Diez marroquíes expulsados previamente por radicalización son detectados en Ceuta tras la masiva entrada fronteriza

La Policía ha detectado a diez marroquíes en Ceuta que ya habían sido expulsados de España con anterioridad por radicalización islamista. Sobre todos ellos, indican a EL MUNDO fuentes policiales, pesaban prohibiciones de entrada en territorio nacional por su estrecha vinculación con procesos de radicalización yihadista. Los hombres accedieron a España a finales de julio, cuando se produjo la entrada masiva en Ceuta. Tras identificarles, la Policía procedió a expulsarlos del país y devolverlos a Marruecos.

En paralelo, las autoridades mantienen abierta la vigilancia sobre posibles perfiles vinculados al extremismo violento, tal como apuntan las mismas fuentes consultadas. España cuenta con mecanismos «específicos» para detectar procesos de radicalización y prevenir amenazas terroristas, y la Policía Nacional ha desarrollado en los últimos años numerosas operaciones contra personas vinculadas con organizaciones yihadistas o con procesos de radicalización. La existencia de estos mecanismos es precisamente la que permitió, en los diez casos detectados en Ceuta, conocer que los inmigrantes marroquíes ya habían sido objeto de actuaciones anteriores y que no podían regresar legalmente a España. Sin embargo, los agentes destacan la dificultad para realizar las identificaciones dado el desorbitado número de inmigrantes que accedieron a España violentando la frontera.

En la actualidad, miles de ellos continúan en Ceuta sumiendo a la ciudad autónoma en un desgobierno difícil de abordar. La respuesta policial para realizar las identificaciones y proceder a la expulsión de personas que tienen prohibida la entrada en el país por cometer delitos continúa. Además, los agentes mantienen una línea férrea para garantizar la seguridad y perseguir cualquier delito o amenaza en las calles de la ciudad. En materia antiterrorista, además, la precisión resulta esencial. En conjunto, la Policía Nacional ha tenido que afrontar simultáneamente tareas muy diferentes: atender a personas en situación de vulnerabilidad, localizar a menores, garantizar la seguridad ciudadana, investigar delitos y comprobar la identidad y situación administrativa de quienes permanecen en Ceuta. La magnitud de la llegada convierte cada una de esas operaciones en un desafío añadido para los cuerpos policiales.

La preocupación adquirió una dimensión especial cuando los sistemas de información alertaron de que diez hombres ya habían sido expulsados de España precisamente por motivos relacionados con la seguridad. Por eso, una de las prioridades de los servicios policiales durante estas semanas ha sido precisamente depurar identidades y cruzar información. La Policía Nacional es el cuerpo competente en materia de control de documentación y comprobación de prohibiciones de entrada en frontera, mientras que la Guardia Civil desempeña las funciones de vigilancia y control del perímetro fronterizo. En los casos en los que se obtiene una identidad, la consulta de las bases de datos permite determinar si existen órdenes judiciales, prohibiciones de entrada, antecedentes o alertas que requieran una actuación inmediata. La enorme dimensión de la entrada de finales de julio ha multiplicado la dificultad. La identificación individual resulta mucho más compleja cuando decenas de miles de personas cruzan de forma prácticamente simultánea una frontera, muchas de ellas sin documentación o sin que inicialmente pueda establecerse con certeza su identidad. El trabajo posterior de las Fuerzas de Seguridad consiste precisamente en reconstruir esa información y determinar la situación concreta de cada persona.