Las sillas vacías que ha dejado el Gobierno en las recientes comisiones convocadas por el Senado son la última escenificación de un conflicto que lleva toda la legislatura creciendo. Una imagen que resume una anomalía que ha ido adquiriendo dimensiones de conflicto institucional en el que la Cámara Baja y la Alta han dejado de funcionar esta legislatura como dos Cámaras complementarias para convertirse, en buena medida, en dos trincheras políticas. La primera como centro de gravedad del Gobierno y de la mayoría que lo sostiene; la segunda como el principal espacio institucional de una oposición que tiene allí la mayoría absoluta que no logró en las elecciones generales de 2023.
La crisis de Ceuta lo ha vuelto a poner de manifiesto este agosto. Mientras el Congreso permanecía cerrado por el paréntesis estival, el PP ha abierto el Senado de par en par para reivindicar su capacidad de controlar al Gobierno. Y después de que los titulares de Interior, Exteriores, Defensa, Sanidad e Igualdad no acudieran a las comparecencias requeridas, los populares decidieron llevar el pulso al Tribunal Supremo que precisamente ayer les dijo que no, como mínimo a las medidas cautelares alegando no hay prisa.
El partido de Feijóo recibió ayer un revés en este sentido. La sala de vacaciones del Supremo denegó ayer la petición de la formación para que forzara la comparecencia de los ministros en la Cámara Alta. El tribunal razona que “a la vista de las alegaciones efectuadas, no se considera procedente conceder la medida cautelar inaudita parte solicitada, puesto que no se ha acreditado la especial urgencia legalmente exigible para proceder de esta manera con sacrificio del derecho de audiencia de la parte contraria”.
El caso es que PSOE y PP han convertido una herramienta concebida para resolver discrepancias entre instituciones –el conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional– en parte habitual del paisaje parlamentario. El Senado ha acudido al TC una y otra vez para denunciar invasiones de sus competencias por parte del Congreso o del Gobierno. Y el Ejecutivo y la mayoría que lo sostiene han respondido defendiendo la posición preeminente que la Constitución reserva a la Cámara Baja.
La discusión tiene una base objetiva. La Constitución no reserva al Congreso en exclusiva la función de control del Ejecutivo. El artículo 66 establece que las Cortes Generales controlan la acción del Gobierno y el 110 permite a las Cámaras y sus comisiones reclamar la presencia de los miembros del Ejecutivo.
El Gobierno, en cambio, se aferra a otra realidad constitucional. El presidente es investido por el Congreso, responde políticamente ante él y es esta Cámara la que tiene la última palabra en la aprobación de las leyes.
De ahí nace una disputa que, en el fondo, va más allá de Ceuta. ¿Hasta dónde puede llegar un Senado cuando lo controla la oposición? ¿Y hasta dónde puede limitar el Gobierno las iniciativas de una Cámara que, aunque tenga menos poder legislativo que el Congreso, también forma parte de las Cortes y tiene funciones constitucionales propias? La respuesta no está siendo negociada en los órganos parlamentarios, sino que cada vez con mayor frecuencia acaba en los tribunales.
El primer gran choque llegó con la ley de Amnistía. Y desde entonces, la lista no ha dejado de crecer. El Senado ha llevado al Constitucional disputas sobre la reforma de los antecedentes penales, la ley de eficiencia de la Justicia, la cadena alimentaria, la movilidad sostenible o las modificaciones sobre la multirreincidencia.
La otra gran expresión de este pulso está en las comisiones de investigación. El Senado ha creado siete durante esta legislatura, varias de ellas sobre asuntos que también han sido investigados en el Congreso. El caso Koldo y la gestión de la DANA son los ejemplos más visibles de una duplicidad que permite a cada Cámara construir su propia investigación. El resultado es un doble circuito de fiscalización a conveniencia de cada cual.
Y ahí reaparece el eterno debate sobre la utilidad del Senado. La cuestión ya no es solo si el Senado tiene sentido, sino qué ocurre cuando las dos Cámaras tienen mayorías enfrentadas y ambas deciden llevar hasta el límite las competencias que les reconoce la Constitución. Eso es lo que está ocurriendo.
