El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha anunciado este miércoles la intención del sindicato de rechazar y, llegado el caso, impugnar la decisión de la Seguridad Social de comunicarse exclusivamente vía telemática, salvo excepciones, con los trabajadores de baja que reciben prestaciones por incapacidad temporal o permanente. Estas comunicaciones, que hasta el pasado 1 de septiembre se hacían por correo postal, afectan fundamentalmente, según ha precisado Álvarez, a las comunicaciones que se realizan a los trabajadores cuando superan un año de baja y deben acudir al tribunal médico para que evalúe su situación, así como a la resolución de dicho tribunal si decide emitir un alta automática del empleado.
Álvarez, durante un desayuno informativo con motivo de la vuelta de las vacaciones, ha precisado: “Es una temeridad que la Seguridad Social haga estas comunicaciones solo a través de SMS o correo electrónico. Un tribunal médico está para examinar los datos y ver que hay plenas garantías de que el trabajador se puede incorporar porque está deshaciendo una resolución del médico de atención primaria. Y no nos vamos a resignar a que se solucione todo por esta vía telemática. Se lo hemos dicho al Ministerio (de Seguridad Social). Y cada resolución que tomen, así la vamos a impugnar”.
A esto ha añadido que la decisión se haya tomado a través de una orden ministerial aprobada en mayo y que entró en vigor el 1 de septiembre, que, según Álvarez, no ha sido comunicada a los sindicatos. “Me sorprende que haya órdenes ministeriales que se aprueben por esta vía y otras tengan que ir al Consejo de Estado”, ha dicho sarcásticamente en referencia al real decreto reglamentario sobre el registro horario.
Desde la Seguridad Social defienden esta medida y explican que, desde principios de mes, avisan a los ciudadanos afectados “a través de mensajes SMS al teléfono móvil o al correo electrónico, que haya facilitado previamente la persona interesada a la Administración, de que se les ha realizado una comunicación o que tienen una notificación disponible en la sede electrónica; así como cuando esté pendiente de consulta”. Además, fuentes de este Ministerio añaden que “con el fin de facilitar el acceso a estas comunicaciones digitales, los trabajadores pueden acudir a cualquiera de las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), sin necesidad de contar con cita previa, para tramitar la expedición del certificado digital o clave permanente”, que les permita leer estas notificaciones.
Sin embargo, Álvarez ha insistido en que, al igual que ocurre con las redes de estafadores que se hacen pasar por entidades financieras para acceder a los datos bancarios, esta vía de comunicación exclusivamente telemática puede ser terreno abonado para nuevos delitos de ese tipo. Es más, ha asegurado que “habrá muchos ciudadanos que ni pinchen en la notificación por temor a ser víctimas de una estafa”.
En otro orden de cosas, el líder de UGT ha anunciado que la próxima semana se reunirá con los responsables de CC OO para intentar aunar posturas de cara a una estrategia conjunta de presión al Gobierno para que saque adelante algunas de las medidas sociolaborales que tiene pendiente aprobar. En concreto, ha asegurado que “sigue plenamente vigente” el ultimátum dado por los dos sindicatos en julio al Ejecutivo, según el cual aseguraron que no se sentarán a negociar nada más si el real decreto sobre el registro horario, modificado para recoger las precisiones del Consejo de Estado, no se aprueba durante el mes de septiembre.
En este sentido, ha asegurado desconocer en qué modificaciones de la norma que endurecerá el control horario está pensando el Gobierno, pero sí ha recordado que UGT ha exigido al Ejecutivo que introduzca en la ley de Prevención de Riesgos, en tramitación, una justificación que ancle el uso del decreto del registro horario, y dificulte con ello el recurso al Tribunal Constitucional que ya ha anunciado la patronal CEOE-Cepyme por este motivo.
La otra cuestión que podría condicionar las futuras negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos es la aprobación por parte del Ejecutivo del real decreto que impedirá que las futuras subidas del salario mínimo interanual sean absorbidas por pluses como el de antigüedad o nocturnidad u otros complementos. El propio presidente del Gobierno se comprometió hace más de un año a sacar adelante esta medida, que rechazan de plano los empresarios, pero a fecha de hoy sigue en el cajón del Consejo de Ministros. Ante esta situación, Álvarez ha indicado que acordará con CC OO si deciden exigir un mayor incremento del salario mínimo interprofesional para 2027, que compense estas posibles absorciones, o directamente no se sientan a negociar.
De momento, el máximo responsable de UGT ha señalado que los últimos datos de IPC, que ha escalado hasta el 4,3% en agosto, han dado ya al traste con la subida del salario mínimo interprofesional para 2026 (cuando se incrementó un 3,1% hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas). Por ello, ha preferido no respaldar aún la propuesta de su homólogo de CC OO, Unai Sordo, quien la pasada semana exigió que el salario mínimo subiera el próximo año más del 5%.
“Tenemos que juntarnos con CC OO y ver el IPC de septiembre y octubre y luego tomar una decisión sobre cuánto reclamamos, porque no pediremos lo mismo si el Gobierno aprueba la prohibición de que se compensen o absorban los pluses o si no lo hace”, ha dicho Álvarez, quien acto seguido ha precisado que si no se pudieran poner de acuerdo UGT y CC OO para esta demanda, “cada organización lo tendrá que explicar sin dramas”.
Finalmente, Álvarez ha pedido encarecidamente a la patronal que se siente a negociar el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que ya lleva casi un año de retraso (el último terminó su vigencia el 31 de diciembre de 2025). Este pacto que alcanzan plurianualmente las cúpulas sindicales y patronales sirve de guía en la negociación de los más de 4.000 convenios colectivos que regulan las relaciones laborales en España.
En este punto, el líder sindical ha asegurado que la reclamación de subida salarial, entre el 4% y el 7%, está plenamente vigente porque, además de esta exigencia, los sindicatos reclaman que los convenios incluyan cláusulas de revisión salarial, que garantizan que las subidas salariales compensen las posibles subidas de la inflación.
