El pésimo precedente de la izquierda en la cámara que controla muchos poderes

El Senado, la Cámara Alta que, de acuerdo con la Constitución, pone voz junto al Congreso a la soberanía nacional y ha sido objeto de menosprecio y ninguneo del Gobierno en esta legislatura por considerarla territorio hostil dominado por el PP, se convierte ahora en objeto deseo para los socialistas conscientes de que desde ella se puede ejercer un poder de contrapeso muy relevante si se está en la oposición y prácticamente definitivo si, además, se tiene el Gobierno.

Es esta la razón por la que desde el PSOE se estudia, con la vista puesta en las urnas del 29 de noviembre, la posibilidad de presentarse al Senado en lista conjunta con otras formaciones de izquierda, presumiblemente las que pasen a integrar el llamado Frente Amplio, es decir, Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Comunes y Más Madrid. Sería, en teoría, una fórmula para tratar de optimizar los resultados especialmente en aquellas provincias en las que los partidos minoritarios de izquierda tienen pocas posibilidades de hacerse con alguno de los cuatro senadores que elige cada una de ellas y aglutinar sus votos en nombres del PSOE.

Los socialistas, bajo el liderazgo de Joaquín Almunia en el año 2000, ya suscribieron un acuerdo para presentarse al Senado en lista conjunta con Izquierda Unida en 27 provincias. El resultado de las urnas finalmente otorgó mayoría absoluta al PP y fue un fiasco rotundo para IU que no logró sentar en la Cámara a ninguno de sus candidatos. De aquel pacto quedaron excluidas Galicia, Canarias, Cantabria, Andalucía, Cataluña y Extremadura, estas tres últimas porque en aquella época eran bastiones del PSOE y se daba por hecho que el PP no lograría más senadores que ellos. Esto ahora es muy diferente porque en las últimas elecciones el poder en dos de estos territorios -Andalucía y Extremadura- está controlado por la derecha.

A ello hay que añadir una circunstacia no menor: en el Senado, un total de 58 escaños son designados por los Parlamentos Autonómicos. No quiere decir esto que el partido que tenga el poder en una comunidad pueda elegir a todos los senadores previstos por designación, pero sí que, en proporción a su fuerza representativa, se adjudica la mayoría. Al final de este mandato, y esto se mantendrá así con vistas al 29-N, el PP añadía a sus senadores electos (119 en 2023) otros 23 de designación autonómica y Vox cinco, en este caso designados en función de la fuerza que ha conseguido en distintas CCAA.

Ahora que las urnas ya tienen fecha, el PSOE estudia como maniobrar para intentar arrebatar al PP el dominio de la Cámara Alta que, a lo largo de toda la legislatura y pese al ostracismo al que ha tratado de someterla Sánchez, ha sido una auténtica china en el zapato del Gobierno.

Sus poderes, aún siendo menos que los del Congreso, no son desdeñables. Más allá de retrasar, mediante la introducción de enmiendas o la imposición de vetos, los proyectos de ley del Gobierno -incluido el de Presupuestos- o las proposiciones de sus grupos parlamentarios, el Senado tiene iniciativa legislativa, facultad de control al Gobierno y competencia para crear comisiones de investigación.

Además, la Constitución le otorga, en su calidad de cámara de representación territorial, la potestad exclusiva de aprobar la aplicación del artículo 155 de la Constitución (en virtud del cual el Gobierno puede forzar a una comunidad al cumplimiento de sus obligaciones, asumiendo todas o alguna de sus competencias).

Igualmente, nombra a cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, que han de recibir el respaldo de una mayoría cualificada de tres quintos de los senadores. También, y por la misma mayoría, elige a diez de los 20 vocales del Consejo del Poder Judicial: seis de entre jueces y magistrados de carrera en activo y cuatro entre juristas de prestigio con más de 15 años de servicio.

A ello añade, la elección de seis consejeros del Tribunal de Cuentas; cuatro del Consejo de Administración de RTVE y uno del Consejo Consultivo de la Agencia de Protección de Datos. También nombra conjuntamente con el Congreso al Defensor del Pueblo.

El pronunciamiento del Senado es imprescindible además para la reforma de la Constitución que exige mayorías reforzadas en las dos cámaras. Si se trata de una reforma simple, el rechazo del Senado podría acabar siendo levantado por el Congreso, pero no sucede lo mismo en las reformas agravadas: las del título preliminar, los derechos fundamentales o la Corona. En estos casos, es necesario que ambas Cámaras la aprueben con mayoría de dos tercios. Tras ello, se produce la disolución de las Cortes, la convocatoria de elecciones y la ratificación del texto por las nuevas cámaras. A continuación, se somete a referéndum. Si el Senado no diera el visto bueno, la propuesta decaería de inmediato. Ambas cámaras tienen poder de veto.