El Ministerio de Juventud e Infancia busca vías para aliviar el colapso de los sistemas de acogida en Ceuta, pero la posición política del PP bloquea las primeras soluciones. Hace dos semanas que el departamento que dirige Sira Rego puso sobre la mesa públicamente la opción de trasladar a unas 500 niñas de manera inmediata a la Península, donde se distribuirían en centros con capacidad para entre 20 y 30 menores a través de un convenio firmado con entidades privadas. El Ministerio pone el foco sobre la negativa de Ceuta a realizar el trámite, mientras fuentes oficiales de la ciudad autónoma alegan ahora que no tienen constancia “por escrito” de la existencia de esas plazas en organizaciones sin ánimo de lucro, y señalan que no es habitual que estas estén disponibles al margen de los acuerdos marco de cada comunidad. En el departamento que dirige Rego dicen que sí lo tienen, que se ha tratado además en reuniones bilaterales, pero rechazan ir al choque por esto.
Por tanto, en estos momentos hay una discrepancia técnica, pero sobre todo política, con un Partido Popular que ha hecho del rechazo a la acogida de menores en sus territorios caballo de batalla en esta crisis migratoria, lo que coloca a la ciudad autónoma que preside Juan Jesús Vivas entre la espada y la pared.
“Hemos puesto a disposición, ya están operativas, 500 plazas en Península para trasladar a niñas muy vulnerables. Esto contribuiría significativamente a rebajar la tensión y, por supuesto, a tratar de una manera humanitaria a estas niñas”, denunció el jueves Rego en los pasillos del Congreso, asegurando que todo “está a falta de que el Partido Popular, que gobierna en Ceuta, firme el traslado”. Desde la ciudad insisten en que el Ministerio planteó esta opción como una “propuesta de trabajo” y se comprometió a abrir la interlocución con los gobiernos autonómicos.
En Ceuta se remiten al artículo 18.4 de la Ley de Protección Jurídica del Menor, que regula el traslado de menores. Al tratarse de un asunto delicado, exponen, en 2015 se desarrolló un protocolo de coordinación. En su apartado séptimo, señala que “el traslado de un menor a un centro residencial ubicado en otra comunidad autónoma, pero no dependiente de su entidad pública de protección al menor, requerirá comunicación previa por parte de esta, pero no de su autorización”, como sí la necesitaría si este centro residencial dependiera de la entidad pública autonómica, según recoge el apartado anterior. Fuentes oficiales de Ceuta se escudan en que es la comunidad de acogida la que tiene que dar permiso para la firma, porque no tienen conocimiento “por escrito” de la existencia de esas plazas en organismos privados.
Fuentes de Juventud e Infancia insisten en que, al ser Ceuta la que tiene la tutela de estas menores, es quien puede acordar su traslado con esas organizaciones.
En el Gobierno central interpretan que, aunque el presidente Juan Jesús Vivas, del PP, tiene potestad para firmar esos convenios con las entidades de acogida, la presión que ejerce el partido con su rechazo a escala nacional hace que sea muy complicado tomar la decisión de reubicar a las niñas contra la voluntad de las comunidades. El Ejecutivo entiende que, para llegar a buen puerto, las negociaciones deben ser discretas, o de lo contrario, podría frustrarse cualquier traslado en un contexto de mucho ruido y enfrentamiento partidista a pocos meses de las elecciones autonómicas, municipales y generales.
Desde la ciudad autónoma sí apelan a la “corresponsabilidad” del resto del territorio en un asunto extremadamente delicado. “Pedimos que nos dejen un trocito de su tierra para tenerlos seguros mientras nosotros nos encargamos de buscar una solución duradera”, explican.
Aunque las derivaciones a la Península en caso de contingencia migratoria extraordinaria (esto es, cuando un sistema supera el triple de su capacidad) están reguladas en el real decreto aprobado en 2025, el procedimiento requiere de unos plazos que no resultan ágiles en una situación de emergencia como la actual. Frente a las 29 plazas disponibles, hay en estos momentos 1.711 niños, niñas y adolescentes en instalaciones de la ciudad autónoma. Y la estimación total que ha dado el Gobierno central estos días es de unos 2.500 en total, es decir, faltarían unos 800 por registrar. Desde el Ministerio se han planteado otras dos vías. Además de la firma del convenio con entidades privadas, se propuso en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de la semana pasada acuerdos bilaterales entre comunidades para derivar a los menores a sus sistemas con rapidez.
