Desde el adelanto electoral al 29 de noviembre, el debate sobre las pensiones ha irrumpido con fuerza en la precampaña. El diputado de Vox, José María Figaredo, ha llegado a afirmar que “el sistema de pensiones es un zombi. Lo han quebrado” y que “en casi 30 años no se ha aplicado ninguna medida correctora”, pese a las sucesivas reformas aprobadas desde 1996, entre ellas el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, los cambios en el cálculo de la pensión o los mecanismos introducidos para contener el gasto y elevar los ingresos del sistema. Figaredo también defendió “una reforma estructural hacia un modelo mixto que combine el reparto con la capitalización individual, como han hecho con éxito otros países europeos”, si bien los países con mayor peso de la capitalización mantienen sistemas públicos de pensiones y no los han privatizado.
Ya en precampaña, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, aseguró que “el sistema tal y como está no funciona y va a petar”, añadiendo que “el modelo hay que cambiarlo” y “ser valientes”, sin concretar qué reformas plantea su partido.
Frente a estos mensajes, el Gobierno y numerosos expertos han lanzado reiterados mensajes de tranquilidad, defendiendo que la viabilidad y la sostenibilidad financiera del sistema están garantizadas.
Sin embargo, la cuestión de fondo puede no ser tanto la viabilidad del sistema. Mientras los poderes públicos estén dispuestos a financiarlo mediante cotizaciones, impuestos o deuda, las pensiones seguirán pagándose. El verdadero debate que se presenta es cuánto presupuesto público quiere destinar la sociedad a esta partida y qué implicaciones tendrá esa decisión sobre otros gastos públicos. Porque si el gasto en pensiones crece exponencialmente y de manera más intensa con la llegada a la jubilación de seis millones de babyboomers hasta mediados de la década de los cuarenta, y se lleva más parte de la tarta del presupuesto, habrá menos dinero para financiar otras necesidades de las generaciones más jóvenes que son, además las que sustentan esas jubilaciones.
El director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el economista Ángel de la Fuente, lo explicó de manera nítida en su comparecencia ante los diputados de la Comisión del Pacto de Toledo: “A los jóvenes que preguntan si tendrán pensión hay que decirles con toda seguridad que sí, las pensiones serán lo último que se deje de pagar. Lo que menos peligra es el sistema de pensiones, pero peligra más todo lo demás”.
Ese todo lo demás al que alude De la Fuente incluye partidas como educación, vivienda o ayudas familiares. En ese sentido, el doctor en Economía y profesor economía aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, Miguel Ángel García, pone cifras a este choque intergeneracional que prefiere denominar como “un creciente desequilibrio en el reparto de las cargas”, en el que salen perjudicados los que están en activo.
García Díaz atribuye este desequilibrio a dos factores. El primero es que, cuando las cotizaciones no bastan para pagar las pensiones, como ocurre en España desde hace años, la diferencia se cubre con impuestos. Actualmente, alrededor de una cuarta parte de los cerca de 230.000 millones que cuestan las pensiones se financia con impuestos (más de 55.000 millones). Según sus cálculos, con datos de la Airef y la Comisión Europea, esto ya absorbe 3,7 puntos de PIB y exigirá otros 2,9 puntos adicionales hasta 2050. La segunda cuestión que apunta García Díaz para justificar la necesidad de seguir reformando el sistema y cerrar el actual desequilibrio intergeneracional es que “la forma de cálculo de las pensiones es desproporcionada respecto a las aportaciones que han realizado los pensionistas, actualizadas con el incremento de la riqueza que se ha producido en el país durante su vida laboral”. Los jubilados españoles reciben ahora el 77% de su último sueldo, la tasa de reemplazo más alta de la UE.
“La sociedad española debe decidir si quiere desacelerar el ritmo de crecimiento del gasto en pensiones y que no pase del 13% actual al 16,5% en 2050″, apunta este académico. Para lograrlo, sugiere que se pueden tomar dos decisiones: o seguir haciendo reformas paramétricas (que afectan al cálculo de la pensión y a su revalorización) del sistema actual o se puede cambiar de modelo.
Entre esas reformas cita ampliar el periodo de cálculo a 35 años, elevar a 40 los años necesarios para cobrar el 100% de la pensión e incorporar la esperanza de vida al cálculo inicial de la prestación. Esto sería una forma de acercarse al equilibrio actuarial que mitigaría el choque intergeneracional, lo que ocurre, explica García Díaz, es “que así se ha venido reformando el sistema desde 1985, pero siempre de forma muy progresiva para que el impacto fuera asimilable de forma razonable por los nuevos pensionistas y ahora ya no hay tiempo para reformas lentas porque desde 2025 entran los jubilados del babyboom y el gasto crece mucho más rápidamente”.
Otra medida de reforma paramétrica dentro del actual sistema sin tener que cambiarlo es garantizar la actualización de las pensiones con el IPC objetivo del Banco Central Europeo (alrededor del 2%), salvo las pensiones mínimas, cuyo poder adquisitivo sí se podría garantizar.
La otra alternativa que menciona este experto es, en lugar de reformar el actual sistema, adoptar uno nuevo de cuentas nocionales, como el de Suecia, en el que cada trabajador tendría una cuenta virtual donde se depositarían sus cotizaciones que se actualizan con el PIB nominal, y la cuantía total acumulada se divide entre la esperanza de vida. Aunque suele confundirse con un sistema privado, sigue siendo público y de reparto: las cuentas nocionales son un apunte contable y las cotizaciones continúan financiando a los pensionistas actuales. El modelo incorpora además una pequeña parte de capitalización que sí se invierte en planes privados que escoge el trabajador u otros gestionados por el Estado sueco, razón por la que se considera mixto.
