Escribía ayer en estas páginas Joaquín Vera, los imprescindibles ojos de La Vanguardia en Ceuta, que los vecinos definen su ciudad como un polvorín a punto de estallar. También se suceden, más allá de lo que pueden confirmar y contar los periodistas, los múltiples testimonios directos en las redes de los propios ceutíes, insistiendo en la situación de hacinamiento, insalubridad e inseguridad que padecen en sus calles. En paralelo, se ha informado también del colapso de la ciudad en el ámbito de la justicia por el incremento de denuncias referidas a todo tipo de delitos –contra la propiedad, agresiones...– que vienen produciéndose desde la invasión del 30 y 31 de julio. Así las cosas, ya se ve que el término polvorín es acertado, pues refiere a algo tangible, aunque solo los que allí habitan o están desplazados puedan dar fe con conocimiento de causa. Los demás, desde la Península, vemos los toros desde la barrera.
Ese polvorín es sin duda el más acuciante y urgente. Solo que a corto plazo es irresoluble para un Gobierno que ni siquiera puede ofrecer garantías de las cifras de inmigrantes –adultos y menores– que han quedado atrapados en Ceuta. Anunciar espacios seguros y dignos para todos ellos cuesta tan poco como ponerlo en boca de un ministro cualquiera. Hacerlos exige tiempo y una capacidad de movilización de recursos que se echa de menos.
Por otro lado, la repatriación total que se ha prometido es, a todas luces, imposible. Y en el caso de los menores, las garantías jurídicas impedirán la devolución de la mayoría por mucho que el discurso gubernamental haya cambiado cuando no girado como un calcetín al respecto. Así que tarde o temprano, para que algo de normalidad regrese a Ceuta, si es que lo hace, será inevitable el traslado y reparto por la Península de adultos y menores.
Solo que del Estrecho a esta parte la situación también se asemeja a la de un polvorín. Más político y declarativo que factual, pero polvorín al fin y al cabo. Con la mayor parte del poder territorial en manos de la derecha y las elecciones generales y municipales a vista ya de catalejo, la llegada de inmigrantes apostados en Ceuta a la Península, con independencia de su edad y sumada a la regularización extraordinaria en curso, agrandará la vía de agua en la quilla de la nave socialista. Ni siquiera Catalunya, en manos del PSC, está en condiciones de ayudar al Ejecutivo central en este asunto, salvo que el propio Govern de la Generalitat pretenda perjudicarse a sí mismo.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez, según el certero análisis también de ayer de Lola García, pretende equilibrios imposibles con sus decisiones sobre Ceuta. No molestar a Marruecos, no inflamar más de la cuenta la ciudad autónoma, no dar excusas a la UE para aislar a España y, lo más importante, no perder del todo el favor de la opinión pública nacional. Un plato con demasiados ingredientes que a la fuerza ha de indigestársele al Gobierno, haciéndolo rehén –más pronto que tarde– de sus promesas incumplibles en la resolución de la crisis y abocándolo de lleno a múltiples contradicciones y rectificaciones. Esto último es el peor de los males en aras de mantener algo de credibilidad en cuestión tan peliaguda como la inmigración.
