El informe que la Policía ha entregado a la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva a Ceuta ―en el que se apunta que agentes marroquíes "guiaron" a los migrantes en el cruce de la frontera― sigue sacudiendo al cuerpo. El malestar en el Ministerio del Interior ha llevado al ministro Fernando Grande-Marlaska a enviar un escrito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en el que transmite su "preocupación" por el hecho de que la jueza María Tardón prohibiera al equipo policial al que encargó el informe que facilitase información a sus superiores. Perelló le ha contestado con otra carta, en la que ha respaldado la actuación de Tardón y le ha recordado al ministro que cuando un juez pide auxilio a cualquier equipo policial, este tiene el deber constitucional de prestar su colaboración. Así, ha subrayado que la jueza ha actuado en el "ejercicio de sus funciones constitucionales". "Todos debemos mostrar el máximo respeto", ha añadido.
La queja nace porque el comisario de Extranjería, Juan Ávila, trasladó por escrito a sus superiores que Tardón había pedido a través de una llamada telefónica que se mantuviera la "máxima reserva" sobre el contenido del informe sobre la entrada masiva a Ceuta. Según su relato, la jueza incidió en que actuaban como policía judicial y no podían compartir su información con sus jefes en la Policía o el Ministerio del Interior. A raíz de esta situación, fuentes de Interior precisan que Grande-Marlaska ha trasladado su "preocupación" a Perelló por la actuación de la instructora de la Audiencia Nacional.
El ministro ha insistido en que, ante la situación de crisis que atraviesa Ceuta, "no debería ser incompatible" que un equipo policial atienda los requerimientos de Tardón y que también informe a "sus superiores y responsables políticos" de todas las circunstancias que puedan "ser relevantes para la toma de decisiones en la gestión de una crisis de tal magnitud". En esta línea, ha recalcado que la información de la que dispone la Policía Nacional es "de gran interés" para su departamento y para que el Gobierno ejerza "con el mayor acierto sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado".
Grande-Marlaska ha insistido en que, en esta ocasión, debería ser compatible ""sin que se resienta la independencia judicial"" que la policía judicial informe a la jueza "a la vez que facilite al Gobierno y a sus miembros" ""también para el ejercicio de su función constitucional"" toda la información relevante para la toma de decisiones en aras "de la seguridad pública y de la seguridad nacional". Y ha recalcado, en el marco de la misiva, que ""como ministro del Interior, y también como magistrado"" respeta "escrupulosamente" la independencia judicial, el deber constitucional de prestar la colaboración a los jueces y el hecho de que la policía judicial dependa "exclusivamente" de jueces y fiscales.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces indican que, ante este pronunciamiento, Perelló ha enviado una carta a Interior en la que ha defendido que la actuación de Tardón "responde al ejercicio de sus funciones constitucionales, por las que todos debemos mostrar el máximo respeto". Además, la presidenta del Poder Judicial ha hecho hincapié en que la Constitución establece el deber de prestar la colaboración requerida por los órganos judiciales, general para todos los ciudadanos y especial para la policía judicial. Y también ha incidido en que la propia Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fija que la función de policía judicial corresponde a todos los miembros de todos los cuerpos, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia. Con todo, Perelló ha asegurado que coincide "plenamente" con Grande-Marlaska en que la situación en Ceuta es de "gravedad" y de "carácter extraordinario".
