
La nueva ordenanza de civismo, apoyada por PSC, Junts y Vox, sancionará con multas de hasta 750 euros el uso de burkas y niqabs en la vía pública.
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El Tribunal Supremo anuló en 2013 una ordenanza similar en Lérida por vulnerar la libertad religiosa. El TEDH ha dejado desde entonces a criterio de los Estados la regulación de esta cuestión.
El Ayuntamiento de Lérida ha aprobado la prohibición del uso del burka y el niqab en las calles de la ciudad y los espacios públicos. Lo ha hecho a través de una nueva ordenanza de civismo impulsada por el PSC -el partido que ostenta la Alcaldía- y que ha contado con el decisivo apoyo de Junts para salir adelante. También Vox ha respaldado la medida. ERC y los comunes han votado en contra, y también lo ha hecho el PP, que pretendía una prohibición todavía más explícita.
Y es que la nueva norma no hace una alusión literal al burka ni al niqab, sino que prohíbe el uso de prendas que "oculten totalmente el rostro" en la vía y espacios públicos. Además, precisa que ese veto no se aplicará "en los lugares de culto ni en los espacios donde sea habitual ir con el rostro cubierto en atención a las costumbres sociales aceptadas o cuando se haga en el ejercicio de un derecho fundamental".
El incumplimiento de la ordenanza estará sancionado con multas de entre 400 y 750 euros, y se establece que la policía municipal deberá realizar una advertencia antes de proceder a multar.
Lérida ya aprobó la prohibición del burka en 2010, bajo el mandato del también alcalde socialista Àngel Ros, pero el Tribunal Supremo acabó tumbando esa ordenanza en 2013, al considerar que la medida "vulneraba el artículo 16 de la Constitución", que garantiza el derecho a la libertad religiosa. Sin embargo, el alto tribunal ofreció margen para regularlo, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha emitido desde entonces numerosas resoluciones en las que deja a criterio de cada Estado la decisión de abordar la cuestión.
Fuentes del Ayuntamiento de Lérida aseguran que sus servicios jurídicos han estudiado el nuevo redactado y convenido que permitirá que el Supremo no vuelva a tumbar la ordenanza.
La nueva regulación también sanciona otras conductas incívicas incluso con multas superiores. Así, hacer botellón se castigará con entre 400 y 500 euros, el ruido nocturno con entre 600 y 750 y reclamar servicios sexuales en plena calle con entre 1.000 y 1.500.

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