Pedro Sánchez evalúa adelantar las elecciones tras la caída de los decretos de vivienda

Después de un fin de semana muy intenso de contactos, de hablar con casi todo el partido, con sus ministros, con sus asesores y con sus principales socios, el presidente, Pedro Sánchez, tiene ya todo listo para comunicar su decisión y anunciar este mismo lunes si adelanta las elecciones de forma inmediata como le han recomendado muchos colaboradores y dirigentes del PSOE. Es una cuestión que solo le atañe a él, una prerrogativa clave de cada presidente español, que siempre han elegido el día más favorable a sus intereses y los de su partido. Sánchez ha meditado estos días la estrategia para responder a la derrota de los decretos de la vivienda, pero prácticamente todas las fuentes consultadas apuntan en el mismo sentido: un anuncio de convocatoria este mismo lunes.

Sánchez ha mantenido de momento en agenda un discurso a las 9.30 horas del lunes en el Congreso Nacional de la Empresa Familiar, en el Teatro Príncipe Pío de Madrid, pero podría cancelarlo en cualquier momento. Se da además la circunstancia de que este lunes el Rey, al que por deferencia siempre se comunica anticipadamente este tipo de decisiones, sale de viaje oficial hacia Finlandia. Sin embargo, se lo podría comunicar antes de que despegue, incluso por teléfono.

La decisión parece ya muy orientada durante todo el fin de semana a falta de que la remate Sánchez, pero todos los miembros del Gobierno consultados trabajan ya con ese escenario como algo inevitable e incluso deseable. Creen que la indignación social por el voto en contra de las tres derechas -PP, Vox y Junts- al llamado “decreto Maricarmen”, que trataba de salvar de los desahucios a víctimas como ella de los fondos de inversión que compran viviendas en bloques para expulsar a sus inquilinos y multiplicar los precios con otros nuevos, abre una oportunidad para intentar movilizar a una izquierda muy desmotivada.

Por eso, durante el fin de semana, más que dedicarse a darle vueltas a la decisión, que en realidad solo toma Sánchez y que ya empezó a estar bastante orientada desde la votación del viernes en el Congreso, el núcleo duro del presidente y sus equipos se han concentrado sobre todo en pensar en distintos escenarios posibles alrededor de la idea del adelanto. Y también, y sobre todo, de los movimientos que hay que hacer para responder a esa indignación social y tratar de construir así una buena propuesta electoral para los ciudadanos.

En La Moncloa están profundamente indignados con la votación del viernes; no acaban de entender cómo es posible que Junts, que, según ellos, estaba de acuerdo con el decreto y lo había negociado, lo terminara tumbando. También critican que el PP, que en el pasado aprobó varios escudos antidesahucios, no fuera capaz siquiera de abstenerse para dejar pasar algo que es una emergencia social puesta en evidencia por el caso de Maricarmen.

Una de las grandes cuestiones como parte del propósito de responder a la calle es qué pasa con los decretos decaídos. En La Moncloa están estudiando con detalle la fórmula jurídica más adecuada para intentar recuperar el máximo posible, sobre todo del primer decreto, el del escudo antidesahucios, el que estaba pactado con PNV, Coalición Canaria y con Junts, según el Gobierno, y tenía posibilidades de salir.

Aunque se produzca el adelanto electoral, el Ejecutivo no está en funciones -eso es después de los comicios- sino en plenitud de atribuciones, y por tanto podría aprobar de nuevo los decretos iguales o parecidos. Lo que sí sucedería es que las Cortes estarían disueltas y entonces la convalidación de esos decretos pasaría a depender de la Diputación Permanente, ya no del pleno. Y ahí el Gobierno tiene una gran ventaja: el voto de Junts es irrelevante. El Ejecutivo necesita 35 votos, que dan la mayoría absoluta de los 69 que componen ese órgano, más reducido que el pleno y pensado para decidir en lugar de este fuera de los periodos de sesiones o cuando las Cortes disueltas. El PSOE tiene 25 y Sumar 6, así que le faltarían cuatro para alcanzar la mayoría. Bastaría con que voten a favor EH Bildu, ERC, Podemos y PNV, que ya apoyaron el primero de los decretos en el Congreso, para que saliera adelante. El rechazo de Junts sería irrelevante aquí. El que sí decaería es el segundo decreto, por la oposición del PNV.

Es una solución hipotética con la que se trabaja en La Moncloa, aunque también se estudian otras para intentar dar alguna respuesta a las peticiones de la calle, con miles de personas manifestándose para exigir al Gobierno que haga algo después de que PP, Vox y Junts tumbaran los decretos.

Encima de la mesa también ha estado la posibilidad de no convocar elecciones, al menos de momento, y tratar de aprobar esos decretos otra vez para retratar aún más a las derechas. El problema es que el Gobierno tendría que intentar una nueva negociación con Junts, que ahora parece inviable después de lo que en La Moncloa se ha vivido como una auténtica traición a pocos días de que Carles Puigdemont logre finalmente la amnistía y pueda volver a Cataluña. Aún así, Sánchez tiene toda la libertad para decidir y podría a última hora optar por una estrategia diferente para tratar de retrasar algo las elecciones si cree que eso le otorgaría más tiempo para prepararlas mejor.

En cuanto se fije la fecha electoral, en el PSOE y La Moncloa creen que pueden hacer una campaña con un mensaje claramente progresista orientado a prometer que con más votos sí podrían intervenir en el mercado de la vivienda. Y la centraría también la defensa de los servicios públicos, de la educación, la sanidad y la dependencia, frente a lo que en el Ejecutivo definen como ola privatizadora de las comunidades del PP.