Los serios avisos de este tórrido verano en Europa, con incendios que han devorado Francia o Bélgica, una ola de calor que dejó miles de muertos y un mar Mediterráneo insólitamente caliente, no hacen mella en Bruselas. La Comisión Europea de Ursula von der Leyen, en su segundo mandato, está llevando a cabo una serie de políticas controvertidas a las que ha puesto el freno de mano en algunas de sus ambiciones verdes por la presión de la industria, de grandes países comunitarios y también del Partido Popular Europeo (PPE), el partido mayoritario en la Eurocámara, donde puede apoyarse tanto en la coalición europeísta como en la extrema derecha. En Estrasburgo, una ultraderecha más numerosa –y ruidosa– que nunca trabaja sin descanso para “desmantelar la agenda verde”, su obsesión política en esta legislatura junto a la reducción de la inmigración.
El ambiente está muy caldeado. Pese a los avisos climáticos, el panorama geopolítico no ayuda a Europa a liderar en el frente ambientalista. Bruselas escucha las advertencias continuas tanto de los fabricantes y de los gobiernos nacionales sobre los estragos de Estados Unidos con sus aranceles y China con su competencia feroz. En el informe Draghi se advertía de que uno de los grandes problemas de la falta de competitividad europea frente a las otras grandes potencias mundiales es el exceso de regulación. La guerra de Ucrania y el encarecimiento de la energía, también por el cierre del estrecho de Ormuz tras la ofensiva de Donald Trump contra Irán, no han ayudado a abaratar los procesos de fabricación.
Con este panorama, Alemania e Italia, locomotoras gobernadas por Friedrich Merz y Giorgia Meloni, empujan sin descanso para flexibilizar los objetivos climáticos y dar un respiro a sus grandes industrias, especialmente la del automóvil. El lobby de los grandes fabricantes automovilísticos ya se apuntó un tanto muy importante en diciembre al lograr que la Comisión diera marcha atrás en su plan de prohibir los coches con motor de combustión en el 2035. Von der Leyen escuchó a los fabricantes y les planteó suavizar las normas para que sigan produciendo un número limitado de coches que emitan CO₂.
Todo, pese a que son varias las capitales, incluyendo España y Dinamarca, contrarias a este giro y defienden con uñas y dientes que la única vía de que la economía europea sea más competitiva es la descarbonización, algo que está generando ciertas tensiones dentro de las reuniones del Consejo Europeo. La última polémica fue este julio, hace un mes, cuando después de otras muchas presiones del mismo bloque industrial para abaratar el coste de la energía la Comisión propuso una reforma del comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), el peaje que obliga a las grandes industrias contaminantes a comprar permisos por emitir CO₂ y que algunos países europeos, como Italia, Polonia y República Checa, quieren desmantelar. Al final, después de un largo debate, Bruselas optó por otro mecanismo de “flexibilidad”: permitía a las industrias seguir contaminando durante más tiempo pero a la vez ofrecía un apoyo financiero a las empresas para invertir en tecnologías limpias.
Lo mismo sucedió al aprobar el año pasado un paquete para reducir la carga burocrática de las empresas que recortaba las exigencias medioambientales, retrasaba la entrada en vigor de medidas y reducía las multas. Se ha pospuesto también una ley que impide importar café, cacao, soja, madera o aceite de palma vinculados a la deforestación. “Estamos llevando a cabo una iniciativa de simplificación intensa. Una de las políticas es intentar simplificar las normas para facilitar la vida a nuestras empresas y reducir la carga administrativa, pero en ningún caso se trata de una desregulación”, respondió la portavoz Arianna Podestà esta misma semana. “Mantenemos nuestras ambiciones y contamos con objetivos climáticos muy claros”, subrayó.
