Consejo de Política Fiscal y Financiera aprueba nueva financiación autonómica con 21.000 millones adicionales anuales

Diecisiete años después el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado una propuesta de nueva financiación autonómica que, si supera el trámite en el Congreso de los Diputados, inyectaría 21.000 millones más al año a las comunidades de régimen común. El Ministerio de Hacienda habla de un día histórico. Sin embargo, el planteamiento del Gobierno ha recibido el rechazo frontal de todos los ejecutivos del PP, así como de dos socialistas, Castilla-La Mancha y Asturias. El modelo es voluntario, lo cual implica que no todas las comunidades autónomas están obligadas a adoptarlo si se acaba aprobando en el Congreso de los Diputados, que es quien tiene la última palabra.

La reforma parte del pacto de investidura sellado por PSC y ERC en Catalunya. El partido dirigido por Oriol Junqueras ha participado activamente en la elaboración de este modelo. En enero de este año, la entonces vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo presentó en sociedad para, a continuación, concretar los detalles con las comunidades autónomas en un Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ahora es el ministro Arcadi España quien ha conseguido alumbrar la propuesta de reforma.

Hacienda estima que este modelo, si es aprobado en el Congreso, aportaría en el 2027, cuando podría entrar en vigor, 20.975 millones más que los que contempla el modelo actual, que data del 2009. Los recursos totales anuales serían de 224.507 millones para las comunidades autónomas de régimen común. En el último año liquidado, que corresponde al 2023, estos territorios recibieron 152.484 millones del sistema de financiación.

Por territorios, Andalucía sería el territorio más beneficiado. Recibiría 4.846 millones. Le seguiría Catalunya, con 4.686 millones; Comunidad Valenciana, con 3.669 millones; y Madrid, con 2.555 millones. El resto de territorios recibirían los siguientes recursos: Galicia, 587 millones; Asturias, 248 millones; Cantabria, 46 millones; La Rioja, 25 millones; Murcia, 1.188 millones; Aragón, 629 millones; Castilla-La Mancha, 1.248 millones; Canarias, 611 millones; Extremadura, 216 millones; Baleares, 412 millones; y Castilla y León, 271 millones. El dinero se repartirá en base a distintos criterios.

La España del 2026 es muy diferente a la del 2009. En estos 17 años los servicios públicos se han tensionado, por lo que uno de los principales criterios para definir la reforma afecta a la población ajustada. Se trata de definir el número de habitantes de cada comunidad autónoma ponderando variables que influyen en el coste de los servicios y en las necesidades de financiación. No es lo mismo una autonomía envejecida que otra con más jóvenes, por ejemplo. O una comunidad que se enfrenta a un problema de despoblación. Y otro territorio que cuenta con costes fijos.

Los criterios para calcular la población ajustada son los siguientes: el principal es la población protegida equivalente, que consiste en dividir la población en 20 grupos de edad para conocer qué territorio necesita un plus de financiación. Cuenta el 38%. La composición del padrón aporta un 30%. El número de niños y jóvenes en edad educativa supone el 17%. Y los mayores de 65 años y los parados sin prestación comprenden un 7% y un 1,5%, respectivamente. Otros criterios implican porcentajes menores, como la superficie, la dispersión, la insularidad o los citados costes fijos.

El modelo incorpora novedades, como un aumento del porcentaje de cesión del IRPF, que pasaría del 50% al 55%, y un incremento del porcentaje de cesión del IVA, que pasaría del 50% al 56,5%. Se mantiene el 58% en el caso de los Impuestos Especiales sobre el tabaco, el alcohol, la cerveza e hidrocarburos. Y se mantiene la capacidad tributaria de las comunidades autónomas, que es del 100%, en los impuestos de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, tributos sobre el juego y tasas y el Impuesto sobre Electricidad. La reforma implicaría, por tanto, una mayor cesión de impuestos que elevaría la financiación para las comunidades en unos 16.000 millones de euros.

Para evitar que se repitan grandes diferencias de financiación entre territorios, el modelo aprobado incorpora dos mecanismos de nivelación, uno horizontal y uno vertical. El horizontal implica que las comunidades con una capacidad tributaria por habitante ajustado por debajo de la media recibirán recursos y las que estén por encima serán aportadoras netas. El objetivo de Hacienda es reducir las distancias en financiación per cápita entre territorios. El mecanismo vertical consiste en una aportación extra del Estado de 19.000 millones al sistema. Hacienda asegura que con ello se reduce “en dos tercios la distancia de cada comunidad respecto al territorio que presenta la mayor financiación por habitante”.

La propuesta de modelo introduce una reformulación del funcionamiento de las entregas a cuenta para que las comunidades autónomas reciban los recursos de una forma más ágil. Ahora los territorios tardan dos años en recibir el dinero. Asimismo, las comunidades que así lo deseen podrán acogerse a un sistema de caja común o compartida en el que los ingresos del IRPF y otros impuestos llegarán de manera simultánea a la administración estatal y autonómica.

Las comunidades del PP han votado en contra de la propuesta de Hacienda porque consideran que la reforma se debería haber negociado de forma multilateral, con luz y taquígrafos, donde todas las autonomías presenten sus exigencias, hagan sus números y de ahí salga un modelo compartido.