Rocío de Meer: "13 millones de personas viven en riesgo de pobreza con un Gobierno que presume de escudo social"

Estamos ya en el tiempo de descuento de esta legislatura. ¿Qué políticas sociales ha echado en falta en estos últimos años?

Bueno, lo que más hemos echado en falta es que tanta gente se haya quedado tirada, que sigan muriendo casi 80 personas al día en una lista de espera de dependencia, que se han duplicado casi hasta el millón de personas en el caso de las operaciones quirúrgicas, que estemos en una situación catastrófica en cuanto al poder adquisitivo en general de la sociedad, que la cesta de la compra sea cada vez más cara, que haya 13 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social y, además, bajo un Gobierno que encima se vanagloria y se recrea en decir que es el gobierno del escudo social. Lo más doloroso es precisamente eso: que haya un gobierno que hipócritamente afirma que su prioridad son las personas más vulnerables y que al mismo tiempo sea el protagonista de estas cifras tan aterradoras.

La inmigración está siendo y será sin duda uno de los asuntos principales en la campaña electoral. Ocupa habitualmente el segundo lugar como principal problema del país señalado por la ciudadanía en las encuestas del CIS. ¿Se está convirtiendo en un problema de convivencia en España?

Naturalmente, la inmigración masiva y descontrolada lleva muchos años siendo un problema de convivencia en muchísimos lugares y Vox es el único altavoz de esa realidad. No hemos descubierto ninguna pólvora, basta con darte un paseo por El Puche, por Nou Barris, por Usera, por Talavera, por Delicias en Valladolid, por algunos de los barrios más afectados. Está trayendo un problema de inseguridad y es innegable. En muchos lugares lo vemos cuando hay tasas de violaciones que han aumentado un 215%. Lo vemos en Usera, con las personas mayores que se encuentran con un mataleón cuando van a cobrar su pensión a los cajeros. Si hay una inmigración descontrolada de personas que poco o nada tienen que ver con nuestras costumbres, evidentemente nos encontramos también con las realidades criminales que se importan de esos países. Y decir lo contrario es tener una venda en los ojos.

¿Cuál cree, entonces, que debería ser la política migratoria de España en la próxima legislatura? ¿Existe la posibilidad de abordar la crisis migratoria alcanzando un equilibrio entre derechos humanos y control de fronteras?

Hombre, hay que controlar las fronteras y es perfectamente compatible con los derechos humanos. Claro que los españoles tienen derecho a saber qué personas entran o no en su patria, sobre todo cuando lo que está en juego son los servicios más esenciales. Si en los últimos cinco años resulta que entran seis millones de personas en nuestro país, es una cuestión de masa, de que no cabe todo el mundo, y no puedes abordar de pronto unos servicios públicos con los mismos profesionales. España es un país con recursos limitados. Tiene que haber un control en la frontera, que sería el primer paso, pero también hay que resolver la cuestión migratoria interna e iniciar un proceso de remigración, precisamente para poder devolver a los españoles no solo la confianza en su país, sino también la calidad de sus propios servicios públicos.

Pasando al ámbito de la sanidad, ¿Cuál cree que es el mayor problema al que se enfrenta ahora mismo nuestro sistema sanitario? Se habla mucho de las listas de espera, de fuga de talento...

Son cuestiones que preocupan. Nuestros médicos se forman aquí y se están yendo al extranjero. Este Gobierno tan protector de los derechos laborales ha sido el mayor precarizador en la sanidad pública. Los médicos enfrentan jornadas agotadoras, un encadenamiento insostenible de contratos temporales y su contratante es ese gobierno tan sindicalista. Y en el caso de las listas de espera, me voy a ir a esa persona con un problema de salud mental y le dan cita para 95 días después o más. ¿Quién aguanta con una depresión cuando le dan la primera consulta más de 100 días después? Lo que estamos viendo en la sanidad pública es una emergencia nacional y hay un elefante en la habitación del que nadie quiere hablar, que es el control de fronteras. Es imposible defender la sanidad pública para los españoles mientras tenemos una política de puertas abiertas porque España no puede, por sus recursos limitados, ser el hospital del mundo. Es imposible.

Se ha señalado también mucho la privatización de la sanidad...

Hombre, claro que hay que poner el foco en que los españoles están privatizando su sanidad, pero ¿por qué los españoles cada vez se acogen más a las pólizas privadas? Porque cuando entran en una consulta de urgencias, en el hacinamiento que hay en una sala de espera, ellos mismos son los que escogen irse a la privada. Ese padre que ve que su hija, que a lo mejor ha tenido un intento de suicidio, y le dan una consulta con un psiquiatra para 95 días después, claro que va a decidir contratar una póliza privada. ¿Cómo no va a hacerlo? Si cuatro meses después a lo mejor se la juega a que su hija vuelva a intentar suicidarse. Es que es gordísimo lo que está sucediendo en las listas de espera en general y en las consultas de los especialistas. El Gobierno está expulsando a los españoles de la sanidad pública.

¿Diría que nuestro Estado de bienestar está en crisis?

Desde luego. Sí, o sea, se nos llena la boca de Estado de bienestar, pero los españoles que tienen que llenar la cesta de la compra saben perfectamente que este Estado de bienestar es una quimera. Y ya no me voy a ir a la sanidad, me voy a ir al acceso a la vivienda, a los servicios más elementales, a la pobreza energética. Ahora que empieza a hacer frío en las casas, ya están las familias, los pensionistas temblando, pensando si poner o no la calefacción. Los españoles saben que este Estado de bienestar es una palabra bonita que dicen los políticos, pero ellos luego, a la hora de encender la calefacción, a la hora de llenar la cesta de la compra o a la hora de pedir una cita con cualquier especialista, no viven ese Estado de bienestar.

La comunidad educativa lleva años reivindicando un Pacto de Estado por la educación. ¿Es algo que defienden en Vox o abogan más bien por una nueva reforma integral?

No hemos visto ninguna fórmula concreta en materia educativa que sea un Pacto de Estado. Las analizaremos el día de mañana. Pero llevamos décadas maltratando nuestra educación, y uno de los principales problemas es que haya 17 consejerías distintas gestionando lo que se podría hacer desde un ministerio a nivel nacional. Los mismos que reivindican una educación pública en realidad no están a favor de la calidad porque están a favor de 17 sistemas distintos. La EBAU, por ejemplo. ¿Por qué existe un nivel distinto en Andalucía y en Madrid? Si la educación pública vino a ser un ascensor social, ¿por qué es distinto en función de si eres un español que vive en Sevilla, en Almería o en Barcelona? Y en educación también estamos muy preocupados por el acoso escolar y, sobre todo, por el bullying a los niños con autismo en las aulas. Los porcentajes son gravísimos; son niños que están sufriendo realidades insostenibles de las cuales no se están encargando las administraciones públicas.

Para terminar. ¿Qué tiene que ofrecer Vox en políticas sociales?

Bueno, yo creo que con el conjunto de respuestas que he dado se ve perfectamente que hay muchos elefantes en la habitación de los que nadie está hablando y que Vox ha decidido poner el foco en las incomodidades y hablar de lo que les importa a los españoles. Y somos un instrumento y una herramienta para ellos, por lo cual yo creo que esa es la mejor garantía para saber que ese Estado de bienestar no sean palabras bonitas de los políticos en las comisiones, sino realidades que los españoles puedan pagar en su cesta de la compra.