacional de aquellos que la soliciten y acrediten los requisitos previsto en el ordenamiento jurídico”.
Más allá de la solución a esta crisis, Fernando Grande-Marlaska ha avanzado que se pondrán en marcha “medidas estructurales” para proteger las fronteras exteriores de Ceuta y Melilla. En concreto, el ministro ha anunciado el alargamiento de los espigones de El Tarajal y Benzú, la instalación de un sistema permanente de contención marítima mediante boyas fondeadas y un nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros permanente para 800 personas. En paralelo, habrá un “fortalecimiento de las capacidades humanas y materiales” y nuevos sistemas de vigilancia.
Por otro lado, tal como hizo ayer el ministro Félix Bolaños, Marlaska ha elogiado la “colaboración sostenida y eficaz a lo largo de los años de Marruecos” y que se “volvió a evidenciar” a finales de julio: “En todo momento existió una estrecha coordinación con las autoridades marroquíes para facilitar el retorno de aquellas personas que no reunían las condiciones para permanecer en España y en la Unión Europea”. El responsable de Interior sostiene que gracias a esta colaboración pudieron volver en pocas horas la “gran mayoría” de las 72.000 entradas que hoy ha detallado en el Congreso.
Precisamente el papel de Marruecos es lo que ha evidenciado, de nuevo, la brecha entre el Gobierno y la oposición, pero también con sus aliados y su socio de Ejecutivo. Todos los grupos han reprochado a Marlaska la “condescendencia” con el país alauita y ven una “tomadura de pelo” en que descarte que estuvieran implicados en la avalancha de migrantes que entraron en la localidad ceutí.
El PP y Vox han coincidido de nuevo en calificar de “invasión” lo que vive Ceuta. Ana Vázquez, diputada popular, se ha preguntado “a quién se refería Pedro Sánchez” cuando dijo que lo ocurrido era una “violación a la integridad territorial”: “Un migrante no lo hace, lo hace un estado que usa a 80.000 personas para entrar a otro estado”. Por ello, Vázquez ha pedido que “no haya impunidad política por un ataque a la soberanía nacional”.
Para Ignacio Gil Lázaro (Vox), lo sucedido fue un “acto de guerra híbrida orquestado por Marruecos” y ha acusado de “traición” al Gobierno porque “la pasividad es una forma de connivencia con ese acto”. “Lo que usted llama socio fiable ha espiado su teléfono y por eso se muestran dóciles ante ellos”, ha perfilado.
Desde Sumar, Enrique Santiago ha responsabilizado a Estados Unidos, Israel y Marruecos de lo que pasó el 30 y 31 de julio. El diputado de IU también ha acusado al PP y Vox de la “violencia” que se ha palpado en Ceuta en las últimas horas por “llamar a cazar inmigrantes y pedir soluciones imposibles”. A ojos del socio minoritario de la coalición del Gobierno, urge el traslado a la Península de los migrantes y desde ahí seguir con los procedimientos porque sino “se incrementa la presión sobre los servicios públicos ceutíes, sobre la convivencia y se genera un escenario aprovechado por la derecha y ultraderecha para extender discursos racistas y de odio y para generar violencia con la que harán campaña electoral”.
ERC, Junts per Catalunya, Bildu y el PNV tampoco compran al Gobierno que califique de “socio leal” a Marruecos. Francesc-Marc Álvaro, de la formación republicana, considera que Ceuta -que ya es un “polvorín”- se ha convertido en un “laboratorio político de la ultraderecha global y de los intereses” del estado alauita. “Es un chiste decir que hay una gran colaboración fronteriza con ellos. No lo digan más porque se nos agota la paciencia, es grotesco y ridículo”, ha destacado. Álvaro ha llamado a “reflexionar” al ministro sobre “por qué ha pasado esto ahora” y ha apuntado a hipótesis como la nacionalización de saharauis, la visita de Sánchez a Argelia o el Mundial de 2030.
Por su parte, Marta Madrenas (JxCat) ha criticado al Ejecutivo por “ser una fábrica de argumentos para la extrema derecha”: “Cuando aseguran que todo está controlado y se les ve improvisando, alimentan a esta extrema derecha”. En representación de Bildu, Jon Iñarritu se ha mostrado “sorprendido” por el hecho de que se califique de “violación de la integridad territorial” lo sucedido, pero sin señalar quién la perpetró. Los abertzales consideran que el Gobierno ha dejado “pudrir la situación para que muchas personas se fueran voluntariamente, pero ello ha derivado en tensión, insalubridad, inseguridad e indignidad”.
Y Mikel Legarda (PNV) ha tachado de “sabotaje” lo sucedido, llamando a “saber decirle a Marruecos que hay un límite”. El partido jeltzale cree que el Gobierno ha estado “inactivo” durante casi un mes y ha definido de “negligente” la actuación del Ministerio del Interior por “no aplicar medidas de contención” desde la sentencia del Supremo: “En julio se veía un goteo anormal de nadadores. Probablemente hubiera tenido un efecto disuasorio”.
