El psicodrama político de Paraguay se cerró este viernes con la destitución del presidente Santiago Peña, un clamor popular que no oculta el asunto clave: no se puede desafiar al poder eterno del país, el Partido Colorado. Minutos después, la Fiscalía de Paraguay ordenó la detención del ex presidente por "lesión de confianza".
"Peña no es un escombro, es basura política. En cada calle, en cada esquina del país hay un estafado", dijo el senador opositor Ever Villalba minutos antes de la votación que, de forma unánime, puso fin anticipadamente a los cinco años de gobierno de Peña, que debían culminar en agosto de 2028. El nuevo presidente es el hasta ahora vicepresidente, Pedro Alliana.
La sede de la soberanía popular paraguaya fue financiada por Taiwán. Y en ese edificio renovado gracias al dinero de la China capitalista, la República del Paraguay sacó adelante, en apenas un puñado de horas, un ejercicio de guillotinamiento político con escasos precedentes: una crisis financiera que se convierte fulminantemente en crisis política, un presidente que renuncia, un Parlamento que le dice que no, que lo llevará a juicio político para destituirlo y un presidente que se resiste.
Drama institucional
Un drama institucional, casi una serie de Netflix bajo los 35 húmedos grados de Asunción. En un día de tensión y agonía, la destrucción política de Peña sólo fue posible porque su propio partido, el Partido Colorado que gobernó 74 de los últimos 79 años, incluyendo la dictadura de Alfredo Stroessner, le bajó el pulgar. En Paraguay, con la oposición no alcanza, son las facciones de los colorados las que deciden.
Y la facción más poderosa es la de Horacio Cartes, ex presidente y potente empresario que le hizo pagar a Peña su intención de emanciparse, de crear un "peñismo" entre los colorados. Cartes impulsó en los medios y el Parlamento las dudas acerca de Ueno Bank, una fintech devenida en popular banco digital, y el sueño de Peña se derrumbó: la Fiscalía y la abrumadora mayoría del arco político aseguran que el ya ex presidente se benefició económicamente de su ayuda al banco quebrado, en el que el gobierno depositó parte importante del dinero de los pensionistas, y que dejó a buena parte de los paraguayos en ascuas en cuanto a sus ahorros.
Peña, de 47 años y muy ligado a Donald Trump y Javier Milei, había subido notablemente el perfil internacional de Paraguay, un país tradicionalmente bajo el radar. Cuando notó que Cartes, en 2023 su impulsor, le había bajado el pulgar, se reunió con el embajador de Estados Unidos en Paraguay, otro gran poder en la nación guaraní, para decirle que Cartes intentaría destituirlo. La ayuda esperada de Trump nunca llegó, apenas en las últimas horas un comunicado en el que la embajada, "como amigo y aliado histórico" del país, "expresa su solidaridad con el pueblo paraguayo durante la situación que atraviesa en este momento".
Vodevil
En los días posteriores al movimiento de Cartes, Peña intentó resistirse, pero finalmente, este jueves, renunció. El Congreso, sin embargo, no le aceptó la renuncia, y a partir de allí, entre la noche del jueves y el final de la tarde del viernes, se desarrolló un asombroso vodevil político.
El poder legislativo ratificó que en la mañana del viernes se sometería a juicio político al presidente, que seguía en el pleno ejercicio del poder pese a haber anunciado la renuncia. A las siete de la mañana, Peña envió una carta al presidente del Congreso, Basilio Núñez, pidiendo tres días para estudiar las 15 páginas del libelo de acusación y las 300 fojas anexas que había recibido a las 22.15.
"Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República. Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho", dijo Peña. El Congreso respondió al pedido de tres días dándole media hora extra.
Peña aseguró que iría al Congreso y hablaría con sinceridad descarnada: "Voy a exponer mi verdad, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos".
Hubiera sumado mucho al espectáculo, pero en vez de presentarse en el Senado, Peña se fue presumiblemente a la residencia presidencial de Mburuvicha Róga a organizar la mudanza. Algo (¿alguien?) le hizo ver que no le convenía expresar "verdades incómodas".
En manos de abogados
La defensa quedó en manos de sus abogados, uno de ellos Adolfo Ferreiro, que en 2012 intentó impedir, sin éxito, la destitución de Fernando Lugo. Núñez era partidario de darle más tiempo a Peña para preparar su defensa, y evitar así cualquier reclamación ante instancias internacionales, que los abogados del ya ex presidente adelantaron que interpondrán.
"Si nosotros no tenemos en cuenta plazos que se tuvieron hasta con expresidentes anteriores y llevábamos a tambor batiente una situación, tenemos esa posibilidad total de que después, de aquí a dos o tres años, el que paga es el pueblo paraguayo", dijo Núñez, que recordó lo sucedido con el juicio político a Lugo.
La sesión fue más intensa que tensa, con momentos para la distensión gracias al tradicional humor paraguayo, aunque también comentarios extraños como el del abogado Ferreiro: "No puede haber senadores activos y senadores pasivos, como si fueran homosexuales".
Bajo el calor de la agobiante primavera asunceña, la Plaza de Armas, frente al Congreso, exhibía a unos centenares de ciudadanos deseosos de protestar y ver destituido a Peña, pero conforme avanzaba la tarde y se acercaba la noche, más gente se reunió para palpitar el esperado desenlace.
Juicio político
"Peña sabía que el banco iba a caer", acusó la diputada del Partido Patria Querida, durante la etapa de acusación esta tarde en el Senado. "Y la gente, estúpida, puso su dinero", añadió antes de retractarse y retirar el "estúpido". "Esto es un juicio político, pero el penal le va a llegar pronto a Peña".
Con el corte abrupto al gobierno de Peña, Paraguay vuelve a caer en la inestabilidad institucional que marcó buena parte de la actual era democrática desde su inicio en 1989, con dos destituciones, una renuncia de un presidente y el asesinato de un vicepresidente.
