El bloqueo de Exteriores a los datos de la 'ley de nietos' abocará a impugnaciones masivas del voto tras las elecciones

La tardanza del Ministerio de Exteriores en reunir los datos de los 163.000 españoles nacionalizados que tienen suspendido el derecho a voto amenaza con desatar una enorme batalla legal después de las elecciones generales del 29 de noviembre. Y un aluvión de impugnaciones de los resultados. Así lo han constatado las autoridades electorales y ésa es la gran papeleta que tendrá el Tribunal Supremo si el Gobierno no logra cumplir su orden de discernir a tiempo, uno a uno, cuáles de los nacionalizados por la ley de nietos puede votar y cuáles no.

Si el bloqueo burocrático continúa y no hay manera de anticipar al 100% el veto a los votantes suspendidos, el Supremo deberá decidir entre anular todo el voto exterior o levantar las medidas cautelares y permitir un escrutinio total. Ambas opciones generarían la impugnación de las elecciones en cada circunscripción. Bien por parte del PSOE -Félix Bolaños, por ejemplo, ha denunciado el «censo alterado»-, por ejemplo, bien por parte de Vox y Iustitia Europa, que fueron quienes recurrieron ante el Alto Tribunal.

Nadie -ni la Junta Electoral Central, ni la Oficina del Censo, ni Exteriores, ni el propio Supremo- tiene claro a esta hora cómo se va a constituir finalmente el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

El Defensor del Pueblo ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para que puedan votar todos los nacionalizados. Si el TC decreta medidas cautelares, podría suspender a su vez las cautelares del Supremo, y podrían votar todos los afectados. El tribunal de garantías tiene pocos días para tomar la decisión. Y en plena precampaña electoral.

Como reveló EL MUNDO el viernes, la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, que pertenece al Ministerio de Exteriores, no le ha trasladado todavía a la Oficina del Censo los datos sobre quiénes son los afectados por las medidas del Supremo para suspender cautelarmente el voto, cuáles de ellos han certificado que son nietos o hijos de exiliados y, en general, quienes cumplen o no con la ley.

El 10 de septiembre, el Supremo ordenó efectuar este trámite, pero Exteriores lleva 38 días sin ejecutarlo y aún no ha enviado ni uno de los datos no informatizados previamente, que son la inmensa mayoría. De hecho, el Supremo no tiene ningún listado. Si Exteriores no logra tener el documento definitivo a tiempo, se abrirá un escenario incierto que abocará a impugnaciones masivas de los resultados CERA que arrojen las urnas.

¿Por qué? Porque, si ese listado completo no llega a tiempo, el voto de las personas registrada en el CERA sería imposible de discernir. Y la decisión que tomara el Supremo abocaría a una batalla legal sí o sí. Si el censo definitivo se consigue, pero tarde, las juntas electorales provinciales podrán impugnar los votos a posteriori, ya que el voto CERA se escrutará el 4 de diciembre. Para ello, uno a uno se comprobarán los certificados censales de los votantes, cruzándolos con el listado de personas cuyo voto estuviera suspendido por el TS.

¿Qué datos se deben comprobar ahora? Según la resolución del Alto Tribunal, «no regirá la suspensión» cuando los encargados de los consulados «expidan, bajo su responsabilidad», certificación que acredite que, a fecha 1 de agosto de 2026, esas personas accedieron a la nacionalidad acreditando documentalmente ser hijos o nietos de exiliados «por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual», como fija la Ley de Memoria Democrática y no la instrucción posterior.

El Censo sólo cuenta ahora mismo -como declaró su directora en la reunión de la Junta Electoral Central del jueves, según ha sabido este diario de fuentes presenciales- con la base de datos del Ministerio de Justicia sobre 70.000 nacionalizados en 2025 y 2026. Para el resto, Exteriores ha emitido, vía telegrama, instrucciones a los consulados para que pongan todos los medios posibles para cumplir con la ingente tarea de discernir y listar a todos los afectados por la suspensión cautelar del derecho a voto. El telegrama "subrayaba la importancia y la urgencia del proceso", según fuentes del Ministerio. Pero la Oficina del Censo es pesimista.

El objetivo de Exteriores es «que se pueda identificar el máximo número de este grupo de electores (cuyos datos no constan informáticamente) antes de los comicios», pero sin ofrecer una garantía total. El auto del Tribunal Supremo da un plazo de cinco días, a contar desde el día siguiente al de su publicación (desde el 13 de octubre) para que los interesados aleguen «documentación que les permitiera permanecer como electores, plazo que no expirará hasta la próxima semana», arguye el Ministerio.

En efecto, ese plazo de cinco días acabará, si no se cuenta el fin de semana, el martes 20. Pero el problema es comprobar quién está afectado y quién no. Faltan datos.

Fuentes de Exteriores aseguran que "los consulados de España están poniendo la máxima diligencia para cumplir las medidas cautelares del Tribunal Supremo sobre el voto de las personas nacionalizadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática". "Los funcionarios del Servicio Exterior están dedicando todo su tiempo a este esfuerzo. Lo hacen en un plazo excesivamente breve para el volumen de expedientes, gran parte de ellos sin informatizar, y en un calendario acelerado por la convocatoria electoral", lamentan.