Reclutamiento forzoso en Rusia: el uso de incentivos económicos y coacción para enviar ciudadanos al frente

Las autoridades rusas pagaban por alistarse y ahora también pagan por alistar a otros. Un aliciente perverso que ha hecho que aumenten en los últimos meses los casos de ciudadanos llevados a la fuerza a firmar un contrato con el ejército. El Kremlin trata de evitar así una impopular movilización abierta y masiva, pero aprieta las tuercas de forma encubierta para cubrir las bajas que no llega a sustituir con voluntarios en su ofensiva en Ucrania. El trabajo de reclutador está muy bien remunerado desde hace meses. Sus objetivos son personas solas, con antecedentes penales, enfermas o endeudadas, a las que llevan a la fuerza a los centros de reclutamiento.

“No es un problema generalizado, pero ocurre con regularidad”, explica a este periódico una fuente de la organización de derechos humanos Llamamiento a la conciencia [Prizyv k sovesti]. En Rusia, a diferencia de Ucrania, no hay una movilización abierta actualmente. La alarma se encendió en junio, cuando se hizo viral un vídeo grabado en la región de Penza, a unos 550 kilómetros al este de Moscú, en el que las esposas de varios hombres encerrados en un minibús trataban de impedir que el vehículo partiese de un centro de reclutamiento rumbo a la guerra. Según los familiares, todos habían sido obligados a unirse al ejército contra su voluntad.

“La gente normal se queda en casa por las noches”, escuchó como argumento una madre en agosto al denunciar ante las autoridades que su hijo había sido secuestrado por la calle y coaccionado para que marchase al frente.

Llamamiento a la conciencia registró “un aumento repentino” de estos incidentes en julio cuando se contabilizaron 12, y constató seis más a mediados de agosto en varias regiones de Siberia y el Cáucaso, lejos de las grandes ciudades. Otra organización, Vete al bosque [Idite lesom], declarada agente extranjero por el Kremlin, recibió 26 denuncias en agosto, y Escuela del conscripto [Shkola prizyvnika] informa de 11 denuncias en los dos últimos meses.

Tema aparte son los casos de jóvenes que hacen el servicio militar obligatorio y han sido coaccionados para firmar un contrato profesional, ya que por ley no pueden ser enviados a combatir si no son soldados regulares. Vete al bosque y Escuela del conscripto recibieron 51 y 13 denuncias de este tipo, respectivamente, en agosto.

Las autoridades han incentivado que policías, reclutadores privados e, incluso, familiares, empujen a la gente a ir a la guerra. “Al menos 44 regiones han implementado la bonificación para reclutadores por cada nuevo soldado contratado. Los pagos oscilan entre los 10.000 y 1.000.000 rublos [entre 100 y 10.000 euros]”, explica a este periódico Timoféi Vaskin, jefe del departamento jurídico de la organización de derechos humanos Escuela del conscripto.

“En casi todos los casos conocidos las víctimas son personas socialmente vulnerables. Esto incluye a quienes padecen alcoholismo o drogadicción, enfermedades mentales, mayores, gente que vive sola, o tienen antecedentes penales o deudas”, agrega Vaskin antes de explicar los dos motivos de esta selección: primero, es más fácil coaccionar a quienes tienen menos mecanismos de defensa legal; segundo, son más fáciles de identificar.

“Las autoridades locales tienen todo tipo de registros: antecedentes penales, gente que presumiblemente vive sola y los historiales médicos. Es fácil verificar las personas endeudadas en los registros públicos de los tribunales. Los reclutadores pueden obtener o comprar fácilmente todos estos datos”, señala el representante de Escuela del conscripto.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha negado dos veces esta semana que planee una nueva movilización forzosa. “No hay ningún escenario que la requiera, se trata de un ataque de desinformación del enemigo antes de las elecciones”, manifestó este jueves el dirigente ruso en Vladivostok. “Es mierda”, sintetizó dos días antes en la capital de Kirguistán.

Rusia tiene “más de 700.000 militares” desplegados en Ucrania, según Putin. Estas cifras coinciden más o menos con los cálculos de expertos rusos y occidentales, como Janis Kluge. Según Moscú, además de los movilizados, el ejército recluta a unos 400.000 militares por contrato anual desde el 2023, lo que comparado con el despliegue actual sugiere que las bajas han sido y siguen siendo enormes. Según los analistas, el ritmo de reclutamiento ruso ha decrecido este año mientras el frente sigue siendo una picadora con alrededor de 20.000 bajas mensuales.

Y mientras la guerra se alarga, se agota la reserva de voluntarios y el Kremlin aumenta su presión para alistarse. Algunas personas están en paradero desconocido, otras permanecen escondidas para no ser llevadas al frente. Las ONG ponen en conocimiento de este periódico varios casos con una prudencia extrema.

