Las izquierdas acarician un Gobierno en Berlín que nacionalizará fondos inmobiliarios para abaratar el alquiler

Berlín puede tener el primer Gobierno de Alemania que nacionalice inmobiliarias para abaratar el alquiler. Die Linke, partido de la izquierda alternativa, los Verdes y los socialdemócratas del SPD presentaron este sábado un documento a partir del cual negociarán una coalición para gobernar la capital de Alemania. El punto más importante del acuerdo es el visto bueno del SPD a nacionalizar fondos inmobiliarios para abaratar el precio del alquiler.

Die Linke ganó las elecciones de septiembre en esta ciudad-Estado prometiendo un plan de choque revolucionario para contener el encarecimiento de la vivienda. La principal medida era la expropiación o la nacionalización de sociedades privadas.

El pacto con socialdemócratas y Verdes introduce limitaciones: el objetivo de las nacionalizaciones serán las empresas que tienen una cartera de más de 10.000 viviendas. La idea de Die Linke era incluir a las sociedades propietarias de por lo menos 3.000 apartamentos, la cifra que fue votada a favor por una mayoría de berlineses en un referéndum de 2021.

La estatalización de estas sociedades solo se llevará a cabo si la indemnización a pagar no es superior a los 16.000 millones de euros y siempre que las finanzas públicas del land lo permitan. Una de las razones esgrimidas por quienes se oponen al plan de nacionalizaciones es que disparará la deuda pública. El presupuesto del Estado de Berlín en 2026 es de 46.000 millones y el endeudamiento actual, de 68.000 millones.

Los grupos inmobiliarios que podrían verse afectados por el acuerdo son los alemanes Vonovia, Adler y DVI, el sueco Heimstaden, el francés Covivio y el luxemburgués Grand City Properties. Elif Eralp, candidata de Die Linke a la alcaldía de la capital, apuntó el sábado que su objetivo es nacionalizar las filiales berlinesas de los cinco primeros grupos y aumentar el parque público de vivienda en 160.000 domicilios.

La reunificación de Alemania dejó en Berlín un enorme parque inmobiliario para reformar y espacio para construir, que encabezaron estas grandes corporaciones. El 83% de los ciudadanos de la capital viven de alquiler y se han beneficiado de precios asequibles gracias a una mayor oferta que demanda.

En la última década, en cambio, se han disparado los precios por un rápido aumento de la población: alquilar un apartamento en Berlín se encareció un 69% entre 2016 y 2026, según datos del Gobierno federal. Al mismo tiempo, entre 2015 y 2025, según datos de la Administración de Estadística de Berlín, los ingresos per cápita en la ciudad habían aumentado un 33%, menos de la mitad de lo que se ha encarecido tener un hogar.

El SPD se había opuesto hasta ahora a esta medida por su elevado coste para el erario público y abogaba por construir más vivienda pública. El documento acordado con Verdes y Die Linke establece que en los cinco años de legislatura se construirán 100.000 nuevos apartamentos, entre sector privado y sector público. Es la misma cifra que prometieron, e incumplieron, los democristianos de la CDU y los socialdemócratas, ambos coaligados en el actual Gobierno de Berlín.

El SPD también es socio en el Ejecutivo federal, liderado por la CDU, y en el que también participan los socialcristianos bávaros de la CSU. El canciller, el democristiano Friedrich Merz, ha reiterado que su Gabinete llevará ante la justicia cualquier decisión de Berlín de expropiar o nacionalizar empresas. La CDU considera que esta medida creará inseguridad entre los inversores y pondrá en duda la estabilidad jurídica.

El SPD, que sería el socio más pequeño de la coalición del Senado de Berlín, podría utilizar la letra pequeña para bloquear las nacionalizaciones. Puede oponerse si la indemnización a pagar es superior a los 16.000 millones de euros o si concluyen que la operación pone en peligro las arcas públicas.

Los tres partidos consideran que para financiar la legislatura es clave negociar con el Gobierno federal la supresión de los límites a la deuda pública vigentes, la reintroducción del impuesto sobre el patrimonio y el aumento de la presión fiscal sobre las herencias. Las posibilidades de que la CDU y la CSU lo acepten son mínimas porque los democristianos se niegan a conceder más aumentos de impuestos a los socialdemócratas.

