La última aparición de Pedro Sánchez se produjo el 31 de julio en Ceuta, apenas 24 horas después de la avalancha de 72.000 personas que la víspera habían cruzado la frontera con Marruecos de forma ilegal. Aquella mañana el presidente del Gobierno mantuvo un encuentro con representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, participó en la reunión de coordinación de las autoridades de la ciudad autónoma y compareció ante los medios de comunicación para denunciar "un ataque a la integridad territorial de España" y exculpar al país vecino. Este lunes, un mes después, reanuda su agenda pública con una entrevista en la cadena Ser.
Los ministros que ya empezaron a desfilar la semana pasada por el Congreso para dar explicaciones sobre la cuestionada gestión de una crisis sin precedentes se han visto obligados a justificar su ausencia ante las críticas de la oposición con el argumento de que, aunque el jefe del Ejecutivo permaneciera durante tres semanas en la residencia oficial de La Mareta (Lanzarote) con su familia, no significa que no haya trabajado. "Ha estado todos los días al teléfono dando instrucciones", subrayan en su equipo.
A la falta de comparecencia de Sánchez se ha sumado una retahíla de decisiones que han sido cuestionadas incluso internamente en las filas del PSOE: Fernando Grande-Marlaska, responsable de la cartera de Interior, se marchó de Ceuta el 2 de agosto a pesar de que el propio presidente había asegurado en público que se quedaría hasta que se recuperara la "normalidad"; pasaron 18 días sin que se pusiera en marcha la ampliación de plazas de acogida para los extranjeros en situación irregular que permanecían en la ciudad autónoma -5.000 adultos y 1.500 niños, según los últimos datos oficiales-, muchos de ellos en condiciones de insalubridad en la playa del Trampolín y en el polígono del Tarajal; el "mando único" que el Gobierno de la ciudad autónoma reclamó desde el primer día tardó casi un mes en constituirse...
En paralelo a la intensificación del enfado de los vecinos y de los ataques a militares por parte de algunos inmigrantes también ha ido escalando la crispación política. La cúpula del PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, participará en las concentraciones que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado para el miércoles delante de los ayuntamientos en señal de protesta por la gestión del Ejecutivo central, en las que también participarán los dirigentes de Vox. Ferraz ha dado instrucciones a sus cargos para que no las secunden trasladando el mensaje de que el partido líder de la oposición está intentando "manipular esta crisis humanitaria" como "elemento de movilización y confrontación" para "ir en contra" de Sánchez.
Comparecencia en el Congreso
Al día siguiente, 3 de septiembre, será el presidente el que tenga que rendir cuentas en el Congreso sobre la crisis de Ceuta. Moncloa anunció el registro de su comparecencia apenas unas horas antes de la reunión de la Diputación Permanente -el órgano que regula la actividad parlamentaria fuera del periodo de sesiones ordinario- votara sobre petición en este sentido planteada por los populares y que previsiblemente iba a salir adelante con el apoyo de varios de los socios de la coalición.
Entre otras cosas, tendrá que aclarar las discrepancias internas sobre la existencia de informes previos de la llegada masiva del 30 de julio -como sugiere la ministra de Defensa, Margarita Robles- y que Interior había negado que existieran: en su propia comparecencia en la Cámara Baja, Marlaska admitió por primera vez el viernes que hubo "muchos" y "de todo ámbito", aunque incidiendo en la tesis oficial de la Moncloa de que lo que no hubo fue ninguna alerta sobre "la magnitud".
La otra cita clave de esta semana será la celebración el viernes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, aplazado en julio ante el riesgo de plantón de la mayoría de comunidades. Aunque lo que se va a abordar en esta reunión es la reforma del sistema de financiación autonómica, guarda una estrecha relación con la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que Sánchez se ha vuelto a comprometer a presentar en la Cámara Baja a pesar de que no lo ha hecho en toda la legislatura y de que no tiene apenas ningún viso de poder concitar una mayoría parlamentaria en plena cuenta atrás para las elecciones generales, aún sin fecha.
Por lo pronto, el Gobierno va a tratar de atenuar las críticas a su gestión en Ceuta con la aprobación el martes de un paquete de emergencia de 165 millones de euros. Esta inversión se destinará a revitalizar la economía local y reforzar los servicios públicos afectados tras la entrada masiva de inmigrantes del 30 de julio, de los que miles permanecen todavía en la ciudad autónoma.
Cuatro reuniones
Durante el mes de agosto, se han distribuido imágenes de la participación de Sánchez en dos videoconferencias de coordinación sobre esta crisis desde Lanzarote, los días 7 y 17, en la reunión de la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional, el 25, y en la del comité especializado (constituido tras la creación del mando único),el 28, estas dos últimas ya desde Madrid. En su equipo precisan que aunque no haya tenido más citas en su agenda pública ha estado toda esta última semana trabajando desde el Palacio de la Moncloa.
El año pasado el jefe del Ejecutivo sí interrumpió momentáneamente sus vacaciones para visitar las localidades más castigadas por los incendios de aquel verano: Orense, Villablino (León), Jarilla (Cáceres), Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y Cangas del Narcea (Asturias). También mantuvo un encuentro con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que en aquel momento sufría una fuerte presión migratoria con la llegada incesante de pateras.
