El pleno extraordinario de este viernes en el Congreso para convalidar los dos decretos ley en materia de vivienda debía ser un momento crucial para la legislatura y para la sociedad española. El caso de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desalojada de su casa de toda la vida por una orden judicial, ha catalizado el desencanto con una clase política que hasta ahora se ha mostrado incapaz de afrontar un problema existencial como este. Si Junts, como apuntó la noche de este jueves, hace naufragar la iniciativa, se habrá desaprovechado la oportunidad para, por fin, empezar a dar respuestas al justificado hartazgo.
La encuesta de 40dB. que este viernes publican EL PAÍS y la cadena SER revela el alcance de la crisis. La dificultad para acceder a una casa es el segundo motivo de inquietud para la ciudadanía, solo por detrás de la inflación y el coste de la vida. La preocupación es transversal entre electorados, sin importar la inclinación ideológica, y similar entre todas las generaciones, de jóvenes a mayores. Y la situación, lejos de mejorar, empeora: el 80% de los encuestados encuentra hoy más difícil conseguir una vivienda que hace cinco años.
Las movilizaciones tras el desahucio de Maricarmen Abascal han sido la espoleta para articular un consenso entre partidos que había resultado imposible a lo largo de este año. La moratoria antidesahucios decayó en febrero por los votos del PP, Vox, Junts y PNV, los mismos que volvieron a frenar en abril la prórroga de los alquileres y el tope a su actualización. El Gobierno decidió no presentar en julio un nuevo paquete de medidas para evitar otra previsible derrota parlamentaria. Pero el trabajo hecho entonces le ha permitido actuar con rapidez cuando ha estallado la indignación y la presión social ha impedido más dilaciones.
Para aprovechar este impulso, se desgajó del decreto principal, el que cuenta con más posibilidades de recoger un apoyo más amplio, la parte relacionada con la prórroga automática de los contratos de alquiler, que tenía menos opciones para obtener la convalidación en el pleno. Era uno de los puntos controvertidos. Si esta parte decaía, siempre se podrá tramitar como proyecto de ley, lo que permite incluir enmiendas para mejorar el equilibrio entre la necesaria protección al inquilino y la seguridad jurídica para quien pone una vivienda en alquiler. Si el rechazo de Junts arruina definitivamente los decretos, significaría un regreso a la casilla de salida, y la legislatura, ya en sus meses finales, quedaría tocada.
Es la hora de la política. Porque la crisis de la vivienda, que es social, también es política y no puede haber otra respuesta que no consista en la deliberación, la formación de mayorías más allá de barreras ideológicas y el voto parlamentario. El desahucio de Maricarmen, el 23 de septiembre, tocó algo profundo en este país. Fue el símbolo de que algo se está quebrando desde hace tiempo en el contrato social: la angustiosa realidad, para muchos jóvenes, pero también para asalariados y jubilados, para quienes el alquiler está fuera de sus opciones y la propiedad resulta un fin inalcanzable.
Y por eso era una buena noticia que el Parlamento intentase de una vez responder al malestar. Aunque hubiese sido de manera apresurada y tras años de inacción. Y aunque las medidas en discusión fuesen solo un primer paso ante un desafío colosal que no exige menos, sino más política y más consensos. Más democracia. Lo que es inaceptable es que en una situación de emergencia se vuelva a las divisiones y la parálisis de siempre. Todavía hay tiempo para negociar. Nunca es tarde.
