La crisis de la vivienda en España: un freno a la movilidad laboral y la competitividad

La crisis de la vivienda no se limita solo a los problemas para encontrar casa y vivir en ella.

Tiene también consecuencias indirectas.

“Es un factor que dificulta la movilidad laboral en todo el país”, argumenta la Comisión Europea en uno de los documentos de trabajo preparados para elaborar las recomendaciones fiscales para España.

Y este efecto indirecto tiene otro a su vez: añadir problemas a la hora de que los empresarios den con los perfiles adecuados para sus vacantes, “lo que supone un reto para la competitividad”.

Ya el año pasado, la Comisión llamó la atención sobre la crisis que están provocando los altos precios de la vivienda en España y en el resto del continente.

Esta situación ha provocado la reacción de las instituciones europeas desde que ha comenzado la legislatura: la presidenta del Ejecutivo de la UE, Ursula von der Leyen, creó una cartera específica y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, llevó el problema ante los jefes de Estado y Gobierno por primera vez.

El asunto, además, se ha hecho un hueco en las recomendaciones del semestre fiscal europeo divulgadas este miércoles, uno de los hitos destacados en las citas anuales de la Unión Europea.

En ellas, hay una serie de recomendaciones como la simplificación de “normas y procedimientos”, “por ejemplo en Alemania y Países Bajos”; la puesta a disposición de suelo público para construir viviendas, “por ejemplo en Polonia”; la mejoría de las estructuras fiscales, “por ejemplo en Suecia”; o la necesidad de una “inversión adecuada” para la construcción de vivienda social, “por ejemplo en España y Lituania”.

“Sin una acción decisiva”, advierte el Comisión, “la escasez de viviendas y las desigualdades socavarán aún más la competitividad económica y la cohesión social, sobre todo en las regiones y ciudades más gravemente afectadas”.

Esta advertencia del documento general se traslada al caso español y se desarrolla en ese documento de trabajo, en el que se señala que “se requieren medidas de gran alcance destinadas a ampliar la oferta y aumentar el parque de viviendas sociales”.

Entre ellas habla de que “facilitar la disponibilidad de suelo, agilizar los procesos de concesión de licencias y reducir los cuellos de botella administrativos puede ayudar a superar algunas de las limitaciones”.

El menú prosigue con que “aprovechar las viviendas desocupadas y convertir edificios no residenciales en viviendas tiene el potencial de aumentar aún más el parque de viviendas disponible”.

La Comisión destaca, además, que “a falta de una oferta adicional de viviendas sociales” es clave no cambiar este uso si hay compraventas de los inmuebles “para ayudar a los hogares de rentas bajas y medias, reduciendo las disparidades regionales y promoviendo al mismo tiempo la inclusión social.

A pesar de que el problema de la vivienda apenas se trata en algo más de una página y algún anexo en un documento amplio de 134 páginas, en él se ve que toca varios elementos como la situación del sector cuando afirma que “un factor que puede contribuir a limitar la oferta” es “la alta fragmentación y baja productividad del sector de la construcción en España, donde dominan las pequeñas y las micro empresas con menos de 10 empleados”.

También se incide en que “las ayudas a la vivienda en el marco de la protección social siguen siendo limitadas”.

Además, la Comisión recuerda que ya en 2025 “se dio una recomendación específica” para acelerar medidas que afrontaran el problema.

Ahora se incide porque “se necesitan esfuerzos adicionales para cumplir con la recomendación y mejorar la accesibilidad en las nuevas construcciones y las reformas”.

Bruselas apunta que la aplicación desigual según la comunidad autónoma de la ley de vivienda “podría socavar su capacidad para alcanzar los objetivos previstos”.

La norma, apunta, “tiene por objeto impulsar la oferta de vivienda social y permitir la limitación de los alquileres en zonas con dificultades”.