Pedro Sánchez ha comparecido este jueves ante el pleno del Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la gestión de la crisis de Ceuta tras la entrada masiva de 72.000 personas desde Marruecos y un día después de que se conociera un informe policial que apunta a una posible participación de agentes marroquíes en el desarrollo del asalto.
Ante un hemiciclo pendiente de las responsabilidades del país vecino por los hechos acontecidos los días 30 y 31 de julio y de las posibles advertencias que recibió el Ejecutivo, el presidente del Gobierno ha defendido que “no se puede concluir” que la entrada masiva estuviese “diseñada por Marruecos”, aunque ha admitido que habrá que investigar si hubo “inacción o incapacidad” de las autoridades marroquíes.
Un matiz tras el que ha revelado que el Gobierno convocó a la embajadora de Marruecos en Madrid el pasado 21 de agosto, después de que dos ministros marroquíes aludieran a la “lucha sagrada para liberar las ciudades ocupadas”. “Dos declaraciones, señorías, que, por supuesto, hemos rechazado tajantemente”, ha afirmado de manera contundente.
Sánchez ha convertido así su intervención en una defensa política de la ciudad autónoma, de la actuación de los agentes españoles durante aquellas dos jornadas y de la respuesta dada por el Gobierno. Su discurso, ha explicado, ha pretendido responder a “las tres preguntas que la ciudadanía demanda” ante la crisis: “¿Se pudo evitar esta crisis?, ¿Quién o qué la produjo?, y ¿Qué hace y hará el Gobierno a partir de ahora?”
El líder socialista ha querido fijar ese marco desde el primer minuto. Y para ello ha recurrido a un símbolo del propio Congreso para reivindicar la españolidad de Ceuta y Melilla. Al recordar el origen de los leones que flanquean la Cámara Baja, fundidos con cañones capturados tras la guerra de África, ha evocado el Tratado de Wad-Ras, que puso fin al conflicto y contribuyó a “consolidar la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla a perpetuidad”.
“Desde hace siglos, estas dos ciudades son españolas. Desde aquel tratado, lo son por acuerdo diplomático. Y les aseguro que así van a seguir hasta el final de los tiempos”, ha proclamado ante el hemiciclo. “Ceuta no es la frontera de España. Ceuta es España en la frontera”, ha remachado minutos después.
Esa reivindicación, y la condena a las declaraciones de dos ministros marroquíes, no ha llevado, sin embargo, al presidente a cuestionar la necesidad de mantener la cooperación con Rabat. Sánchez ha defendido que España tiene que “seguir cooperando con Marruecos” y mantener “una relación de buena vecindad” porque responde al interés general. Pero ha introducido una matización: “Después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente”.
Sobre la responsabilidad de Marruecos en la entrada masiva, Sánchez ha mantenido la posición que el Gobierno ha defendido desde el comienzo de la crisis. Tras las investigaciones realizadas hasta ahora, ha dicho, “no se puede concluir” que el asalto estuviese “diseñado por Marruecos”. El presidente ha admitido, eso sí, que tanto el Gobierno central como el ceutí y el conjunto de las instituciones del Estado habían detectado un incremento de las llegadas y se habían coordinado para hacerle frente. Se trataba, según su versión, de un repunte “significativo, pero en absoluto inédito y excepcional”.
La diferencia que ha establecido Sánchez es, por tanto, entre detectar un aumento de las entradas y recibir una alerta que permitiera prever la dimensión de lo que finalmente sucedió. Ha asegurado que el Gobierno ha examinado “todos los informes, todos los mensajes, notas verbales” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Centro Nacional de Inteligencia remitidos a las autoridades políticas y a la Delegación del Gobierno en Ceuta, y que ninguno “previó ni la escala, ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo”.
“La respuesta es clara: no lo hizo, no lo hizo”, ha insistido. Según Sánchez, aquellas comunicaciones no pasaron de “la descripción de los datos” y “el aviso rutinario”.
El presidente ha situado el cambio de escenario en la mañana del 30 de julio. “La situación cambia de forma radical y también repentina”, ha sostenido. Según su reconstrucción, las redes sociales comenzaron entonces a llenarse de mensajes y vídeos que animaban a cruzar la frontera, en ocasiones bajo el argumento de que una sentencia del Tribunal Supremo impedía las llamadas devoluciones en caliente.
Sánchez ha aprovechado este episodio para acusar a la ultraderecha de contribuir a la difusión de bulos durante la crisis, en una estrategia que ha comparado con la que, a su juicio, ya empleó durante la pandemia de covid y la dana.
Pero el relato del presidente ha encontrado uno de sus puntos más delicados precisamente en la actuación del CENIF, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional. Sánchez ha reclamado explicaciones sobre por qué una nota informativa elaborada el 29 de julio no fue remitida a ningún superior en la cadena de mando de la Policía ni al Ministerio del Interior. La actuación del organismo, ha asegurado, “tendrá que explicarse”.
La pregunta adquiere especial relevancia porque el informe elaborado posteriormente por el CENIF y remitido a la Audiencia Nacional apunta a una entrada planificada y describe la participación de miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes en el “guiado” de migrantes hacia la frontera.
En este punto, Sánchez ha situado el foco en una cuestión distinta: no solo qué información existía, sino qué recorrido tuvo dentro de la cadena de mando. Su intervención deja así abierta una investigación sobre el propio funcionamiento de los servicios policiales de información mientras el Gobierno mantiene que no recibió ninguna alerta extraordinaria que anticipara la magnitud de la crisis.
La tercera pata de la intervención de Sánchez ha sido la actuación de los agentes durante la avalancha. Cuando el cruce a nado se hizo masivo, ha explicado, los policías tuvieron que tomar “una decisión operativa en minutos”. Dejar pasar momentáneamente a quienes estaban alcanzando la frontera o tratar de contenerlos por la fuerza, con el riesgo de provocar una tragedia todavía mayor.
El presidente ha defendido sin ambages la primera opción. “Los agentes españoles decidieron dejar pasar a los migrantes momentáneamente. Creo que hicieron lo correcto”, ha afirmado. Sánchez ha recordado los 141 fallecidos y ha sostenido que la alternativa habría podido elevar todavía más el número de víctimas. “Ante la amenaza respondieron con humanidad”, ha insistido para admitir que ningún Estado puede garantizar la seguridad de una frontera “al 100%”. De ahí, ha argumentado, la necesidad de mantener la cooperación con Marruecos, aunque esta deba cambiar después de lo ocurrido.
La defensa de los agentes ha ido acompañada de una reivindicación del Estado de derecho. “No se puede coger a un ser humano del brazo y arrojarlo sin más al otro lado de la frontera como si fuera un saco de tierra”, ha señalado. Y ha advertido: “Una democracia no es más fuerte por saltarse la ley para resolver un problema”.
Sánchez ha presentado finalmente la actuación del Gobierno como una combinación de respuesta humanitaria, defensa de la frontera y refuerzo institucional. Y ha reclamado “unidad y lealtad institucional” para afrontar las consecuencias de la crisis. “Es la receta para salir de la crisis. Todo lo demás no va a traer nada bueno”, ha asegurado.
