A principios de su segundo mandato, Donald Trump arremetió contra un “lunático de la izquierda radical... alborotador y agitador”. El culpable no se dedicaba a colocar bombas ni a instigar disturbios, sino que era un juez que, según dijo, “como muchos jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, debería ser DESTITUIDO”. La ofensa del juez había consistido en ordenar que garantizara los derechos procesales de las personas que pretendía deportar.
Trump 2 ha desmantelado organismos gubernamentales, recortado el gasto, doblegado a su antojo a instituciones públicas y privadas, transformado el Departamento de Justicia (que ha pasado de ser un ente semiautónomo para la aplicación de la ley a ser un ejecutor de sus venganzas personales) y deportado a un número sin precedentes de inmigrantes.
El propósito de la Constitución, escribió el juez del Tribunal Supremo Robert Jackson (cuando reprendió al presidente Harry Truman por la nacionalización de la industria siderúrgica en 1952, en plena guerra de Corea) “no era solo otorgar poder, sino evitar que este se descontrole”. La pregunta hoy es si los tan cacareados “controles y equilibrios” sobre los que se sustenta la Constitución pueden impedir que Trump se descontrole. Hasta ahora, la respuesta es ambigua.
Los aliados republicanos de Trump, que dominan el Congreso, han mostrado escaso interés en controlar su usurpación del papel constitucional del Congreso. Un legislador que se le oponga se expone a enfrentarse a un rival respaldado por Trump en los procesos internos del partido que seleccionan a los candidatos para las elecciones generales. Dos senadores republicanos muy respetados, a quienes Trump consideraba insuficientemente leales a él, y un díscolo miembro republicano de la Cámara de Representantes han perdido recientemente esas contiendas internas del partido frente a rivales respaldados por Trump.
Los jueces del Gobierno nacional (jueces federales) no tienen esa preocupación. Gozan de un mandato vitalicio, y solo pueden ser apartados de un modo no voluntario mediante un proceso político-judicial de destitución que rara vez se ha utilizado. Muchos de ellos han controlado, al menos temporalmente, la avalancha de medidas ejecutivas de Trump con otra avalancha de resoluciones judiciales, pero las relativamente escasas decisiones del Tribunal Supremo le han dado en gran medida la razón. Las incógnitas son si el Tribunal se volverá menos complaciente, cómo reaccionará el presidente si eso ocurre y cómo podrá colocar en los tribunales inferiores a jueces menos propensos a considerar ilegales sus políticas.
Los tribunales federales están compuestos por más de 1.200 jueces principales a tiempo completo y semijubilados (y cerca de 1.000 jueces subordinados) que ejercen a lo largo de todo el país en los “tribunales inferiores” (tribunales de primera instancia, de distrito y de segunda instancia, de apelación) y que tienen en su cúspide a los nueve magistrados del Tribunal Supremo. Los presidentes, con la aprobación de la Cámara Alta (el Senado), nombran a los magistrados y a los jueces principales de los tribunales inferiores. Son esos jueces, y no los 30.000 jueces de los 50 estados, quienes examinan los recursos judiciales contra las medidas de Trump.
El Trump Administration Litigation Tracker de una facultad de Derecho recogía a mediados de mayo más de 800 demandas presentadas ante tribunales de distrito contra el Gobierno por particulares, grupos y gobiernos estatales y locales, en diez categorías que abarcaban desde los derechos civiles hasta la estructura gubernamental y la legislación mercantil.
Como respuesta, por citar algunos ejemplos, los jueces de distrito han frenado los intentos de Trump de procesar a sus oponentes con pretextos sin base legal, limitar la prensa, castigar a los bufetes de abogados que defienden a oponentes políticos, despedir a miles de funcionarios públicos, construir un enorme salón de baile junto a la Casa Blanca y detener y deportar a inmigrantes que, según afirma, se encuentran en el país ilegalmente. Los jueces han invocado violaciones de las disposiciones constitucionales sobre prensa, libertad de expresión y garantías procesales, así como sobre requisitos del derecho administrativo, entre otras leyes.
Muchas sentencias de los tribunales de distrito se encuentran en diversas fases de revisión por parte de los tribunales de apelación. Una pequeña parte de ellas será revisada por el Tribunal Supremo. Las que lo sean sentarán precedentes que todos los jueces de instancias inferiores deberán respetar si se plantean casos similares.
La sentencia del Tribunal Supremo de febrero del 2026, que anuló la mayor parte de los aranceles de Trump, fue la primera que abordó el fondo de una política de Trump 2. Cuando concluya su actual período de sesiones, a comienzos de julio, el Tribunal habrá dictado decisiones de fondo sobre su autoridad para destituir a funcionarios de agencias federales, negar la ciudadanía a algunas personas nacidas en EE.UU. y poner fin al estatus protegido de algunos inmigrantes, con más decisiones en su próximo período de sesiones, que comienza en octubre.
