Oaxaca, Oax., Un año después de haber sido desplazados debido a una invasión territorial armada por parte de habitantes de Santa María Yolotepec, 225 personas originarias de la comunidad de Buenavista, perteneciente a Santiago Yosondúa, en la región de la Mixteca, continúan sin poder regresar a sus hogares, reclamaron autoridades municipales y comunales.
“El desplazamiento no significa únicamente haber abandonado una vivienda, sino estar lejos de la tierra que se trabaja, de los animales que representan un medio de subsistencia, de las cosechas, de los bienes que fueron construidos”, señalaron al recordar que hace 12 meses pobladores de Santa María Yolotepec irrumpieron en su localidad, donde quemaron unas 14 viviendas y varios vehículos con la finalidad de apropiarse de sus terrenos.
“Hay familias que dejaron sus casas, personas que tuvieron que abandonar sus tierras, animales y cosechas; bienes construidos durante años que fueron afectados; niñas, niños, mujeres, hombres y adultos mayores que han tenido que modificar su vida por una situación que no provocaron. No son solamente números ni expedientes, son familias que tienen derecho a vivir en paz”, recalcaron.
Las más de 200 víctimas de desplazamiento forzado, que integran 86 núcleos familiares, han tenido que vivir en un área de la azotea del palacio municipal y otros en casas de parientes, ante las agresiones armadas por parte de habitantes de Yolotepec.
“No puede normalizarse que una familia pase un año lejos de su hogar por temor a sufrir nuevos actos de violencia”, apuntaron, al tiempo que reclamaron la intervención del mandatario estatal Salomón Jara, quien no ha hecho nada por resolver el problema.
Los desplazados y sus autoridades puntualizaron que lo que buscan es una solución pacífica a esta situación, pues lo que menos quieren es que haya violencia; “los conflictos agrarios y territoriales deben resolverse mediante las instituciones, el diálogo, la conciliación y los procedimientos establecidos por la ley. Nadie debe hacer justicia por propia mano”, dijeron.
Sin embargo, puntualizaron que los delitos cometidos durante este año, que incluyen la quema de casas, vehículos y el saqueo de las viviendas de Buenavista deben ser investigados y sancionados, pues consideraron que la paz no puede significar impunidad.
Los inconformes solicitaron a los gobiernos federal y estatal garantizar la seguridad de los afectados; dar atención a las investigaciones de lo acontecido; la instalación de una mesa de diálogo, conciliación y construcción de paz.
También garantizar a las víctimas su derecho a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, así como generar las condiciones de seguridad necesarias para un eventual retorno voluntario, seguro, digno y sostenible de las familias desplazadas a sus hogares y tierras, cuando ello resulte material y jurídicamente procedente.
