Pensiones públicas: “petadas” desde hace 60 años

Existe un poderoso sector de opinión en España que ha decidido convertir las pensiones públicas en el primero y principal problema de la economía. Las pensiones. No, por ejemplo, cómo se hará frente al incremento del gasto en Defensa, que si se alcanza el objetivo del 5% implicaría añadir a esa partida 60.000 millones anuales adicionales, más que el déficit del sistema de pensiones, contributivas y no contributivas. Las pensiones, el gran problema. Pese a que se trata de una de las bases de la calma social que aún se respira en España; aunque no sabemos por cuánto tiempo.

Hay políticos que parecen haber comprado ese discurso. Podría intuirse en las declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz: “El sistema de pensiones va a petar” (versión cañí de quebrar). Qué quiere decir “el sistema petará”? ¿Que llegará un día, final de mes y los pensionistas no verán abonada su paga? Sería el apocalipsis. El Estado es el garante último del sistema público de pensiones. Si no se pagan es porque el propio Estado, el Tesoro público, está en quiebra, sin fondos. ¿Cree Muñoz que esta es la situación? En última instancia, la garantía de las pensiones son el conjunto de los ingresos del Estado, su capacidad de recaudar impuestos y de endeudarse.

Estas palabras en boca de una líder del PP son sorprendentes. De Vox ya se sabe que quiere dinamitar el Estado del bienestar, alimentado por un revanchismo social que recuerda al de cien años atrás.

Estos días podría ser momento de recordar que Felipe González le ganó a José María Aznar unas elecciones que a priori tenía perdidas gracias al asunto de las pensiones. Fue en 1993. En el segundo debate cara a cara de la campaña, González sacó el asunto a colación para denunciar que los populares tenían un plan oculto para recortarlas; Aznar no supo qué responder. Quedó tendido en la lona. Tan agria fue la derrota que los populares amagaron incluso con denunciar un pucherazo electoral.

La paradoja del episodio residió en que había sido el Gobierno de González quien había acometido la primera gran reforma de las pensiones, en 1985, cirugía que implicó importantes recortes (endureció las condiciones de acceso y rebajó el importe de las pensiones). Y como consecuencia, desencadenó la convocatoria de la primera huelga general de la democracia, cuyo resultado fue muy desigual –más en la industria, menos en los servicios– al haberla convocado CC.OO. en solitario, sin UGT.

Para poner el asunto en contexto, la reforma se aplicó en circunstancias económicas muy diferentes a las actuales, los años de la reconversión industrial y con un desempleo superior al 20%. Como se puede comprobar, la cantinela de la insostenibilidad del sistema público de pensiones viene de lejos. En España la matraca dura desde hace más de 60 años. Se trata de un modelo que en el mundo desarrollado tiene más de 100 años de vida. En Alemania, pionera, 150.

¿Cómo pudo Felipe ejecutar aquella pirueta en 1993 y descolocar a Aznar? Pese a las rebajas que habían aplicado a las pensiones, los primeros gobiernos socialistas de la democracia habían perfilado y consolidado el Estado del bienestar (universalización de las sanidad pública, enseñanza obligatoria y grandes programas de inversión en infraestructuras, entre otros). Tenía a su favor esa credibilidad y presentó a Aznar como el enterrador del modelo, en primer lugar de las pensiones.

Es ese pasado el que explica en buena medida la relativa fortaleza electoral del PSOE que, hasta en sus momentos de mayor debilidad, mantiene un sostenido apoyo de sectores de trabajadores y clases medias modestas. Una excepción entre la socialdemocracia europea. En el caso de los pensionistas y jubilados, según los datos del Barómetro del CIS de este mismo mes, más del 50% que expresan intención de votar dicen que lo harán por o simpatizan con el PSOE. En el caso del PP, se queda en el 21%. Están muy recientes el recuerdo, y también, muy importante, las secuelas y las heridas de la política de austeridad del último Gobierno del PP, el de Mariano Rajoy. Por eso el discurso de los populares sobre las pensiones es tan sospechoso. Aunque en honor a la verdad, debe recordarse que fue el socialista José Luis Rodríguez Zapatero quien abrió la veda para morder las pensiones (congelación y aplazamiento de la edad de jubilación) cuando llegó la crisis. Luego, Rajoy remató, topándolas y limitando su aumento, lo que en la práctica erosionaba notablemente su poder adquisitivo.

Pese al ruido ambiental, la deuda pública está ahora al mismo nivel que lo dejó el Gobierno de Rajoy, un poco más del 100% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que la economía produce en un año completo. No hay motivo de alegría en ello, pero sí en el hecho de que su tendencia es a la baja.

Ciertamente, el peso de las pensiones en el gasto público se ha incrementado, pero aun esto debe analizarse con tiento. En algunos medios se ha destacado que desde que gobierna Pedro Sánchez la nómina de las pensiones ha crecido un 60%, pero habría que tener en cuenta el efecto de la inflación, de alrededor del 27% acumulada y el PIB en un 40%. Y ese aumento también tiene otro efecto que no se menciona a menudo y es que se trata de importes brutos: a las pensiones se les retienen anualmente en torno a 22.000 millones de euros de IRPF, por encima de un punto de PIB recuperado por el Estado a través de la Agencia Tributaria. Y como al resto de los ciudadanos, sin deflactar la tarifa.

Hay interés en fomentar el relato de que las pensiones corren peligro. Un temor que puede crispar más que cualquier otro.

Cosa distinta es si mantener la senda actual de las pensiones es compatible con el aumento o el incremento de otros gastos. Como los ya mencionados de Defensa. Y los que requiere reparar el maltrecho Estado del bienestar. En la campaña, los partidos deben explicar cómo esperan cuadrar las cuentas si quieren mantener el poder adquisitivo de las pensiones, reducir la deuda, bajar impuestos. Somos todo oídos.