“Mi tío, un anciano común y corriente, vivía solo en un pueblo de Penza”, contaban los familiares de un hombre de 62 años del que no saben nada desde el 29 de julio. “Salió de casa con miedo y un fuerte estrés emocional. Lo llevaron a la ciudad, creemos que lo obligaron a firmar un contrato de servicio militar”, denuncian.

Vete al bosque cuenta el caso de un joven de 19 años de la provincia de Rostov. Sus familiares denuncian que acudió a una inspección del Servicio Penitenciario Federal por una multa pendiente, y allí fue arrestado y entregado a los oficiales de un centro de reclutamiento. “Allí vio cómo golpeaban a otros y le amenazaron con imponerle cargos penales. Le prometieron que ensamblaría drones, pero tras firmar el contrato le llevaron a una unidad en la región de Samara donde le dijeron que sería soldado de asalto [Shturmovik]”, relata la ONG. La esperanza de vida de estas tropas, bajo los drones, suele ser corta.

La misma ONG trata de localizar a un ciudadano ruso nacido en Ucrania que desapareció en agosto en Novorosíisk. Su hermana pidió ayuda a la organización cuando fue arrestado. “El hombre fue llevado a comisaría. Allí lo golpearon, le quitaron el teléfono y, unas diez horas después, le trajeron una bolsa de drogas, supuestamente suyas. Le dieron a elegir entre un caso penal, que podría conllevar hasta 20 años de prisión, o un contrato. El hombre firmó”, cuenta Vete al bosque. Su familia intentó verle en la cárcel el 13 de agosto, pero la visita fue cancelada. Su hermano le llamó y le dijo que le mandaban a una unidad militar.

Una fuente de la universidad de la región de Janti-Mansi, en Siberia central, contó a este diario que los rectores han pedido a los profesores que convenzan a los alumnos para alistarse. Les recomiendan prometer a los más rezagados que estarán en unidades de drones y “aprobarán el curso” si van un año al frente. Sin embargo, son contratos regulares y pueden acabar como soldados de asalto. Según dos fuentes en el Gobierno de la periodista rusa Farida Rustamova, la administración ha logrado una cuota del 2% de los alumnos.

“Las universidades y los centros de enseñanza superior están haciendo campaña activamente para obtener ayuda, y las amenazas de expulsión son frecuentes, pero no hemos visto ninguna coacción física”, afirma Vaskin, de Escuela del conscripto.

Las empresas también han recibido órdenes de mandar a sus empleados a la guerra. La ONG muestra otro caso. Una mujer les pidió ayuda para sacar del ejército a su padrastro, de 61 años y con serios problemas de salud. “Se lo llevaron a Kazán a principios de agosto con el pretexto de un viaje de negocios y de ahí Sverdlovsk [varias regiones de Rusia central]. La última vez que hablamos con él, el 11 de agosto, decía disparates, como que estaba limpiando nieve y segando heno. Ahora sabemos que fue llevado a un centro de reclutamiento”, contaba la familiar en declaraciones mostradas a este periódico.

La organización también cuenta el caso de un hombre de 30 años que “se encontraba en estado de embriaguez y la policía actuó en connivencia con la oficina de reclutamiento”. No tenía teléfono y no pudo contactar con sus familiares cuando llegó al lugar que le habían reservado. “No le entregaron ningún documento, solo copiaron la información de su pasaporte en el contrato, indicando que se encargaría de la vigilancia de unas instalaciones”, relata.

Otro objetivo de los reclutadores son los reservistas. “Están siendo citados con mayor frecuencia, y en las oficinas se les presiona para que acepten un contrato regular”, cuenta una fuente de Llamamiento a la conciencia. El Ministerio de Defensa emitió una orden en octubre de 2025 que permitía llamar a filas a los reservistas para, supuestamente, defender las instalaciones estratégicas dentro de Rusia de los drones ucranios. Según el Estado Mayor, solo serían enviados “a grupos especiales [...] dentro de sus propias regiones”.

Este periódico ha conocido el caso de un reservista de Murmansk que recibió una notificación para verificar sus datos en la oficina de reclutamiento. El empleado intentó convencerle de que firmase un contrato asegurando que solo formaría parte de unidades de defensa antidrones en la región “que no son militares, son reservistas”. Al hombre se le prometió un contrato de tres años, pagos de entre 200.000-250.000 rublos, unos 2.500 euros al mes, y la posibilidad de permanecer en casa. En realidad era un contrato ordinario y podrían cambiarle de destino.

Esta ONG también cuenta varios casos de padres y tíos que fueron detenidos por la calle sin papeles y llevados por la policía directamente a un centro de reclutamiento. Los familiares solo saben que fueron enviados a la guerra, pero no reciben ninguna respuesta más. “Si tienen suerte, podrán identificarlo en dos semanas”, les dijeron a unos familiares de un hombre de Uliánovsk, en el Volga.