Pese a la ausencia de fallos concluyentes sobre las políticas de Trump 2, el Tribunal se ha mostrado muy receptivo a las “mociones de emergencia” de los abogados del Gobierno que han solicitado que dichas políticas sigan vigentes mientras los litigios que las impugnan no desembocan en pronunciamientos sustantivos. Por ejemplo, mediante una rápida votación de seis contra tres, permitió que el Departamento de Eficiencia Gubernamental creado por Trump y dirigido por Elon Musk revisara millones de expedientes personales conservados por el organismo público encargado de las pensiones mientras los tribunales deciden si dichos expedientes están protegidos. Los seis jueces republicanos y los tres demócratas del Tribunal no han dejado de enfrentarse sobre esas mociones.
¿Cómo han respondido los tribunales inferiores?
Dado que son todavía muchos los casos que se tramitan en los tribunales, resulta imposible evaluar plenamente el extenso panorama procesal generado por Trump 2. Sin embargo, todo parece indicar que estamos ante un poder ejecutivo recalcitrante que en ocasiones hace caso omiso de la ley, en guerra con un poder judicial inferior muy independiente, según algunos excesivamente agresivo.
Algunos ejemplos. Cuando los agentes de inmigración causaron estragos en Minnesota a finales del 2025, los abogados de los detenidos presentaron cientos de demandas, y los jueces dictaron cientos de resoluciones que proporcionaron amparo a los inmigrantes afectados y ordenaron la puesta en libertad de muchos de ellos. El juez principal del distrito de Minnesota declaró que las autoridades de inmigración habían violado probablemente más órdenes judiciales en un mes que “algunos organismos federales en toda su existencia”. El Gobierno calificó los comentarios de “diatriba de un juez activista” (un antiguo ayudante del icono conservador Antonin Scalia).
Cuando los jueces, conforme con la ley, han nombrado fiscales federales locales porque el Senado no aprobaba a los candidatos de Trump, este ha acostumbrado a destituir a los designados e intentado aplicar dudosas componendas para colocar a sus candidatos preferidos. Un juez se quejó de que al Gobierno le importaba más quién dirigía una fiscalía federal que si “funcionaba o no”.
Trump se ha negado a proporcionar fondos aprobados por el Congreso a ciudades o estados con políticas a las que él se opone. Un juez dio la razón al estado de Maine cuando este demandó al Gobierno federal por recortar los fondos para comidas escolares porque a Trump no le gustaban las opiniones del gobernador del estado sobre los atletas transgénero. A fecha de marzo del 2026, un análisis contabilizó 198 demandas en las que los tribunales ordenaron al Gobierno que dejara de recurrir a esas tácticas.
El Departamento de Justicia, indignado por las decisiones en materia de inmigración de quince jueces de un distrito judicial, presentó una demanda sin precedentes contra los quince. Un juez supervisor asignó el examen de la demanda a un juez de un distrito diferente, quien la desestimó de inmediato.
Al hacerlo, el juez (nombrado por Trump) puso de manifiesto otro aspecto de la guerra gubernamental contra los tribunales: un “esfuerzo concertado [...] para difamar y desacreditar a los jueces individuales que fallan en su contra” tildándolos de “liberales, activistas, radicales, con mentalidad política, rebeldes, desquiciados, abusivos, con celo excesivo, inconstitucionales, corruptos y cosas peores”. Quizás en respuesta a tales ataques, el consejo de formulación de políticas administrativas de los tribunales (la Judicial Conference of the United States), un órgano habitualmente comedido, revisó sus directrices éticas para sancionar “la defensa mesurada de los colegas judiciales frente a formas ilegítimas de crítica y ataques que corren el riesgo de socavar la independencia judicial o el Estado de derecho”.
Los descalificativos no han dado lugar a decisiones más favorables a Trump, pero han contribuido a fomentar un incremento de lo que el Departamento de Justicia denomina “comunicaciones, contactos y comportamientos que suponen un peligro potencial” para los jueces y sus familias: 241 amenazas solo en el semestre comprendido entre octubre del 2025 y mediados de marzo. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts jr., reconoció que los jueces esperaban críticas legítimas, “pero la hostilidad dirigida personalmente es peligrosa y debe cesar”. No cabe duda de que tales advertencias (como la declaración anterior de Roberts en la que reprendía a Trump por exigir la destitución de los jueces) refuerzan la moral de los jueces. Su impacto en Trump va a ser absolutamente nulo.
El Tribunal Supremo
Trump se mostró en un principio deferente con el Tribunal Supremo, pues no veía gran ventaja en atacar a un tribunal que fallaba en gran medida a su favor en cuestiones de procedimiento y que tiene previsto dictar sentencias sobre la legalidad sustantiva de sus políticas.
