El principal reto de los gobiernos ante el desafío migratorio es lograr un equilibrio entre la protección de las fronteras, la garantía de los derechos humanos y la integración –social y económica– de las personas que llegan. La política migratoria del Gobierno central estaba logrando, hasta el pasado 30 de julio, que esos tres pilares estuviesen en una considerable armonía. Las entradas irregulares, por tierra y mar, había descendido un 24% gracias al frenazo de la ruta migratoria atlántica. La distribución entre comunidades autónomas de menores migrantes no acompañados –pese al ruido político– rodaba a buen ritmo, haciendo que los sistemas de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla cogiesen aire. Y se había sacado adelante una regularización extraordinaria que podrá sacar de la clandestinidad a un millón de personas, dotándolas de derechos y obligaciones.
Pero llegó la avalancha en Ceuta. Entonces todo cambió y más problemas se sumaron a a la agenda del curso que empieza.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó de “violación de la integridad territorial de España” la entrada de más de 80.000 personas por el espigón de El Tarajal, limítrofe con Marruecos. Sin embargo, no se convocó el Consejo de Seguridad Nacional. La Moncloa está gestionando la crisis de Ceuta desde un prisma migratorio que está poniendo a prueba su tres enfoques del desafío: frontera, derechos humanos e integración (o expulsión).
La exhibición de fuerza que Rabat realizó sobre el paso fronterizo el 15 de agosto, cuando estaba convocado otro cruce masivo, permitirá al Gobierno centrarse en la atención y acogida de los miles de migrantes que permanecen en la ciudad. Dos terrenos en los que, gracias a repuntes migratorios anteriores, se siente mucho más cómodo el Ejecutivo. Más aún cuando el país vecino dice estar dispuesto a colaborar. Sin embargo, la normalización, sea cual sea la solución para cada uno de los migrantes, no será cuestión de días. Ni semanas.
El Gobierno mantiene, por el momento, una baza fundamental para descongestionar las calles de Ceuta: el reino alauita. Dejando a un lado falsas promesas como que se expulsará a “todos, todos” los que entraron irregularmente –porque hay un gran número de potenciales asilados y menores no acompañados–, lo cierto es que la mayor complicación para hacer efectivas las expulsiones de inmigrantes es la falta de colaboración de los países de origen, que rechazan las repatriaciones. Pero en esta crisis la cuestión parece distinta. Los adultos marroquíes, que en la playa del Trampolín se manifestaron pidiendo asilo (conscientes de lo que les espera), tienen muchas papeletas para que se les entregue una orden de expulsión que se podrá materializar si Rabat mantiene abierta su puerta de entrada en el paso fronterizo. Y este punto no es menor: un informe reservado de la Comisión Europea que publicó la organización Statewatch en el 2024 revelaba que Marruecos solo aceptaba el 8% de las expulsiones de sus compatriotas emitidas por socios comunitarios. Si el Gobierno, según apunta fuentes ministeriales, quiere seguir teniendo esa vía abierta, no le queda otra que exhibir complicidad con “el socio fiable”. Las mismas fuentes invitan a marcar una fecha en el calendario: el 23 de septiembre del 2026. Ese día, Marruecos celebrará sus sextas elecciones legislativas bajo el reinado de Mohamed VI.
Mientras tanto, el Gobierno se volcará en la emergencia humanitaria. La segunda visita que realizó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la ciudad autónoma, en la que se movió por los barrios periféricos más agitados por la crisis, supuso un punto de inflexión. Saltaron muchas alarmas. Y hubo varios cruces de llamadas entre equipo ministeriales implicados en la gestión de la crisis que tuvieron efecto. Al día siguiente se conoció que la ministra de Migraciones, Elma Saiz, llegaría a Ceuta el 17 de agosto, casi veinte días después del asalto a la frontera. Allí ha estado prácticamente toda la semana, en la que se han abierto de manera temporal casi 2.000 nuevas plazas para acoger a inmigrantes. Se seguirán habilitando más en las próximas semanas y podrán llegar incluso a las 4.000 camas. Está por ver si las costuras del sistema de acogida no saltan por los aires.
Bruselas tiene puesta la lupa en España. Más pronto o más tarde se tendrá que activar el mecanismo de la ley de Extranjería para reubicar por ley menores en la Península, más allá de la propuesta que lanzó el Ministerio de Juventud e Infancia de trasladar a 500 niñas y adolescentes no acompañadas. Y en la Moncloa temen que estos traslados, que se llevan realizando años por solidaridad antes y por obligación después, sean vistos con reticencias desde Europa, que exige retornos. Estos también llegarán, pero todo a su debido tiempo.
