El recibo de la luz de agosto alcanza su precio más alto en cuatro años

El recibo de la luz de agosto será el más caro en los últimos cuatro años para los consumidores cuya factura está referenciada a la tarifa regulada de la luz, conocida como PVPC. Según el análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción, el recibo de la luz del usuario medio con esta tarifa se ha situado en los 96,65 euros el mes que finaliza hoy, esto supone un crecimiento del 19,8% respecto a los 80,71 euros que se pagaron hace justo un año. Y hay que remontarse a octubre de 2022 para encontrar una factura más alta, cuando alcanzó los 103,34 euros.

En los últimos años, la factura del usuario medio —un cliente con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales— del mes de agosto ha sido de 96,65 euros en 2026, 80,71 euros en 2025, 78,21 euros en 2024, 73,21 euros en 2023 y 158,30 euros en 2022.

En cuanto a la evolución mensual, la subida con respecto a julio —que había sido hasta entonces el mes más caro del año— ha sido del 3,2%. Se situó entonces en los 93,65 euros.

El precio medio del kWh de energía consumida en agosto ha estado en 26,89 céntimos en horario punta, 18,68 céntimos en el llano y 21,76 céntimos en el valle. Así, el precio de la energía ha subido con respecto a agosto de 2025 un 10,4% en punta, un 17,9% en llano y un 39,8% en valle.

Son diversos los motivos que engordan la factura de la luz, como la escalada del precio del gas o la operación reforzada que todavía mantiene Red Eléctrica para garantizar el suministro y evitar apagones, pero desde Facua también se apunta a la potencia contratada que tienen contratada los consumidores y que en muchos casos supera lo necesario. “Los consumidores domésticos pagan a las eléctricas cerca de mil millones de euros de más cada año por el exceso de kilovatios que figuran en sus contratos” afirma desde la organización tras constatar que el usuario medio utilizado tiene una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) —la misma en horario punta y valle— y un consumo de 366 kWh mensuales.

“Es un perfil elaborado tras el análisis de varias decenas de miles de facturas de viviendas habitadas. En cuanto a los porcentajes de consumo en los tres tramos horarios del nuevo sistema de facturación, la asociación ha tomado como referencia el perfil de usuario medio tradicional sin discriminación horaria publicado en 2021 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que consume el 45% de la electricidad en el horario valle, el 29% en el horario punta y el 26% en el horario llano.

De lunes a viernes, el horario punta se aplica de 10 a 14 horas y de 18 a 22 horas, el llano, de 14 a 18 horas y de 22 a 00 horas, y el valle de 00 a 8 horas. Sábados, domingos y festivos nacionales se aplica las 24 horas el horario valle.

Ante esta situación, Facua reclama al Gobierno un cambio regulatorio para convertir en estable y permanente un tipo de IVA reducido para la luz. Se trata de una de las reivindicaciones históricas de la asociación, que considera injusto para los usuarios domésticos que se les repercuta el IVA más elevado a un suministro esencial y básico como es el de la electricidad.

Así, es fundamental la consolidación de un impuesto reducido para no afectar aún más la castigada economía de los hogares medios que reduzcan el desproporcionado margen de beneficio de las energéticas. La asociación también lleva años pidiendo que las energías nuclear e hidroeléctrica salgan de la subasta marginalista diaria y sean sometidas a precios fijos fijados por el Gobierno a largo plazo. De esta forma se evitarían los denominados beneficios caídos del cielo de estas tecnologías gracias al diseño que desde hace décadas tiene el sistema marginalista, donde el precio de mercado lo determina la oferta más cara que permite satisfacer la demanda cada hora.

“La bajada de recaudación para las arcas puede ser perfectamente compensada con un aumento en los impuestos directos que afecte a quienes más ganan —las grandes empresas—, de manera que no afecte a la financiación de otras cuestiones esenciales como sanidad o educación”, aseguran desde la asociación.

Pero, además, también insta al Ministerio para la Transición Ecológica a que lleve a cabo de una vez actuaciones encaminadas a potenciar que los usuarios soliciten los descuentos del bono social. Año tras año, las cifras constatan que la gran mayoría de sus beneficiarios potenciales no lo solicitan. No lo hacen porque desconocen su existencia y características o debido a que creen que no tienen derecho a recibirlo. A día de hoy, el Gobierno continúa sin emprender campañas de publicidad institucional potentes sobre estos descuentos.