Begoña Gómez pide su absolución y defiende que no se benefició de su cargo como esposa del presidente

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha presentado este viernes un nuevo escrito de defensa —firmado por su nuevo abogado— en el que pide una vez más su absolución en la causa contra ella por, supuestamente, haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para impulsar su carrera. Gómez, que afronta una petición de cárcel de 13 años por tráfico de influencias y malversación en el marco de la cátedra extraordinaria que promovió y codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), argumenta en el escrito que ni se aprovechó de ser la mujer de Pedro Sánchez para influir en los cargos de la universidad, en autoridad o funcionario alguno para conseguir la creación de la cátedra, ni obtuvo beneficio de ella.

La acusación popular liderada por HazteOír basa su petición de cárcel en tres supuestos actos delictivos: el tráfico de influencias para conseguir no solo que se creara la cátedra, sino codirigirla —por el que solicita una condena de dos años—; la malversación de fondos públicos en usar a su asistenta en La Moncloa para cuestiones profesionales —tres años— y la supuesta apropiación de un software desarrollado dentro de la cátedra —otros ocho—, canalizada a través del registro a su nombre de la web y de una marca.

Para defenderse de la primera de las acusaciones, el nuevo letrado de la esposa del presidente del Gobierno, el penalista Jaime Campaner, hace un repaso pormenorizado de la carrera profesional de Gómez antes de que se constituyese la cátedra, y hace especial hincapié en que trabajó en la UCM “mucho antes de que su marido accediera a la presidencia del Gobierno” y en que su participación y nombramiento como codirectora se produjeron dentro de la norma.

El letrado defiende en este sentido las reuniones que tuvo con autoridades de la universidad o empresarios —que la acusación considera pruebas del tráfico de influencias— como la que mantuvo en 2020 con el rector de la UCM, Joaquín Goyache, que se produjo en La Moncloa, un hecho especialmente relevante para HazteOir, pero también para el instructor del caso, el polémico Juan Carlos Peinado. La defensa aduce que, si el encuentro se produjo allí, en la residencia de Gómez, fue porque el lugar inicialmente señalado estaba cerrado por la pandemia. Allí surgió la idea de la cátedra, afirma.

La “apropiación” del ‘software’

Sobre el hecho de que la propia Gómez registrase a su nombre la marca del software, su abogado sostiene que el registro con su correo se produjo “con el único fin de dar a la plataforma una identidad inicial hasta que el proyecto estuviera terminado y pudiera estar registrado a nombre de la UCM”. En este sentido, insiste el letrado, Gómez lo registró con su correo de la universidad e indicó expresamente que formaba parte de la cátedra.

A renglón seguido, el escrito aborda otra de las tesis de la acusación: que la esposa del presidente del Gobierno quiso apropiarse del dominio web de la cátedra. Desde la universidad, afirma la defensa, informaron a Gómez y sus colaboradoras que ellos no podían inscribir el dominio, “en la medida en que la UCM nunca había registrado” uno, y que tenían que hacerlo ellas. Así lo hizo Blanca de Juan, coordinadora de la cátedra, en septiembre de 2022. En julio de 2023, tras cesar de su cargo, transfirió los dominios a la esposa del presidente del Gobierno, que estuvo pagando su mantenimiento. “La actuación de Begoña fue funcional y provisional, con ánimo de impedir que terceras personas pudieran hacerse con el dominio y utilizarlo hasta que el proyecto estuviera finalizado y pudiera registrarse a nombre de la UCM”, concluye el letrado.

“Begoña en ningún momento actuó con ánimo de enriquecerse y no se apropió de la plataforma tecnológica (primera tesis de la acusación popular) ni la destinó a usos privados sin ánimo de apropiársela (segunda tesis de la acusación popular)”, recalca el escrito. Y añade: “La UCM no sufrió perjuicio patrimonial alguno. Los gastos relacionados con el desarrollo de la plataforma se financiaron con las aportaciones realizadas por las entidades colaboradoras, según lo acordado en la cláusula sexta del convenio”. Además, insiste el letrado, la universidad, tras el cese “abrupto” de la cátedra, se quedó con un remanente de 29.685 euros.

Además, el letrado defiende que la asistente de Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez —también imputada—, la ayudase puntualmente en sus gestiones profesionales. En el escrito, de unas 50 páginas, Campaner subraya en primer lugar que el ámbito de las tareas de los asistentes no está delimitado: “Desde la llegada de la democracia (hace ya más de 50 años) ha sido costumbre que las cónyuges del presidente necesariamente cuenten con personal de apoyo de carácter eventual”, remacha. Sus funciones, aunque no tasadas, incluyen el “apoyo en todas las actividades que han sido tradicionalmente realizadas por la cónyuge del presidente, tanto de carácter institucional como de naturaleza privada o profesional”, subraya la defensa de la esposa del presidente del Gobierno.

Para sostener su argumento, el abogado va más allá y aporta como evidencia Mis ocho años en La Moncloa (2004), las memorias de Ana Botella, exalcaldesa de Madrid y esposa del expresidente José María Aznar, donde esta relataba cómo su asistente “le acompañaba en su día a día, tanto en actividades institucionales como estrictamente privadas (por ejemplo, participó en los preparativos de la boda de su hija, la acompañó a desfiles de moda y recorrió con ella el Camino de Santiago)”. E, incluso, fotografías del que fue asistente de la esposa de Mariano Rajoy, Jaime de los Santos (ahora en la ejecutiva popular), portando bolsas de una tienda.