Sin embargo, “para adoptar este sistema de forma amable, sin que perjudique a ninguna generación de pensionistas tampoco hay tiempo, porque requiere de entre 10 y 15 años como hizo Suecia y eso no evita el rápido incremento del gasto que le espera a España antes del fin de esta década”, concluye García Díaz. Por todo ello, calcula que “lo que va a ocurrir es que no se va a hacer nada y a la mínima crisis fiscal, al Gobierno de turno le tocará hacer los ajustes de manera mucho más dramática”.
Otro experto conocedor del sistema de pensiones español, Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid, subdirector de Fedea y autor de libros como ¿Qué será de mi pensión? o La juventud atracada, coincide en la situación de desequilibrio generacional y apuesta por una serie de cambios para mitigarlo. En su opinión, la sociedad sí entiende el problema demográfico que supone que haya muchos menos jóvenes que jubilados, “pero no se entiende tanto el problema que supondrá (para el gasto) la longevidad, que los pensionistas vivan muchos más años”. Eso lo que va a provocar es “que la escasez sea mayor” y habrá que gestionarla. Esto no ocurría en los años noventa, precisa Conde-Ruiz: “entonces esa escasez no existía y se podía destinar 1,2 puntos de PIB a la vivienda, mientras que ahora apenas se destina en torno al 0,4% del PIB”. Este conflicto, añade, “se resuelve en las urnas y ahí lo tienen perdido porque los pensionistas son más”. Conde-Ruiz también apuesta por adaptar el sistema a la mayor longevidad mediante el cálculo de la pensión sobre toda la carrera laboral, su vinculación a la esperanza de vida y una mayor flexibilidad de la jubilación.
La catedrática de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Alcalá, Olga Cantó, quien ha publicado el artículo titulado Desigualdad, redistribución y políticas públicas: ¿hay una brecha generacional? en la revista de economía ICE señala, además, la gran importancia que el sistema español de pensiones, de corte bismarckiano (como el francés, el alemán y el italiano), da a las pensiones contributivas como elemento de redistribución. Así consigue reducir algo menos las desigualdades y el riesgo de pobreza de las generaciones más jóvenes de lo que lo hace un sistema como el británico, que es más asistencialista. De esta forma, al haber asignado un mayor peso redistributivo a las pensiones contributivas, no se han desarrollado suficientemente otras políticas de transferencias dirigidas a cohortes más jóvenes. Según sus cálculos más de la cuarta parte de la renta disponible de la familia española media sean prestaciones monetarias y cuatro quintas partes de estas son pensiones contributivas. Por ello, para Cantó a España le faltan varios puntos de PIB para llegar a la media de capacidad redistributiva Europea, donde países como Francia o Alemania tienen muchas más políticas no contributivas para los jóvenes.
Sin embargo, el Gobierno ha hecho sus propios cálculos y sus reformas y es mucho más optimista. Según, las cifras que baraja Integrass, —la última herramienta informática y estadística desarrollada por los técnicos de la Seguridad Social para proyectar y simular el gasto a largo plazo del sistema público de pensiones— la factura del sistema, incluyendo todo tipo de pensiones (incluidas las de clases pasivas de los funcionarios y las asistenciales) ascenderá a un promedio del 14% del PIB en el periodo 2022-2050 (frente al 14,4% estimado por la Airef y el 14,6% recalculado por la Comisión Europea).
Además, desde el Ejecutivo se aferran al aprobado obtenido por el sistema español en el primer examen de la regla de gasto, diseñada y aprobada por el propio Gobierno y que exige medidas de ajuste o de aumento de ingresos si el gasto en pensiones supera el 13,3%. La última evaluación extraordinaria llevada a cabo por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) redujo al 13% del PIB el nivel del gasto en pensiones. Aunque para este organismo dicho cumplimiento “no guarda relación con la sostenibilidad de las cuentas públicas, como muestra el hecho de que el cumplimiento de esta regla sea compatible con un incremento de la deuda pública en los próximos años”. Esto es, que no garantiza la viabilidad del sistema a largo plazo porque necesitará endeudarse para seguir costeando las pensiones. De hecho, a políticas constantes, sin que operen las reglas fiscales, “la deuda iniciaría una trayectoria ascendente a largo plazo hasta alcanzar el 123 % del PIB en 2050, agravando la situación de vulnerabilidad de las finanzas públicas”, advierte la Airef.
Pero ante esto también hay economistas que ven la vertiente menos catastrofista de esta situación. En una reciente comparecencia en el Congreso de los Diputados el profesor de la Universidad de Alcalá, Daniel Fuentes sostuvo que la deuda pública debe analizarse no solo por su volumen, sino también por su coste. Como ejemplo, recuerda que en 1995 la deuda equivalía al 60% del PIB y los intereses absorbían cinco puntos de PIB, mientras que hoy, pese a que el endeudamiento es mucho mayor, ese coste ronda los 2,5 puntos. Por ello, defiende que lo importante no es cuánto se debe, sino cuánto cuesta financiar esa deuda; y que el endeudamiento también debe valorarse por los beneficios económicos que puede generar en términos de empleo y salarios.