Trump ve el Tribunal Supremo en términos transaccionales y las sentencias judiciales como un aspecto de la negociación. Cuando se encontró con Roberts en un acto al inicio de su segundo mandato, las cámaras lo captaron diciendo: “Gracias de nuevo. No lo olvidaré” (lo que sin duda avergonzó a Roberts). Los periodistas conjeturaron que Trump se refería, como sin duda era el caso, a una decisión muy controvertida del Tribunal Supremo del 2024, en la que Roberts fue portavoz del Tribunal y que dictaminó que los presidentes gozan de una sustancial inmunidad frente al enjuiciamiento. (Un gran jurado había acusado en el 2023 a Trump de haber intentado anular su derrota electoral del 2020.) Trump atacó entonces a los periodistas por tratar de “crear una división entre nuestro gran Tribunal Supremo de EE.UU. y yo” y afirmó, como si alguien fuera a creerlo, que se había limitado a agradecer a Roberts la rutinaria gestión de su investidura presidencial, unos meses antes. En fechas recientes, ha comentado a algunos círculos de Washington que no repetiría una broma “desagradable” sobre Roberts, “porque voy a besarle el culo durante mucho tiempo”.
El velo de deferencia de Trump se desvaneció después de que el Tribunal invalidara sus aranceles. Tildó a los jueces que fallaron en su contra de ser “una vergüenza para nuestra nación”, “tontos y lacayos de los demócratas de izquierda radical” y se mostró especialmente duro con dos designados por él que fallaron en su contra: “dos de las personas que votaron [contra los aranceles] las nombré yo, y me dan asco”. Ellos y otros jueces designados por los republicanos (Roberts, por ejemplo, fue designado por George W. Bush) “faltan abiertamente al respeto de los presidentes que los nombran” y “se apartan de su camino, con fallos e intenciones erróneos e injustos, con el fin de demostrar lo honestos, independientes y legítimos que son”. Los indicios de un ejercicio judicial responsable se convierten en epítetos para negociadores poco fiables.
Pese a esos ataques tan fuera de tono, es probable que Trump tenga en el Tribunal Supremo más éxito que el cosechado en los tribunales inferiores. La independencia judicial de la que se ha burlado podría beneficiarlo. La mayoría de seis miembros nombrados por los republicanos comparte (y aplica con firmeza) la opinión, tal como la expresó Roberts en el caso de la inmunidad, de que “el sistema de separación de poderes diseñado por los padres fundadores siempre ha exigido un Ejecutivo enérgico e independiente [...], al margen de la política, las políticas o el partido”.
Si el Tribunal resuelve los próximos casos a favor de Trump, los tribunales inferiores se verán obligados a acatar esas decisiones. Puede que remitan entonces las polémicas batallas legales en los tribunales inferiores, pero es probable que el apoyo público al Tribunal siga disminuyendo. Según una reconocida encuesta, un 63% de la población apoya las decisiones sobre aranceles, pero solo un 44% aprueba al Tribunal en general; un porcentaje ligeramente superior al índice de aprobación de Trump, que es de un 36%.
¿Acatará Trump las decisiones desfavorables?
Al margen del éxito que acabe teniendo, Trump no va a ganar todos los casos ante el Tribunal Supremo. Los presidentes anteriores acataron las decisiones desfavorables. Truman cedió el control de las acerías cuando el Tribunal dictaminó que las había confiscado ilegalmente. Dwight Eisenhower utilizó tropas federales en 1958 para hacer cumplir las órdenes del Tribunal sobre la desegregación escolar, aunque dudara de su acierto. En 1974, Richard Nixon, por orden del Tribunal, hizo públicas las grabaciones secretas del encubrimiento del caso Watergate, a sabiendas de que ello pondría fin a su presidencia.
Trump es un transgresor de las normas, pero hasta ahora no ha desafiado abiertamente al Tribunal Supremo. De hecho, tras calificar al Tribunal que invalidó los aranceles de “poco más que una organización política injusta y utilizada como arma”, afirmó: “Lo único que puedo hacer como presidente es denunciar su mal comportamiento”... y recurrir a otras leyes para imponer aranceles. Su Administración está estableciendo un mecanismo para reembolsar los aranceles que el Tribunal dijo que había impuesto ilegalmente. Antes, había retirado los soldados de la Guardia Nacional de Chicago cuando el Tribunal se negó a revocar una orden de un tribunal inferior que le obligaba a hacerlo; y, en realidad, consiguió con ello una salida que le permitía salvar las apariencias frente a una impopular campaña de control de la inmigración.
¿Qué hará Trump si el Tribunal desestima otros proyectos suyos? Una primera prueba podría llegar cuando el Tribunal invalide (como es casi seguro que hará) su orden que revoca el consenso centenario según el cual, salvo excepciones muy limitadas, los nacidos en EE.UU. adquieren la ciudadanía.
