
El Govern de la Generalitat, liderado por Salvador Illa, mantiene vigente un manual de señalización de 2007 que excluye el castellano en rótulos de escuelas públicas, pese a la sentencia del Tribunal Supremo de julio que ordena el uso generalizado de ambos idiomas cooficiales en centros educativos catalanes.
AI-generated summary
El Tribunal Supremo anuló en julio de 2022 un apartado del plan de gestión de la Generalitat para centros docentes que excluía el castellano en rótulos, estableciendo que el espacio físico de las escuelas forma parte de la actividad educativa y debe respetar la cooficialidad lingüística.
El Govern de la Generalitat que dirige Salvador Illa está haciendo caso omiso a la sentencia del pasado mes de julio por la que el Tribunal Supremo ordenó a la Generalitat acabar con la exclusión del castellano en los rótulos de las escuelas públicas de la comunidad autónoma.
El Ejecutivo socialista mantiene vigente y aplica el denominado "Manual de señalización de espacios interiores", que fue revisado por última vez en 2007, durante el Govern tripartito que el PSC formaba con ERC e ICV, y que encabezaba José Montilla.
Este documento oficial establece que "la lengua utilizada en la señalización [de los edificios de la Generalitat] es el catalán". El documento resalta, literalmente, que "no se prevé el uso del bilingüismo" y únicamente admite que, "excepcionalmente, y en casos determinados, se puede utilizar una segunda lengua", lo que colisiona con el fallo del Supremo, que reclama un uso generalizado de los dos idiomas cooficiales en Cataluña, esto es el castellano y el catalán.
Además, el manual de la Generalitat indica que en esos casos excepcionales en los que se decida usar una segunda lengua en la rotulación de sus edificios públicos, "se tiene que aplicar bajo el catalán y en cursiva", para evidenciar su condición de lengua subordinada y de menor rango que el idioma autonómico.
La Generalitat se está acogiendo a este manual para desobedecer el fallo del Supremo, que anuló un apartado del plan de gestión para los centros docentes que la Generalitat aprobó en julio de 2022 y por el que fijaba: "La rotulación de los espacios del centro es en lengua catalana; en occitano, en Arán, y en la lengua de signos catalana si corresponde, que son las lenguas de referencia del sistema educativo. La presencia de otras lenguas en el espacio físico del centro (paredes, rótulos, etc.) se circunscribe a las producciones de los alumnos y de las alumnas".
Atendiendo a un recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, el Supremo determinó que la enseñanza no puede circunscribirse a lo que se transmite en las aulas, ni a los libros de texto y otros materiales docentes, y que el espacio físico en que se desenvuelve la actividad educativa no puede calificarse como algo completamente separado y ajeno a ésta, argumento que alegó la Generalitat.
"La configuración de las instalaciones de los centros docentes son efectivamente el escenario o el paisaje de la actividad educativa y, por consiguiente, forman parte de la misma. Tal vez no la parte más importante; pero sí una parte relevante, que no debe ser desdeñada", señala la sentencia del Supremo sobre el idioma de los rótulos y carteles de las escuelas e institutos, para destacar la necesidad de que estos también respondan a la realidad lingüística de la región, en la que, según la Constitución, castellano y catalán deben coexistir en igualdad de condiciones. "No es lo mismo a efectos de la visión de las cosas que se transmite a los alumnos, un espacio físico donde señales y carteles están solo en una o en las dos lenguas de la correspondiente Comunidad Autónoma", añadía el Supremo.
Asimismo, el fallo subraya que "el castellano es lengua oficial en toda España, lo que significa -entre otras cosas- que es lengua que no puede ser excluida en las comunicaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos". "Pues bien", añade, "los carteles y señales que permiten orientarse en edificios pertenecientes a la Administración -como son, sin duda alguna, las escuelas y los institutos de titularidad pública- constituyen un modo de comunicarse con los particulares que acceden a ellos. De aquí que no quepa afirmar que sean ajenos al régimen de cooficialidad lingüística". "Ello significa que excluir el uso del castellano a estos efectos no resulta respetuoso del art. 3 de la Constitución, por no mencionar que puede introducir una diferencia de trato injustificada en materia lingüística a efectos del art. 14 de la propia carta constitucional", concluye.
Con esta última afirmación, el Supremo da a entender que esa marginación tampoco debe producirse en las dependencias de cualquier otro organismo público, aunque no tenga nada que ver con el ámbito educativo. Pero ese arrinconamiento sigue realizándose en base al "Manual de señalización de espacios interiores" de la Generalitat.
AI outlook — possibilities, not facts
El Tribunal Supremo podría imponer medidas coercitivas si la Generalitat no cumple con la sentencia en un plazo razonable.
Possible · Within months

King Felipe and Queen Letizia will make a State Trip to Finland from October 5 to 7, marked by geopolitical tension, security in the Arctic, visits to military bases and the reinforcement of economic and commercial ties.

Junts spokesperson in Congress, Miriam Nogueras, assures that the PSOE is studying her party's proposals on the housing decree, which include tax credits and measures for small holders.

Maricarmen, terminally ill in Madrid at the age of 87, reappears on video from the Gregorio Marañón hospital. The Government Delegation will investigate the police action in the eviction, while the ministers of Sumar and PSOE discuss the housing decree.

Junts and the PSOE are negotiating a royal decree law on housing after the great social impact generated by the eviction of an 87-year-old woman in Madrid. The Executive studies fiscal measures and restrictions on vulture funds.

Junts and the PSOE are negotiating a royal decree law to address the housing crisis after the eviction of Maricarmen Abascal, 87, with proposals that include tax relief, suspension of evictions in vulture fund homes and solutions for people over 65 years of age.

The strategy of flooding the agenda with controversial advertisements used by the Trump Administration has contributed to keeping diesel prices high and inflation above 3%, affecting American and Spanish consumers, while new fronts are being opened, such as the possible veto of diesel exports, which could reduce the supply of hydrocarbons and raise prices even further, according to experts and the oil industry.