Santiago Peña, destituido por el Congreso como presidente de Paraguay

A las 18.50, hora paraguaya, los 44 senadores del Congreso de Paraguay emitieron el mismo grito unánime: “¡Por la condena!”. El juicio político que amenazaba con prolongarse durante varios días concluyó el viernes en poco menos de 10 horas, con la decisión mayoritaria de los senadores, incluidos los del Partido Colorado en el Gobierno, de destituir al presidente Santiago Peña, acusado de ser responsable del fraude financiero del Banco Ueno. La entidad fue liquidada por el Banco Central dejando sin ahorros a casi tres millones de personas, el 60% de la población adulta de Paraguay.

En la plaza frente al Congreso, miles de ciudadanos estallaron con gritos de júbilo, enarbolando banderas y entonando la canción Patria querida.

Peña intentó primero presentar su renuncia; no se la aceptaron. Después, buscó ganar tiempo y solicitó al Congreso una prórroga de 72 horas para preparar su defensa, pero los senadores se lo negaron. Le dieron un plazo de apenas media hora.

Peña, quien a media mañana dio a conocer una foto con rostro enojado y desafiante, anunció que comparecería al juicio, pero finalmente decidió no presentarse, enviando a sus defensores, los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda. Ferreiro es conocido por haber ejercido también la defensa del presidente Fernando Lugo cuando fue sometido a juicio político y destituido en 2012, en lo que muchos consideraron entonces un golpe parlamentario.

Con alguna demora, el juicio a Peña se reanudó en horas de la siesta, permitiendo que los dos abogados presenten sus exposiciones. Centraron su estrategia en cuestionar el procedimiento legal, la viabilidad de la acusación y los efectos de la renuncia del mandatario.

Los abogados alegaron que el juicio se llevó a cabo bajo una “imposibilidad material de defensa”. Detallaron que el libelo acusatorio (que constaba de cientos de páginas y anexos) les fue trasladado a altas horas de la noche previa, otorgándoles menos de 12 horas para analizar el expediente antes de la audiencia.

Adolfo Ferreiro argumentó que el juicio político carecía de objeto y sentido debido a que Santiago Peña ya había presentado su renuncia voluntaria a la presidencia. Sostuvo que el Congreso actuó de forma arbitraria al no tratar ni aceptar de inmediato la dimisión, señalando que existen antecedentes parlamentarios donde el proceso se frena una vez que el acusado dimite.

La defensa descalificó el documento de la acusación, asegurando que carecía de rigurosidad jurídica y fundamentos probatorios sólidos. Ricardo Preda argumentó que el proceso no se puede sustentar únicamente en “indicios” o “chismes” respecto a los presuntos vínculos y la crisis de Ueno Bank.

Advirtieron que, al no cumplirse con las garantías básicas del debido proceso, el juicio político es nulo. Aseguraron que esta situación obligará a Peña a recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exponiendo al Estado paraguayo a una inminente sanción internacional.

Al responder sobre las causales financieras referidas al colapso de la entidad vinculada al presidente, los defensores relativizaron la responsabilidad directa del Ejecutivo afirmando que “los bancos caen en todos lados”, buscando desmarcar las decisiones de Peña de los problemas de solvencia de la institución privada.

A pesar de la extensa exposición técnica, estaba claro que la decisión política ya había sido previamente asumida. No importaba mucho lo que los abogados dijeran; los parlamentarios estaban decididos a destituir a Peña por unanimidad, lo que ocurrió tras cumplir apuradamente los procesos burocráticos.

Poco después de las 18, Santiago Peña se despidió con un mensaje en sus redes sociales: “Presenté mi renuncia para evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay. No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad (…) Me despido con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas”.

El vicepresidente, Pedro Alliana, asumió la presidencia al caer la noche. “Alliana es otro personaje cómplice de lo ocurrido, que responde a los intereses de su mentor y padrino Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado, al igual que antes lo fue Santiago Peña, pero aceptamos esta situación para dar continuidad institucional a la marcha del país”, resumió el senador opositor Rafael Filizzola.

Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, de 52 años, nacido en Pilar, al sur del Paraguay, fue gobernador de su departamento de Ñeembucú y presidente del Partido Colorado. En años anteriores enfrentó denuncias y cuestionamientos por supuestos casos de nepotismo y tráfico de influencias vinculados a la contratación de familiares en instituciones del Estado.

Su hija, Montserrat Alliana Encina, fue contratada en la Cámara de Diputados en 2018 y posteriormente obtuvo aumentos salariales (percibiendo más de 18 millones de guaraníes mensuales). Las denuncias también señalaron a su esposa (Fabiana Souto), su cuñado (Rodrigo Souto) y otros parientes con cargos o vínculos en distintas entidades estatales. Actualmente, está incluido en la denuncia penal por vaciamiento del banco Ueno, por haber conocido lo que venía ocurriendo y haber compartido las maniobras políticas de Santiago Peña.

Se espera que Alliana realice varios cambios en los ministerios y en el Banco Central, tras la debacle del banco Ueno, para tratar de minimizar los efectos de la crisis política y económica. Gobernará hasta el 15 de agosto de 2028. Ya no tendrá chances de presentarse para la reelección como presidente ni para cargos parlamentarios.

También se espera ver qué determinación tendrá la justicia con Santiago Peña en las próximas horas. El Ministerio Público abrió tres causas penales por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias, administración en provecho propio y abuso de poder. Se especula que podría ser detenido y encarcelado.