El Congreso aprueba la nacionalidad para saharauis en medio de duras críticas a Sánchez por su giro con Marruecos

El debate sobre la concesión de nacionalidad a los saharauis nacidos bajo administración española y a sus descendientes, que hoy aprueba la Cámara, llega en un momento de máxima tensión política tras la avalancha migratoria sobre Ceuta y cuando la mayoría de los grupos parlamentarios albergan enormes suspicacias hacia el régimen marroquí. Así, la sesión se ha convertido en un carrusel de acusaciones a la "dictadura marroquí" y reproches acerados a Pedro Sánchez por haber cambiado unilateralmente la posición histórica de España sobre el Sáhara cediendo a las aspiraciones de soberanía por parte de Rabat.

"Injusticia histórica", "Sáhara libre", "responsabilidad española" son expresiones que se han repetido en boca de los representantes de todos los grupos parlamentarios que no han dudado en reclamar al presidente del Gobierno "revertir" su decisión de marzo de 2022 cuando "clandestina y unilateralmente" se plegó a las exigencias de Rabat.

ERC ha acusado a los socialistas de "traicionar" a los saharauis por más que hoy estos vayan a votar a favor de concederles la nacionalidad. Esquerra incluso cree que, con la decisión de hoy, el PSOE intentará dar por zanjada la causa saharaui que "pasará al olvido".

Los populares han hecho hincapié también en la "sumisión" del presidente del Gobierno a Rabat y le han acusado abiertamente de utilizar la política exterior en función de sus personales intereses. "Aquí algo huele mal, muy mal", ha dicho su diputado, Muñoz Abrines.

El PNV y EH Bildu han urgido abiertamente a Sánchez a dar marcha atrás y volver a la posición histórica defendida por España en relación con el Sáhara. Los nacionalistas vascos, por boca de Mikel Legarda, han insistido en que el paso dado por Sánchez en marzo de 2022 fue un "giro radical, unilateral e incomprensible". Una decisión que se adoptó en contra del Congreso y sin explicaciones.

El representante de Junts se ha preguntado si la "sumisión" de Sánchez a la dictadura marroquí es fruto del miedo a que Rabat tenga información captada a través de Pegasus. Junts ha acusado al presidente del Gobierno de incoherencia y tacticismo y le ha reprochado querer ahora "un poco de oxígeno después de haber dejado a los saharauis en manos de Marruecos".

Enrique Santiago (Sumar) ha evitado lanzar reproches abiertos y directos a los socialistas y antes de ceder la palabra a la diputada saharaui, Tesh Sidi, ha instado a los grupos parlamentarios a aprobar "por unanimidad" la nacionalización propuesta. Sidi ha insistido en que con la decisión que hoy se aprueba "se devuelve el DNI a quienes lo tenían y el Estado se lo quitó". Con esta decisión, ha dicho, "se repara una injusticia histórica". "El pueblo saharaui necesita hechos", ha recalcado citando a los que han abarrotado la tribuna de invitados del Congreso y los más de un centenar que seguían la sesión desde la sala Ernest Lluch de la Cámara. Sidi ha insistido, dirigiéndose a la bancada del PP, en que en este caso "no vale la abstención" porque con ella "se da la razón a Marruecos".

Vox ha pedido ayudar al pueblo del Sáhara "sin sometimiento a Marruecos ni a Argelia". "No podemos cambiar la historia con el BOE", ha asegurado su diputado quien ha hecho hincapié en que de acuerdo con la ley que se aprueba "no hay suficientes garantías ni controles" respecto a los documentos que deben proporcionarse para acceder a la nacionalidad. "Hay que exigir muchísimo más", ha recalcado el representante de Vox.

El PSOE ha intentado zafarse de las críticas que ha recibido. Ha hablado de "día histórico" y de "restitución de derechos". Su portavoz Artemi Rallo ha hablado de "vínculo fraternal" entre españoles y saharauis y ha acusado al PP de "tratar de confundir" e "instrumentalizar a los saharauis". En su intervención no ha habido ni una sola mención al cambio de posición que decidió Pedro Sánchez en 2022. Tampoco a las oscilaciones de los socialistas que en un principio votaron en contra de admitir a trámite la norma. Bien al contrario, Rallo ha insistido en que la ley no sería posible "sin el compromiso valiente de un Gobierno progresista".