Aena y CaixaBank lideran los ingresos por dividendos para las arcas públicas, mientras el Gobierno refuerza su presencia en sectores estratégicos como defensa y telecomunicaciones.
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El Estado mantiene participaciones en nueve grandes empresas cotizadas, consolidándose como un actor relevante en el Ibex 35.
La economía se fragmenta en sectores ganadores y perdedores, y las inversiones estratégicas del Estado están de enhorabuena, al caer del lado de los primeros. A diferencia de lo ocurrido durante la pandemia, el turismo, la banca y la defensa se encuentran ahora en un buen momento, lo que ha permitido que el valor de las participaciones públicas en bolsa haya aumentado un 17% en el último año. Los dividendos procedentes de estas empresas suben además un 8% y rozan por primera vez los 2.000 millones de euros, con Aena y CaixaBank como grandes aportadores.
El Estado tiene presencia en el capital de nueve grandes cotizadas. Cuenta con el 51% de Aena, el 28% de Indra, el 20% de Redeia, el 18% de CaixaBank, el 10% de Telefónica, el 10,3% de Ebro Foods, el 5% de Enagás, el 4,12% de Airbus y el 2,5% de IAG.
Es una inversión valorada en 51.042 millones que le convierte en uno de los grandes propietarios del Ibex y que de paso amplía su influencia sobre los aeropuertos, la energía, las telecomunicaciones y la banca.
Las novedades se encuentran en la progresión en bolsa de algunos sectores clave y también en el refuerzo del Estado en varias empresas estratégicas desde la pandemia. El Gobierno se ha hecho desde entonces con un 10% de Telefónica para contrarrestar al grupo Saudi Telecom y ha elevado en un porcentaje similar su presencia en Indra, elegida para canalizar el milmillonario incremento del gasto en defensa.
Los mayores dividendos con cargo al ejercicio 2025 le llegan al Estado de Aena, que ha distribuido 1,09 euros por acción, un 11% más, y tiene como premisa repartir entre los accionistas el 80% de sus ganancias. Al Estado le corresponden 833 millones, en un momento en que el gestor aeroportuario registra récord de pasajeros y trabaja en un plan de inversiones por cerca de 13.000 millones de euros hasta el 2031. En septiembre el Gobierno debe fijar las tarifas para financiarlo.
La otra gran fuente de ingresos es CaixaBank, que ha aportado 722 millones de euros al FROB, un 15% más, tras ganar el año pasado un récord de 5.891 millones. La participación, procedente de los cerca de 24.000 millones inyectados en Bankia durante la crisis financiera, siempre ha tenido fecha de caducidad, aunque el Gobierno no deja de postergarla. El último aplazamiento la fija en diciembre del 2027. Por lo pronto, el 18% del Estado en CaixaBank ya vale 16.210 millones de euros, un 47% más que hace un año. Mientras, los resultados de la banca se encuentran en racha, con el impulso de las subidas de tipos y las promesas de eficiencia en torno a la IA.
El otro gran incremento de dividendos procede de Indra. Elevó un 23% la retribución, aunque el importe correspondiente al Estado, 14,8 millones de euros, es modesto si se compara con Aena y CaixaBank. Bajo la presidencia de Ángel Simón y la dirección de Josep Maria Recasens, la empresa prepara un plan estratégico para antes de fin de año e intenta recomponer las relaciones con otras empresas del sector como Santa Bárbara. La compañía se ha revalorizado un 86% en el último año.
El auge de la aviación también anima las cuenta de la matriz de Iberia y Vueling, IAG, y del fabricantes de aviones Airbus, presidido ahora por la española Amparo Moraleda. Airbus ha elevado un 6% el beneficio y aporta 104 millones a las cuentas del Estado, frente a los 9 millones de IAG, un 8% más. La participación en Airbus ya ronda los 6.900 millones de euros de valor y figura entre las inversiones más valiosas.
Mientras, los gestores de las redes de electricidad y gas, Redeia y Enagás, ofrecen resultados más discretos. En el año del apagón, Redeia ganó algo más de 500 millones de euros, después de descartar provisiones por el incidente, al considerar que no tiene riesgo de asumir el coste de indemnizaciones ni responsabilidades legales. Es un criterio diferente al de las eléctricas, que apuntan al operador de la red como responsable.
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El Gobierno fijará las nuevas tarifas aeroportuarias de Aena en septiembre.
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