En Isla Cristina se debería estar hablando estos días de la tradicional fiesta de la Virgen del Mar, pero no es así. Desde el domingo, cuando se produjo el triple crimen, muchas de las conversaciones indagan sobre los pocos datos que han trascendido del tiroteo, una investigación que sigue bajo secreto de sumario pero cuya principal hipótesis es que se trate de un ajuste de cuentas entre dos familias dedicadas al tráfico de drogas. El conflicto entre ambos clanes se remonta a 2024, cuando un hombre murió tiroteado en el barrio del Torrejón, en Huelva capital, y otras dos personas resultaron heridas. El supuesto autor, apodado Baba, fue detenido posteriormente en Gijón.
Casi dos años después, si se confirma esta línea de investigación, habrían llegado las represalias. Las dos mujeres asesinadas el domingo eran, según la investigación, la madre y la hermana de ese hombre. Esta última, de 39 años, estaba embarazada de ocho meses y el bebé que esperaba también falleció. A ellas, hay que sumarle la muerte de un menor de 16 años que, según la subdelegada del Gobierno y el alcalde de Isla Cristina, no tenía parentesco ni relación con las dos mujeres, y dos heridos más: un joven de 18 que resultó herido grave, hijo de la mujer embarazada, y otra persona que recibió un disparo en una pierna y está fuera de peligro.
Pero este suceso, además de por la dureza de los hechos, pone en negro sobre fondo blanco una preocupación constante que tienen los que persiguen a las bandas del narcotráfico: la capacidad de fuego y el grado de organización que han alcanzado algunas de estas redes. El domingo, dos hombres encapuchados llegaron a la barriada de El Rocío en una motocicleta y uno de ellos abrió fuego con un arma larga. Después huyeron y, poco después, la moto apareció calcinada en un pinar próximo a la entrada de Isla Cristina. Junto al vehículo se localizó un arma que fuentes próximas al caso identifican como un AK-47. La investigación tendrá que determinar si fue utilizada en el ataque.
La escena ya no es nueva para los investigadores. “Tienen armas de guerra, fusiles de asalto”, advertía la fiscal Antidroga de Andalucía, Ana Villagómez, en la Cadena SER. La fiscal hablaba de un narcotráfico cada vez más “radicalizado” y de organizaciones “muy profesionalizadas”, capaces de funcionar “como una empresa”, con personas especializadas en distintas tareas. Una estructura que, según explicó, hace más complejas las investigaciones.
Pero el problema no termina con las detenciones. Villagómez reclamó también penas contundentes una vez que los acusados llegan a juicio. “Trabajamos con una ley del siglo XIX”, afirmó, y advirtió de la “sensación de impunidad” que genera el actual sistema. La fiscal reclamó una modernización de la Justicia, más medios y mayor cooperación internacional.
Villagómez no se refería concretamente a Isla Cristina ni vinculaba sus palabras con el triple crimen. Hablaba de una realidad más amplia, la de un narcotráfico que preocupa cada vez más en Andalucía, una fotografía a la que también se refería el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y que calificaba de “insoportable”. El líder autonómico ha reclamado al Gobierno central más medios para combatir esta lacra. “El narcotráfico no puede campar a sus anchas en Andalucía”, afirmaba.
Por su parte, la vicepresidenta tercera de la administración andaluza, Carolina España, se pronunciaba en esta misma línea y reclamaba “más medios policiales y medidas drásticas” ante esta “alarma social”. El PP de Huelva ha pedido igualmente más efectivos y medios para la provincia y ha planteado recuperar el OCON-SUR o crear una estructura similar contra el crimen organizado.
Recordemos que el OCON-SUR fue uno de los dispositivos especializados desplegados por la Guardia Civil dentro del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, creado para concentrar medios y capacidad de investigación contra las redes del narcotráfico. La propia Benemérita señala que el Plan Especial ha permitido, desde 2018, intervenir 1.700 toneladas de droga, un millón de litros de combustible y 1.300 narcolanchas, además de detener a 17.000 personas.
El narcotráfico ha cambiado. Se ha profesionalizado, ha ganado capacidad de organización y, en algunos casos, también capacidad de fuego. Es el escenario que describen quienes trabajan para combatirlo y quienes reclaman más medios. Mientras se suceden estas peticiones al Gobierno central, en Isla Cristina la Guardia Civil sigue buscando a los dos encapuchados que llegaron, dispararon y huyeron. El municipio sigue conmocionado y con una palabra, represalias, que vuelve una y otra vez a las conversaciones. La investigación tendrá que determinar si el tiroteo fue realmente un ajuste de cuentas y si existe riesgo de que la cadena de violencia continúe.
La vigilancia se ha reforzado en este pueblo costero mientras los investigadores tratan de reconstruir lo ocurrido: si el crimen fue realmente un ajuste de cuentas entre dos familias enfrentadas desde 2024, quién ordenó el ataque y quiénes son los hombres que lo ejecutaron. En ese enfrentamiento ya se habían producido amenazas, disparos desde azoteas, otro tiroteo con un muerto y un herido y actos intimidatorios con disparos al aire en Huelva capital.
Entre el Guadiana y el Carreras, Isla Cristina mira al Atlántico y a Portugal a través de una red de marismas, caños y canales que complica la vigilancia. Es también un entorno que las organizaciones dedicadas al narcotráfico han aprendido a aprovechar para moverse, esconder embarcaciones o abastecerse de combustible.
Así lo determina el Ministerio del Interior, que ha documentado en distintas operaciones el uso de este entorno por las redes de apoyo al narcotráfico. La más reciente, la operación Ánfora, comenzó después de que la Guardia Civil detectara un aumento de la llegada de narcolanchas a la ría Carreras para abastecerse de combustible. La operación terminó con 44 detenidos y la intervención de 16.250 litros de gasolina, además de dos armas cortas, dos carabinas y cuatro embarcaciones.
Los investigadores descubrieron que parte de ese combustible se almacenaba en garajes situados bajo bloques de viviendas antes de ser trasladado hasta las embarcaciones. El dato da una idea de hasta qué punto las redes de apoyo al narcotráfico pueden integrarse en la vida cotidiana de los municipios donde operan.
Pero la preocupación va más allá de la geografía de Isla Cristina. En otras operaciones recientes se han localizado arsenales que muestran la capacidad de fuego de algunas organizaciones. En Sevilla, una investigación contra el narcotráfico permitió intervenir cuatro subfusiles Skorpion y dos fusiles de asalto AK-47, además de droga y munición. En Málaga, la Policía Nacional localizó 36 armas largas, 11 cortas y 11 granadas de mano en una operación contra una organización dedicada al tráfico de armas y drogas.
Son operaciones diferentes y no tienen relación con el triple crimen de Isla Cristina. Pero dan cuenta de la preocupación por la profesionalización y el armamento de estas organizaciones. Algunas bandas ya no solo disponen de medios para introducir y distribuir droga. También cuentan con estructuras logísticas, personas especializadas y, en determinados casos, armas de guerra.
Nada de esto permite afirmar que haya una banda de narcotraficantes detrás del crimen, eso es precisamente lo que trata ahora de determinar la Guardia Civil, pero sí permite entender el escenario en el que se produce el tiroteo y la preocupación que desde hace tiempo genera en la costa de Huelva el avance de una violencia cada vez más vinculada al narcotráfico.