Los Verdes se habían mostrado partidarios de expropiar o nacionalizar estos fondos inmobiliarios como medida para contener el encarecimiento de la vivienda. Sus dudas sobre pactar con Die Linke se centraban en los sectores de este partido a los que acusan de antisemitas. Los Verdes y SPD anunciaron el 13 de octubre que suspendían las negociaciones alegando esta cuestión. Los líderes de ambos partidos en Berlín reiniciaron las conversaciones por sorpresa, dos días después, en contra del parecer de sus cúpulas federales. Los líderes de los Verdes en especial cargaron contra sus representantes en Berlín porque consideraban que Die Linke no había cumplido con sus compromisos de expulsar a miembros del partido que habrían manifestado posiciones contrarias al Estado de Israel.

Die Linke es el único gran partido de Alemania que mantiene una política de fuerte apoyo a la causa palestina. Para el centro político alemán y para sus instituciones se trata de una ruptura de una alianza con Israel construida sobre la memoria de los crímenes del nazismo. Las negociaciones naufragaron el 13 de octubre porque la formación encabezada por Eralp confirmó que mantenía como diputada regional a Vanessa Emde. Esta política se ha significado por un activismo crítico con las autoridades israelíes y por declaraciones que SPD, Los Verdes y CDU consideran contrarias a la existencia del Estado de Israel.

El SPD y Los Verdes aseguraron que un acuerdo suscrito con Die Linke el 8 de octubre para erradicar sus sectores presuntamente antisemitas incluía expulsar a Emde, algo que Die Linke niega. El documento consensuado el sábado incide en lo mismo: “Los acuerdos sobre la lucha contra el antisemitismo y el crimen organizado siguen vigentes. Forman parte del acuerdo de conversaciones exploratorias y se integrarán en el posterior acuerdo de coalición”.

Die Linke obligó el martes a firmar a sus diputados un documento en el que se comprometían a combatir el antisemitismo y a defender la existencia del Estado de Israel. El apunte sobre el crimen organizado hace referencia a los vínculos demostrados entre diputados de Die Linke con dos clanes mafiosos de origen árabe que se han significado por su apoyo al partido de Eralp.

La presidencia federal de Los Verdes envió un mensaje a sus diputados en el Bundestag criticando la decisión de sus dirigentes en Berlín de reiniciar las conversaciones. Cem Özdemir, presidente del Estado de Baden-Württemberg, el único land alemán que encabezan los Verdes, cargó el sábado en un acto público contra la postura de su partido en Berlín: “Los Verdes no pueden cooperar ni coaligarse con gente así”. “Han despertado al genio del antisemitismo y ahora no pueden volver a meterlo en la lámpara. Las provocaciones no tienen fin”, añadió Özemir.

Otro apartado en el que ha cedido Die Linke, según el acuerdo firmado el sábado, es en su exigencia de reducir los efectivos policiales en Berlín y en la eliminación los servicios secretos del land. La Oficina de Protección de la Constitución de Berlín. Die Linke quería suprimir este organismo porque considera que atenta contra la libertad de expresión. Para los Verdes y el SPD era una propuesta inadmisible porque esta institución tiene un papel clave en investigar las acciones ilegales de la ultraderecha, el fundamentalismo islámico, sabotajes de la extrema izquierda y operaciones híbridas rusas.

Merz ha insistido en los últimos meses que la CDU actuará contra Die Linke, al que considera (como AfD, el partido de extrema derecha) un peligro para la democracia. La excanciller democristiana Angela Merkel se desmarcó el 15 de octubre de Merz en un acto de la radio pública Deutschlandfunk: “Me resultaría muy difícil cooperar con ambos partidos, pero en general, si tomo como ejemplo a Die Linke en el Estado de Turingia, cuyo presidente fue Bodo Ramelow [entre 2020 y 2024], tienen opiniones que no comparto, pero diría que no van en contra de nuestra Constitución. En cambio, sobre AfD tengo muchas más dudas”.