El Ministerio de Hacienda ha logrado que el nuevo modelo de financiación autonómica eche a andar, al menos por el momento. La propuesta de reforma ha salido adelante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado este viernes, aunque solo ha contado con los apoyos de Cataluña y Canarias. Todas las demás comunidades han votado en contra, tanto las del PP, partido que gobierna en la mayoría de los territorios, como las socialistas, Asturias y Castilla-La Mancha. Más allá del rechazo generalizado, han acudido a la cita todos los representantes del Partido Popular pese a la petición lanzada sorpresivamente un día antes por la consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, que anunció que no iría al encuentro y propuso a sus homólogos que se sumaran al boicot con la esperanza de un plante masivo que obligara a Hacienda a desconvocar la cita. Sin embargo, nadie ha secundado la iniciativa, dejando al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso solo en su desplante.
El nuevo modelo ha salido adelante porque el Gobierno, que cuenta con el 50% de los votos, solo necesitaba el apoyo de una comunidad. El titular de Hacienda, Arcadi España, ha celebrado el resultado tras recordar en rueda de prensa que hacía 17 años que no se ponía sobre la mesa una reforma del sistema. También ha insistido en que se ha conseguido poner de acuerdo a dos comunidades como Cataluña y Canarias, de diferente color político. Esa voluntad de diálogo es la que el Ejecutivo quiere explotar en el trámite parlamentario que arrancará en las próximas semanas, una vez que Hacienda lleve el texto al Consejo de Ministros.
En el Congreso, ha recordado el ministro, los grupos políticos podrán debatir el texto, así como ampliarlo y mejorarlo a través de enmiendas. “El Gobierno de España ni debe ni puede imponer un modelo; es el Congreso el que debe tener la última palabra”, ha explicado. “Lo que hemos hecho es presentar una propuesta, que es lo que nos pidieron las autonomías”. España también ha reprochado a algunos territorios sus posiciones de máximos, que “hacen imposible cualquier negociación”. Y ha asegurado que el PP no tiene una propuesta de sistema, algo que a su juicio ha quedado demostrado tras el “órdago” que ha lanzado Madrid al resto de las comunidades.
Pese a que el llamamiento al boicot no ha tenido éxito, ningún consejero del PP ha criticado abiertamente la decisión de Madrid a su llegada a la reunión del CPFF esta mañana, que en general ha sido enmarcada en el ámbito de la autonomía decisional. El valenciano José Antonio Rovira ha sido el único en expresar públicamente cierto malestar. “No tiene ningún tipo de utilidad”, ha afirmado a primera hora de la mañana, antes de entrar al ministerio para acudir a la reunión.
“Respetamos la postura de las comunidades”, ha matizado Carolina España, su homóloga andaluza, también del PP. “Es un no alto y claro a un sistema de financiación injusto”. El conselleiro gallego, Miguel Corgos, también ha evitado polemizar. “Su posición es muy parecida a la nuestra”, ha afirmado en referencia al rechazo del Ejecutivo de Díaz Ayuso a la nueva financiación autonómica diseñada por el Gobierno. “Lo que pasa es que la manifiesta de otra manera”.
El sentir de las comunidades del PP lo ha trasladado al final de la cita la propia consejera andaluza, que ha hablado a modo de portavoz: “El Gobierno ha recibido un no rotundo, porque hemos votado en contra el 90% de las comunidades”. Por eso, “esperamos que en el Congreso no encuentren los votos necesarios para aprobar la reforma”, ha dicho la política andaluza.
La dirección del PP a nivel nacional se ha sumado al argumento lanzado por la mayoría de sus comunidades para justificar la ausencia del Ejecutivo de Díaz Ayuso. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha explicado este viernes en una entrevista en RNE que desconocía la postura de Madrid de no acudir al encuentro, pero ha pedido “respetar” una decisión que se enmarca exclusivamente en el ámbito de sus responsabilidades y competencias. Génova insiste en que lo importante no es el intento de boicot por parte de Madrid y el descuelgue del resto de territorios del PP, sino el rechazo generalizado de las comunidades a un nuevo modelo que, según Muñoz, se ha diseñado “al margen de toda España”.
Aunque esta ha sido la tónica generalizada, hay quien reconoce en privado que el gesto de Madrid ha generado malestar y se ha visto como un movimiento “desleal”. Algunas fuentes autonómicas han especulado que la jugada hasta puede ser contraproducente para la región capitalina, en un momento en el cual el foco mediático está puesto en la crisis migratoria de Ceuta. De hecho, la consejera ceutí, Kissy Chandiramani, ha comparecido tras la reunión, arropada por los representantes del PP, para pedir medidas urgentes que permitan a la ciudad autónoma “volver a la normalidad” y blindar la “frontera sur de España y Europa”.
No es la primera vez que las decisiones unilaterales del Gobierno madrileño molestan al resto de barones regionales. La comunidad liderada por Díaz Ayuso tampoco ha comunicado oficialmente su ausencia al Ministerio de Hacienda, por lo que ha aparecido en la reunión una silla vacía con su bandera. En cambio, ha enviado un vídeo a la prensa en el cual la consejera Rocío Albert reitera los motivos de su desplante: que la reforma del sistema se ha acordado de forma bilateral entre el PSOE y ERC “a espaldas de las demás comunidades”.
“Ninguna región ha podido tocar una coma del modelo Junqueras”, lamenta Albert, “que atenta contra la igualdad de todos los españoles”. La consejera critica además la opacidad del ministerio acerca del esquema y lamenta que tanto el reparto de recursos propuesto como “la ansiada armonización” que promueve “por la puerta de atrás” perjudican a Madrid. “La Comunidad de Madrid exige una reforma del sistema de financiación que se debata de forma multilateral, con transparencia, con luz y taquígrafos. Una reforma que beneficie a todos los españoles y no solo a Sánchez y al independentismo”, zanja en el vídeo.
Madrid invitaba a las demás comunidades a que se sumaran al desplante para impedir que se alcanzara el quórum necesario para que la reunión tuviera validez. La normativa establece que, para poder constituir el consejo, es necesaria la asistencia de al menos la mitad de los miembros. Un veto masivo del principal partido de la oposición, que gobierna la inmensa mayoría de las autonomías, habría suspendido el encuentro.
