Cuba permite a los emigrados invertir en el sector privado en medio de su peor crisis

El Gobierno de Cuba, en medio de la peor crisis de todos sus tiempos, admite ahora aquello que por décadas le ha costado aceptar: que si alguien tiene posibilidad de salvar el país, esos son los propios cubanos.

Esta semana, la Gaceta Oficial publicó el decreto que modifica las regulaciones que por años impidieron a los emigrados convertirse en socios empresariales en sus propias tierras. Una reforma al artículo 54 del Decreto Ley 133 lo confirma: “Pueden ser socios de las micro, pequeñas y medianas empresas y empresas privadas con más de cien (100) trabajadores, las personas naturales cubanas residentes en el territorio nacional o en el exterior y extranjeros residentes permanentes en Cuba”. La pregunta que se hacen todos, después de años de ostracismo, es por las garantías que tiene un cubano para lanzarse a invertir sin que el Gobierno dé marcha atrás a esta batería de aperturas.

En medio de una asfixia que el país venía arrastrando y que ha sido reforzada con el cerco económico y las sanciones de la administración de Donald Trump hacia La Habana, el propio gobernante Miguel Díaz-Canel había sugerido desde antes que estaban dispuestos a abrirle las puertas a los cubanos en el exterior. “A quien quiera construir con Cuba sin pretender imponer nada, le decimos con el corazón en la mano: aquí está tu casa, y aquí tienes la puerta abierta. Porque a esta patria, en esta hora, no le sobra ningún buen cubano”, había dicho anteriormente el mandatario, a días de que anunciaran su mayor reforma económica en años, un paquete de 176 medidas con propuestas que atribuyen mayor autonomía a las empresas estatales; autorizan la inversión extranjera del sector privado sin la mediación del Gobierno; una flexibilización y toma de decisiones sobre los salarios; la creación de bancos privados. O sea, el vuelco más radical anunciado en la isla desde 1959.

Algunas de esas medidas ya comienzan a implementarse, entre ellas esta, que permite a los cubanos emigrados convertirse en propietarios de empresas privadas, o participar como socios o trabajadores por cuenta propia, sin más exigencias que tener más de 18 años, estar limpio de deudas con el banco o el Estado, no ser cuadro o funcionario del Gobierno, y no estar cumpliendo una sanción por delitos incompatibles con la actividad solicitada. Los economistas creen que, sin dudas, se trata de un cambio relevante. “Crea un mecanismo legal para que los cubanos que residen en el exterior puedan participar en la vida económica del país. Están reflejando en normas, leyes, decretos esa posibilidad; eso es importante. No solo está a nivel de declaración, está a nivel de resolución de ministerios”, dice el economista Ricardo Torres, exinvestigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana y profesor en la American University de Washington.

No obstante, asaltan dudas de cuán confiable sería lanzarse a hacer un negocio en un país donde todo, a la larga, está controlado por un gobierno. “Se cambia el entramado legal, pero hay un problema que sigue existiendo acá: en última instancia, el sistema de tribunales, de impartición de justicia, sabemos que no es un sistema independiente. Es un sistema que está controlado por el Partido Comunista, entonces siempre está la duda de hasta qué punto ese sistema de administración de justicia va a ser imparcial cuando una sentencia vaya en contra de los intereses del Estado. Ahí hay un problema de base que genera dudas, incertidumbre. El problema no está en la norma en sí, sino en la impartición de justicia”.

Lo que es innegable, sin embargo, es que las normas que entran en vigor el próximo 9 de septiembre constituyen uno de los mayores cambios que el sector privado haya experimentado. Entre otras cosas, elimina las restricciones de no más de 100 empleados en una empresa, sin establecer un tope, y permite que los cuentapropistas puedan ser socios de pymes o cooperativas a la vez.

“Es una transformación imposible de desconocer”, asegura Torres. “Ya se pueden construir empresas privadas como tal, sin ningún límite de empleados, algo que era una petición importante. Ya pueden participar directamente en el comercio exterior; antes había una obligación de que fuera a través de empresas estatales. Pueden recibir inversión extranjera, participar como socios de una mipyme y se amplía el número de actividades en las cuales puede participar el sector privado. Aquí hay un impulso importante al sector privado, el problema es que esto está ocurriendo de manera muy discrecional”.

El Gobierno, a pesar de que lleva décadas con una crisis que ha empeorado durante los últimos cinco años, se muestra abierto a estos cambios luego de que Washington desactivara a Venezuela como su principal socio comercial, restringiera el envío de combustible desde el exterior e impusiera casi cada mes nuevas sanciones a funcionarios o entidades que comercialicen con el castrismo. Las medidas que ha tomado La Habana, muchas de corte liberal, vienen a transformar parte de la estructura centralizada de la economía cubana, aunque la dirigencia del país ha apuntado siempre a su convicción de preservar el socialismo.

“El Gobierno está básicamente reaccionando a una coyuntura”, dice Torres. “No ha habido de parte del gobierno cubano y del presidente Díaz-Canel una reflexión seria, genuina, honesta, aceptando que el modelo económico anterior no funciona y que esto es parte de un proceso para transitar hacia otro modelo económico”.

Hace unos días, durante una entrevista con la periodista brasileña Mônica Bergamo, del diario Folha de São Paulo, el mandatario aseguró que la ampliación del sector privado en la isla no era una medida de corte capitalista, sino “una concesión”. Torres considera que esto “es un problema muy grave, porque indica que, si mejorara por alguna razón la situación en el futuro, entonces volveríamos a regresar a la ruta anterior”, sostiene.

Otros de los factores en contra de estas mismas medidas, o que restringen el horizonte para visibilizar a Cuba como oportunidad de negocios, es la propia crisis en que está sumida la isla. Un país sin electricidad, con poco abastecimiento de agua, donde la gente vive al ritmo del mercado negro, con una inflación notable, no resulta un terreno muy atractivo para los inversionistas, menos aún en medio de todas las sanciones que ha impuesto Estados Unidos en el último año y que constituyen riesgos que no muchos se atreverían a asumir.

“Es muy difícil concebir un proceso de transformación de este tipo sin conectarse con la economía mundial”, sugiere el economista. “De ahí también la insistencia de que va a tener que buscarse un arreglo con Estados Unidos, porque con el régimen de sanciones y el nivel de deterioro de las capacidades productivas en la isla, las posibilidades de crecimiento del sector privado son limitadas. ¿Quién va a comprar lo que tu vas a vender? ¿Cómo te vas a financiar? ¿Cómo vas a traer el dinero que hace falta para invertir? ¿Cómo lo movilizas? Y luego, ¿cuáles son las perspectivas de crecimiento de la economía?”, se pregunta.