El PP llevará al Senado la reprobación de cinco ministros por su gestión en Ceuta y planteará un conflicto de atribuciones

El Partido Popular ha anunciado este domingo que llevará al próximo pleno del Senado el miércoles 8 de septiembre las reprobaciones de cinco ministros ―el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la de Defensa, Margarita Robles, el de Exteriores, José Manuel Albares, la de Sanidad, Mónica García, y la de Igualdad, Ana Redondo― por su gestión en Ceuta. El partido de Alberto Núñez-Feijóo, además, planteará un nuevo conflicto de atribuciones por “las repetidas ausencias del Gobierno en el Senado”, lo que supone el primer paso para elevar este conflicto al Tribunal Constitucional.

La portavoz del PP en la Cámara alta, Alicia García, ha afirmado en una nota de prensa distribuida este domingo que “las sillas vacías de los ministros no pueden quedar impunes” y que seguirán “llevando a los tribunales la decisión del Gobierno de esconderse del Senado y de huir de los españoles”. Este conflicto de atribuciones supone plantear una suerte de choque entre órganos constitucionales del Estado que, de no resolverse en el plazo de un mes, terminará en el tribunal que dirige Cándido Conde-Pumpido.

García define como una “auténtica vergüenza” la “incompetencia” de Marlaska, Albares y Robles que, según dice, prefirieron “escaparse” del Senado para dar sus explicaciones en el Congreso, la cámara que, según señala, “les conviene, en la fecha que les conviene y en las condiciones que les convienen”. Durante el mes de agosto, el PP había citado a los responsables de Interior, Exteriores y Defensa en el marco de lo que estaba ocurriendo en Ceuta, pero estos decidieron comparecer en el Congreso donde explicaron cómo había sido su gestión.

La formación de Feijóo ya recurrió al Tribunal Supremo solicitando como medida cautelar que se ordenara al Gobierno que en un plazo máximo de 24 horas asegurara que los ministros comparecieran. Pero la Sala de vacaciones del alto tribunal denegó esta petición al no justificarse “suficientemente que el control parlamentario que los recurrentes” ligaban al “ejercicio efectivo” de su labor como senadores y que está recogido en el artículo 23 de la Constitución, debiera “necesariamente producirse, para ser eficaz, dentro del periodo extraordinario del mes de agosto”.

El partido se agarra ahora al artículo 110.1 de la carta magna que permite a ambas cámaras reclamar la presencia de los miembros del Gobierno, además del artículo 66.2 del Reglamento del Senado que establece que los miembros del Ejecutivo están obligados a comparecer. No es una invitación. No es una cortesía institucional. Es una obligación constitucional y parlamentaria”, ha remarcado la portavoz. “El Gobierno no puede elegir unilateralmente qué Cámara le controla, cuándo comparece ni en qué condiciones lo hace. Quien está sometido al control parlamentario no puede escoger quién le controla”, remacha.