El Gobierno aprueba nuevas medidas para contener la escalada de precios energéticos

El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva batería de medidas para aliviar la actual escalada de precios energéticos desatada por la guerra en Oriente Próximo. El nuevo plan de choque recupera la rebaja de 20 céntimos a la gasolina y el diésel ya desde octubre, y hasta el 31 de diciembre, una ayuda que se irá modulando en función de la inflación. Además, el Ejecutivo va a intervenir la tarifa regulada del gas y el butano.

El Ejecutivo ha mantenido hasta ahora una bonificación del Impuesto sobre Hidrocarburos de 20 céntimos por litro al diésel y de otros 5 céntimos en el caso de la gasolina. Pero el colchón caducaba a finales de septiembre. En su reunión de hoy, que se ha retrasado más de una hora por la negociación in extremis de PSOE y Sumar de nuevas medidas en materia de vivienda, los ministros han abordado también un nuevo plan de contingencia frente al shock energético, el tercero que ha tenido que lanzar el Gobierno de coalición desde que comenzaron las hostilidades entre Estados Unidos e Irán a principios de año.

El nuevo marco, según fuentes conocedoras, recupera un calendario de recortes de impuestos sujeto a "cláusulas de revisión". La ayuda será de 20 céntimos en octubre y, previsiblemente, pasará a 13 céntimos en noviembre y a 6 céntimos en diciembre. Además, el Gobierno va a topar tanto la tarifa regulada del gas, a la que están acogidos 3,1 millones de hogares en España, como la bombona de butano, según ha adelantado hoy el diario económico Cinco Días y ha confirmado la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, a primera hora de la mañana. En detalle, el Ejecutivo va a limitar al 35% la subida de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural en la siguiente revisión, que es en octubre, y al 15% en la posterior a esa, tres meses después. Sin esta intervención se encaminaba a un incremento de un 45% ya para el próximo mes. Además, va a establecer un precio máximo de 19,55 euros para la bombona de butano.

En los últimos días, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha liderado una ronda de contactos con distintas asociaciones sectoriales, de la energía al transporte, para valorar la situación en los mercados y la amenaza para la seguridad de suministro de un bloqueo prolongado en el estrecho de Ormuz, situación que ha tensionado significativamente la oferta mundial de petróleo y gas. A ello se ha sumado estos días la amenaza de Donald Trump de cortar las exportaciones de diésel a Europa, una medida que pondría a los Veintisiete en una situación todavía más crítica y que ya ha provocado la reacción de la Comisión Europea.

Más que un posible desabastecimiento, lo que preocupa y ocupa al Gobierno son los precios. Aagesen ha enmarcado las medidas de contención en la llegada del invierno, cuando bajan las temperaturas y se dispara, sobre todo, el consumo de gas para calefacción. Aagesen ha explicado que este tercer paquete incluirá "medidas que ya estuvieron dibujadas en la anterior situación de crisis, en este caso de Ucrania".

En las últimas semanas, Sumar había resucitado la llamada excepción ibérica, mecanismo que España aplicó, entre junio de 2022 y diciembre de 2023, para evitar que la escalada del gas contagiase los precios de la electricidad en los meses más crudos del shock energético. Consistió en limitar por ley el precio que cobraban las centrales de ciclo combinado, que emplean gas para generar la electricidad, a las que se compensaba a posteriori. Los ciclos eran la tecnología más cara del mercado diario (pool). Por eso, al intervenir sus ofertas, el Gobierno logró rebajar a su vez el precio marginal que cobran el resto de tecnologías, las llamadas inframarginales (nuclear, hidroeléctrica y renovables).

La excepción ibérica exigió una dura negociación con Bruselas, para evitar que la compensación al gas fuese considerada una ayuda de estado ilegal, pero mitigó notablemente el golpe de la escalada del gas en el bolsillo de los consumidores. Una de sus consecuencias directas es la minoración de los ingresos de las renovables, que cobran a precio de gas cuando los ciclos fijan el precio. Este efecto preocupa ahora al Gobierno, sobre todo cuando las fotovoltaicas ya hablan de rescate por su delicada situación financiera. Las grandes eléctricas también se oponen a la medida argumentando que incentiva el consumo de más gas para generar electricidad, cuando España camina en dirección contraria. Varias fuentes cercanas a las negociaciones indican que el tope al gas no está hoy sobre la mesa del Ejecutivo.

El equipo de Cuerpo ha llevado con especial cautela las últimas negociaciones. Estas han tenido lugar mientras la inflación ha vuelto a abrirse paso en la economía española (ha subido al 4,9% en septiembre). La urgencia del Gobierno por contener los precios de la luz, el gas y los combustibles antes de que llegue el frío choca con la falta de Presupuestos. Y es que el corsé presupuestario cada vez limita más el margen de Moncloa para costear un escudo social a la altura de las circunstancias.

Aagesen pide un gravamen a las petroleras

Aagesen ha aprovechado su intervención en Dublín para calmar las aguas. En relación a las tensiones en el mercado de diésel, la vicepresidenta ha recordado que, a día de hoy, no existen restricciones a la exportación de este combustible en Europa. Si bien ha instado a "mantener la vigilancia", también ha subrayado que España afronta la situación en mejor posición que otros socios gracias a sus ocho refinerías y a una dependencia de importaciones inferior al 1%.