La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) enfrenta una grave crisis financiera que arriesga las operaciones sustantivas de la institución, al punto de que su rector, Ángel Román Gutiérrez, dejó “libres” a los directores de las unidades académicas de la institución para “incrementar las cuotas a los alumnos”, y pagar con ellas salarios de docentes y trabajadores administrativos.
La situación de la casa de estudios fue divulgada por Colectivo Rojo, un grupo de investigadores y académicos universitarios que encabeza la maestra Sonia Viramontes Cabrera, candidata a la secretaría general del Sindicato de Personal Académico de la universidad en abril pasado, y Jenny González Arenas, que hasta mayo pasado fue secretaria general de la misma organización gremial.
La casa de estudios, que cuenta con más de 40 mil estudiantes y alrededor de 6 mil maestros y trabajadores administrativos, enfrenta las dificultades financieras más graves que haya visto: arrastra una deuda que supera 4 mil 500 millones de pesos, cuyo principal acreedor es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).
Además, tiene un déficit presupuestal severo, pues a pesar de que ejerce al año 2 mil 700 millones de pesos, le faltan alrededor de 710 millones para cerrar 2026.
En una declaración dirigida al rector Román Gutiérrez, a los integrantes del Consejo Universitario, así como a la sociedad de Zacatecas en general, Colectivo Rojo exigió al directivo –quien cumplirá en septiembre próximo un año al frente de la rectoría– poner en marcha acciones específicas para corregir la grave situación financiera de la UAZ.
Colectivo Rojo sostuvo que los apuros de la UAZ son tan graves, que “el rector está acudiendo personalmente a unidades académicas para informar y proponer medidas económico-políticas tendientes a paliar la problemática que tiene en jaque a la institución”.
Entre las propuestas de Ángel Román a directores de escuelas y centros de investigación universitarios “se encuentran el ajuste de la prima de antigüedad de los funcionarios, y que los docentes contratados por honorarios desde este semestre (agosto-diciembre), ya no sean pagados con el subsidio, sino que cada unidad académica se haga cargo de su contratación y pago”.
Círculo Rojo consideró que la propuesta más polémica de Román Gutiérrez fue “dejar libres a cada una de las unidades académicas para incrementar las cuotas (internas, de inscripción semestral) a los alumnos”.
Destacó que con esta medida, la UAZ cierra “los ojos ante las graves consecuencias que estos cobros significan para muchos estudiantes de escasos recursos, que vienen de los municipios”.
El plan del rector también alcanzará a jubilados, pues “aunque no haya sido oficial, la comunidad universitaria se entera por la prensa que las jubilaciones dinámicas significan para la institución una carga de 400 millones anuales”.
Por lo anterior, Colectivo Rojo exigió al rector corregir el desorden financiero y administrativo que heredó hace un año, que realice un “ajuste de la plantilla de funcionarios con base en lo autorizado por la Secretaría de Educación Pública” (SEP), pues actualmente la UAZ tiene 592 funcionarios, pero el gobierno federal sólo le autorizó presupuesto para 236. Es decir, en los últimos rectorados se crearon más de 350 puestos que constituyen una enorme carga financiera para la institución.
Asimismo, piden a Ángel Román reducir “salarios, prima de antigüedad, eliminación de bonos y demás prestaciones que disfrutan los funcionarios por encima de lo estipulado en el contrato colectivo de trabajo”.
Integrantes de Colectivo Rojo elaboraron una lista de 12 puntos con medidas que el rector debería adoptar de inmediato para aminorar la crisis.
Entre otras le exigen un “ajuste de las jubilaciones doradas a lo establecido en los contratos laborales” de los sindicatos de maestros y de trabajadores administrativos, y que cesen el “nepotismo y amiguismo en la contratación de personal docente y administrativo”.
También que Román Gutiérrez jubile a académicos “que vendieron beneficios”, por medio del programa denominado Venta y Sustitución de Prestaciones, que entre 2010 y 2011 promovió el entonces rector, Francisco Javier Domínguez Garay, en favor de 120 catedráticos y administrativos a quienes se pagó en conjunto más de 62 millones de pesos, con aval de la SEP y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Al final, esos 120 universitarios –entre ellos funcionarios y directores– “vendieron” sus prestaciones y no se fueron de la UAZ, siguieron trabajando y cobrando en la institución, muchos hasta la fecha. El programa tenía un fallo: no incluía una cláusula de retiro obligatorio. Cobraron sus cheques a cambio de renunciar a sus prestaciones futuras, pero siguieron en activo sin liberar sus plazas.
Integrantes de Colectivo Rojo también demandan al rector que su administración no contrate más personal académico por honorarios, y presente un “informe puntual de los ingresos propios de la institución, incluidos, rentas, prestación de servicios”.
Igualmente piden a Ángel Román informar con transparencia “los ingresos de cada una de las 34 unidades académicas (incluidos cursos, prestación de servicios, venta de productos, etcétera) y de la forma en que ejercen sus gastos”, así como “respeto irrestricto a nuestro contrato colectivo de trabajo”.
